Condenan a tres policías cordobeses por someter a torturas a dos adolescentes

En mayo de 2019, la cabo 1° Jacqueline del Valle Chanquía fue condecorada por “labores destacadas” en la policía de Córdoba. Seis meses después, junto con dos policías sometió a tormentos y vejaciones a dos chicos de 15 años a los que habían retenido durante la madrugada en Santa Rosa de Calamuchita. Ahora, un jurado popular la declaró culpable de esas torturas, la condenó a cuatro años de prisión y le aplicó una inhabilitación del doble de tiempo para ejercer el cargo por el que hace tres años había sido premiada.

Además de condenar a la suboficial de 32 años, la Cámara del Crimen del departamento Calamuchita sentenció al sargento ayudante Gustavo Pereyra López (48) y al cabo Miguel Eduardo Chavero (31) a 3 años y 7 meses de prisión, y siete años y dos meses de inhabilitación para ejercer la función pública. Ellos, a diferencia de Chanquía -que insistía en su inocencia- habían admitido su culpabilidad ante los cargos de “privación ilegítima de la libertad, vejaciones, lesiones leves y amenazas” contra las dos víctimas adolescentes.

Los acusados llevan un año y medio presos en el penal de Bouwer, por lo que les restan entre dos años y dos años y medio para purgar por completo la pena.

Los hechos ocurrieron entre las 4 y las 5 del 3 de noviembre de 2019. Esa madrugada, los agentes interceptaron a los dos adolescentes en la costanera de Santa Rosa. Según se ventiló en el debate, “Cocó” Chanquía golpeó a uno de ellos con una cachiporra y los otros dos suboficiales lo amenazaron y lo maniataron. Poco después, los mismos policías encontraron al otro chico solo en un local de comidas, de donde lo sacaron de los pelos y a los empujones.

Según la acusación de la fiscal Paula Bruera, lo trasladaron en el patrullero hasta el balneario playa Soleada. Según consta en el expediente, el menor recibió múltiples patadas en las costillas y el estómago en repetidas ocasiones, incluso cuando yacía en el piso, sin posibilidad de defenderse.

“Tomándolo de los cabellos, lo trasladan hacia la orilla del río, obligándolo a arrodillarse y le mete la cabeza abajo del agua por unos 15 o 20 segundos, repitiendo la acción una vez más, mientras le manifestaba: ‘¿tenés sed?, ya vas a poder respirar…”, dale, dale pendejo, ¿ya te quedas sin aire?”, describió la fiscal en su dictamen.

También lo habrían sometido a un simulacro de fusilamiento, gatillándole con el arma reglamentaria, hasta que bajo amenazas lo dejaron irse.

La madre de este chico, que motorizó la denuncia, afirmó que lo que sufrió su hijo lo padecieron muchos otros jóvenes de la zona a manos de estos mismos policías.

En la última audiencia del debate la Cámara del Crimen también resolvió cursar una recomendación a la Jefatura de Policía de Córdoba para que adopte medidas para mejorar la capacitación de los aspirantes a ingresar en la fuerza. A Chanquía, hace tres años, la había felicitado Gustavo Vélez, el jefe de la policía que fue echado el año pasado bajo el peso insostenible de las muertes de dos adolescentes, en episodios distintos, bajo el fuego de las armas de miembros de la fuerza.

Tras los asesinatos por “gatillo fácil” de Blas Correas, en Córdoba capital, y de Joaquín Paredes, en la pequeña localidad de Paso Viejo, fue designada al frente de la policía de Córdoba, por primera vez en la historia de la provincia, una mujer: la comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti asumió, precisamente, con el compromiso de modificar esas conductas desde la formación de los aspirantes a integrar la fuerza. Para eso adoptaron un nuevo protocolo policial que sigue el modelo canadiense, que incluye una serie de recomendaciones para reforzar el control disciplinario, la detección, el tratamiento preventivo y sancionatorio de irregularidades detectadas en los excesos policiales.

LA NACION

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