Condenan a exfuncionarios de Alperovich por encubrir el homicidio de Paulina Lebbos

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Después de un largo debate que duró más de un año, y tres horas antes de que se cumplan 13 años del crimen, llegó una nueva sentencia por el encubrimiento del asesinato de Paulina Lebbos, un caso que conmocionó los cimientos del poder político local y cuya onda expansiva persiste hasta hoy.

Anoche, el tribunal integrado por los jueces Rafael Macorito, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez condenó a cinco exfuncionarios del gobierno de José Alperovich por encubrimiento agravado en concurso ideal con falsificación de instrumento público. Se trata del exsecretario de Seguridad Eduardo Di Lella (6 años de cárcel), el exjefe de policía Hugo Sánchez (6 años), el exsubjefe de la fuerza Nicolás Barrera (5 años y seis meses de prisión), el exjefe de la Unidad Regional Norte Héctor Brito (5 años) y el expolicía Hugo Waldino Rodríguez (3 años de prisión en suspenso). También ordenó investigar por el encubrimiento a quien fue hasta ayer al mediodía subjefe de la fuerza, comisario Francisco Picón, quien debió renunciar.

El tribunal, en cambio, absolvió al restante acusado, el electricista Roberto Luis Gómez, que había llegado al debate como presunto partícipe secundario del crimen. Gómez, a la hora de los alegatos, se había autodefinido como "el perejil de esta causa". Había quedado implicado cuando se confirmó que había usado el celular de la víctima desde horas después de su desaparición, el 26 de febrero de 2006, hasta 2011. Los jueces consideraron que, eventualmente, Gómez deberá responder cargos por encubrimiento.

Además, los magistrados remitieron actuaciones a la Justicia de instrucción para que se investigue a una docena de personas que declararon en el juicio por su presunto falso testimonio y, eventualmente, por su responsabilidad en el hecho. Entre ellos sobresale Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, secretario privado de Alperovich y uno de los "hijos del poder" señalados por Alberto Lebbos, padre de la víctima, como uno de los supuestos implicados en el crimen al que la cúpula policial ahora condenada intentó "salvar" con el encubrimiento.

Otros sospechosos que serán investigados por el fiscal Diego López Ávila son César Soto, expareja y padre de la hija de la víctima, y la salteña Virginia Mercado, la chica con la que Paulina estuvo el 26 de febrero de 2006, cuando desapareció a la salida de un boliche. El cuerpo de la víctima, que tenía 23 años, apareció 13 días después a la vera de la ruta provincia 324, en la localidad de Tapia, a 30 kilómetros de esta capital, mutilado y con signos de estrangulamiento.

Sobre Soto pesan los testimonios de testigos que afirmaron que estuvo con la víctima un día antes de que fuera vista por última vez, aunque él lo había negado. También señalaron que nunca lo habían visto preocupado por la desaparición de la joven. Además, la familia de Paulina advirtió que Soto habría ejercido violencia de género sobre la víctima antes del homicidio.

Desde bien arriba

Alberto Lebbos, que desde el homicidio de Paulina participa cada martes de las marchas en la Plaza Independencia por las víctimas de crímenes no resueltos en la provincia, insistirá ahora en la posición que sostiene desde prácticamente el inicio de la investigación: si la policía y parte del gobierno de la época debieron abocarse a un escandaloso encubrimiento del crimen no fue para "salvarle el pellejo a un perejil", sino para beneficiar a encumbrados personajes del poder político local.

La hipótesis sobre la existencia de otros autores del homicidio para quienes se montó una vasta maniobra de encubrimiento cobró volumen durante el juicio, en el que una decena de personas, incluidos varios testigos, terminaron detenidas por falso testimonio.

Lebbos siempre señaló públicamente sus sospechas de que detrás del asesinato de su hija podían estar los hijos de Alperovich y Beatriz Rojkés y el hijo de Alberto Kaleñuk, su secretario privado. "Esta es una asociación ilícita que se conformó con la responsabilidad ideológica del clan Alperovich-Rojkés para proteger a los asesinos de Paulina", señaló ayer, al término de la última audiencia previa a la sentencia.

La causa por el crimen de Paulina Lebbos estuvo paralizada durante siete años, mientras la investigación estuvo en manos del exfiscal Carlos Albaca, quien mantuvo el expediente "cajoneado" y bajo secreto de sumario entre el 20 de abril de 2006 y el 5 de junio de 2013, cuando fue reemplazado por López Ávila. Sin embargo, su actuación en el caso Lebbos le valió a Albaca una investigación penal en su contra y está previsto que este año sea juzgado por el delito de encubrimiento agravado.

Durante el juicio se dio por probado que el cadáver de Paulina fue "plantado" en el lugar donde lo encontraron dos baquianos. También se constató que la escena fue alterada, que las pruebas recolectadas en el lugar fueron mal preservadas y que las actas en las que se informaba del hallazgo del cadáver fueron falsificadas. Por estos hechos ya fueron condenados en 2015 los policías Enrique García y Manuel Yapura.ß

Por Fabián López

• Tucumán

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