Cocaína adulterada: un año después no hay detenidos por las 24 muertes y la investigación mantiene en la mira a un histórico capo narco

Hace un año murieron 24 personas y casi 100 fueron internadas después de haber consumido cocaína adulterada con carfentanilo, un alcaloide sintético que cuenta con una potencia 10.000 veces mayor a la morfina y de 30 a 50 veces mayor al fentanilo, según sostuvo la Justicia. Esa droga fue comercializada en búnker de Puerta 8, un asentamiento de Tres de Febrero, y en puntos de ventas de las villas 18 y el Gaucho, en San Martín. Doce meses después, no hay detenidos como responsables de los homicidios. Las sospechas están dirigidas a la organización liderada por Miguel Ángel Villalba, un histórico capo narco conocido en la zona como Mameluco, y su hijo Iván Villalba, alias Salvaje.

“El producido de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo en los autos autoriza a conjeturar que, previo a su introducción en el mercado, con las consabidas consecuencias lesivas, algunos miembros de la organización coliderada por Iván y Miguel Villalba conocerían los efectos de la novedosa composición de alcaloides debido a que fue testeada en dos personas del entorno que resultaron hospitalizadas”, sostuvieron los jueces Alberto Lugones, Marcos Morán y Néstor Barral, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, en una resolución del 25 de octubre pasado.

En el citado fallo, los camaristas dictaron la falta de mérito para cuatro sospechosos que había sido procesados con prisión preventiva por los delitos de homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso -reiterado en 11 hechos- y homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso, en grado de tentativa –reiterado en 20 casos-.

“La argumentada vinculación de los justiciables con el búnker y el lugar de guarda de los alcaloides, más la actividad delictual desplegada, desde la perspectiva del dominio funcional del hecho, como miembros de una organización, con los alcances dados en la intimación que se les dirigiera, no son condición suficiente para la producción de los resultados penalmente relevantes [homicidios consumados y tentados-] debido a que no se han demostrado los aportes de los justiciables a los mismos”, sostuvieron los jueces del tribunal de alzada en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

El procesamiento había sido firmado por el juez de Garantías de San Martín Martín Mariano Gramático Mazzari, quien avaló la investigación realizada por el fiscal Germán Martínez, que luego de escuchar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas ordenó los allanamientos en los búnkeres donde habían comprado la droga envenenada.

A un quinto sospechoso que había sido procesado se le suspendió el proceso en su contra porque un informe del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación determinó que “presenta un cuadro compatible con discapacidad intelectual moderada, asociada a un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas” y otro examen del Cuerpo Médico Forense sostuvo que “sus facultades mentales no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal”.

“La falta de mérito de los sospechosos fue dictada por su presunta vinculación por las muertes provocadas por la cocaína adulterada, pero siguen detenidos por la comercialización de estupefacientes”, sostuvo a LA NACION una fuente judicial.

El 18 de febrero del año pasado, Grammático Mazzari declinó, como lo había solicitado el fiscal Martínez, la competencia en favor del Juzgado Federal de Tres de Febrero en la causa donde se investigan las 24 muertes por consumir la cocaína mezclada con carfentanilo.

“Si bien las cuestiones formales sobran para declinar la competencia de esta sede en favor de la Justicia Federal, aquí hay más cuestiones que exceden el marco netamente jurídico y deben ser analizadas por el fuero de excepción con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Tanto es así que por primera vez nos encontramos en las calles con un opioide extremadamente poco común, de altísimo precio y de uso prohibido en el país”, había explicado el magistrado en la resolución.

Pero finalmente, la causa donde se investigan las responsabilidades por las muertes por el consumo de esa cocaína recayó en la jueza federal de San Martín Alicia Vence, magistrada que investigaba a la organización narco de Mameluco Villalba.

“En conclusión, encuentro oportuno señalar que los elementos probatorios recolectados permitieron descubrir gradualmente a los miembros de la organización, diferenciar las jerarquías, incluso llegar a determinar e identificar a los directores de ella, todo lo cual generó una hipótesis delictiva que se vio acreditada con el resultado de los procedimientos. De manera tal, que si bien el contenido de las charlas resultan más que evidentes, con los secuestros producidos quedó demostrada la efectiva relación de los diálogos con la coordinación y organización de maniobras violatorias de la ley 23.737 [de estupefacientes]″, sostuvo la jueza Vence en una resolución de marzo del año pasado, fallo que también lleva la firma del secretario penal Hernán Roncaglia. En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc.

La magistrada hizo referencias a los procedimientos hechos el 23 de febrero del año pasado en la villa 18 de Septiembre, el centro neurálgico de la banda liderada por Mameluco y Salvaje, presos en las cárceles de Rawson y Magdalena, respectivamente. Ese día, además de requisar los calabozos donde están alojados padre e hijo, fueron detenidos otros 15 sospechosos, entre ellos Matías Pare y Ruiz, alias Mocho, y mano de derecha de ambos.

Si bien Mameluco y Salvaje no fueron indagados como responsables de las muertes de las personas que se intoxicaron con la cocaína letal, escuchas telefónicas incorporadas en el expediente judicial hacen suponer que fue la banda que ellos presuntamente lideran la que vendió la “droga fea”, tal como definían a la sustancia los integrantes de la organización criminal a los que se interceptaron sus comunicaciones.

“Todas las cagadas que hicieron, tiraron a la cancha lo que no estaba para tirar, hicieron todo cagada”, decía molesto, pero con voz pausada desde el penal de Rawson, Mameluco. Su interlocutor, Matías Pare y Ruiz, apodado Mocho, respondió: “Sacaron la droga fea, la sacaron a vender acá a la mañana”.

Para la Justicia no hay dudas de que Mameluco y Mocho hacían referencia a las dosis de cocaína adulterada que provocaron 24 muertes y casi 100 intoxicados.

Cuando fueron indagados, Mameluco y Salvaje presentaron unos escritos en su defensa donde dijeron ser inocentes. En el texto, además, los Villalba dijeron sentirse perseguidos porque “siempre se los vincula con la droga en la villa 18, a pesar de que están detenidos desde hace mucho tiempo”, afirmó una fuente judicial citada, en su momento, por la agencia de noticias Télam.

“Una vez que las causas por la comercialización de estupefacientes estén elevadas a juicio, se profundizará la investigación por las responsabilidades por las muertes provocadas por la venta de la cocaína adulterada”, sostuvo una fuente judicial. Se refería al expediente donde fueron procesados Mameluco y parte de su banda y al caso de los sospechosos que, en un primer momento, habían sido acusados por los homicidios por “uso de veneno como método insidioso”.