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Condenaron a 24 personas que formaban parte de una red que desviaba armas y municiones a Chile
Las penas se acordaron en un juicio abreviado por los delitos de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y drogas
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LA NACIONDaniel Gallo
El contrabando de armas a Chile se abrió camino en los últimos años con una logística de microtráfico de pistolas y municiones instalada en la Argentina. Al menos tres organizaciones delictivas fueron detectadas mientras intentaban hacer circular armamento comprado en nuestro país en forma legal y luego desviado al mercado negro. Cruzar la cordillera parece ser el objetivo central de esos grupos cuyas actividades quedaron al descubierto por fortuitos controles viales, en los que la búsqueda de drogas derivó en el hallazgo de esos materiales. A partir de esos decomisos se abrieron varias investigaciones. Algunas de ellas llegaron en las últimas semanas a resultados que definieron condenas o, al menos, procesamientos.
En un juicio abreviado, 24 imputados aceptaron su responsabilidad en el tráfico de armas y municiones a Chile. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensa y fijó las penas de hasta seis años por los delitos de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes.
Más allá de que los dos supuestos cabecillas de la red lograron por ahora eludir la búsqueda policial, la causa dejó al descubierto una compleja organización delictiva y estableció penas para casi todos los eslabones de esa cadena logística, ya que las sentencias alcanzaron a a las personas a cargo de la organización y coordinación; quienes participaban en el acopio y traslado del armamento; los choferes de los camiones que intervenían en los traslados hacia Chile y personas encargadas de recibir dinero proveniente del país trasandino, según detalló el sitio web de noticias del Ministerio Público Fiscal.
La maniobra implicaba tanto el contrabando de pistolas desde Brasil como la compra de armamento y proyectiles en el mercado legal mediante el uso de permisos de legítimo usuario y su posterior contrabando a Chile, empleándose camiones que en Mendoza cruzaban la frontera con cargamentos declarados de diversas mercaderías y armas ocultas en las cabinas. Para llegar a la provincia cuyana, los traficantes utilizaban hasta ómnibus de larga distancia. La investigación expuso casos de pasajeros detectados con pistolas y balas en su equipaje de mano y de bodega.
Uno de esos secuestros ocurrió en diciembre de 2023. En esa oportunidad, dos chilenos con antecedentes penales en su país fueron detenidos por la Gendarmería cuando viajaban en un ómnibus desde Tucumán hacia Mendoza y se descubrió que llevaban ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores.
Según informaron en ese momento fuentes de la fuerza de seguridad federal, un grupo de gendarmes del Escuadrón Aguilares realizaba un operativo de control en la ruta 38, a la altura de La Invernada, en el sur de Tucumán. Pararon un ómnibus y detectaron que, entre los pasajeros, había dos que llevaban consigo armas de fuego; uno tenía cinco adosadas a su cuerpo y el otro ocultaba otras tres en un bolso de mano con ropas. Ese sistema de replicó en otros casos que fueron detectados por los investigadores.
“De acuerdo con la pesquisa, la organización se sostenía con un flujo de dinero proveniente desde Chile para la adquisición y el traslado de armas. Las transferencias se realizaban principalmente mediante empresas de remesas como Western Union y eran recibidas en Argentina por distintos integrantes, en operaciones simultáneas o sucesivas y por montos variables”, se informó en la mencionada página web del MPF.
Los investigadores establecieron que, además de la compra de armamento mediante testaferros que permitían el desvío desde el circuito legal, la organización delictiva había activado contactos para abastecerse de armas en Brasil.
Durante la pesquisa se obtuvo el secuestro de 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, 32 cargadores, más de 2000 municiones de diferentes calibres, kits con extensores y varios accesorios.
Más allá de las condenas a 24 imputados, otros cinco acusados acordaron procesos de suspensión de juicio a prueba por uno o dos años dependiendo el caso, mientras que cuatro personas fueron sobreseídas al considerarse que el estupefaciente que se les había hallado era para consumo personal.
“El juez Héctor Fabián Cortés, que integró de forma unipersonal el tribunal, homologó los acuerdos de juicio abreviado el 3 de agosto pasado. En el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal federal Federico Baquioni, con la colaboración de la secretaria Carolina Parellada y el prosecretario Martín Salvoni”, indicó el MPF en su sitio web de noticias. Resta definir la situación de un imputado, que alcanzó un acuerdo en juicio abreviado, pero cuyo caso está aún pendiente de la decisión del juez.
La organización delictiva operó, de acuerdo con la acusación, entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Si bien ese grupo fue capturado y condenado, el tráfico de armas y municiones a Chile se extendió más allá de la fecha fijada para definir la acusación contra los implicados en este caso. La existencia de maniobras de similares características a partir de 2024 y la certeza de que siguen prófugos dos ciudadanos chilenos señalados como organizadores de la red de contrabando permiten estimar que sigue activo el canal ilegal de traslado de armas a Chile más allá de las condenas a 24 personas.
Uno de esos episodios de parecidas características se detectó en mayo de 2024, cuando un hombre fue apresado durante un control realizado por efectivos de la Gendarmería en el kilómetro 899 de la ruta 7, en la ciudad de La Paz, en Mendoza. Los uniformados habían detenido la marcha de un ómnibus de larga distancia para inspeccionar la carga y a los pasajeros, en un normal chequeo en rutas.
Al revisar la bodega del colectivo, los efectivos de la Gendarmería hallaron un bolso y una valija que contenían 21 pistolas calibre 9 mm, un revólver, una ametralladora FMK3, 45 cargadores con cartuchos y proyectiles de diferentes calibres y un silenciador.
Tres meses después, otro decomiso de armas se notificó en Mendoza. En ese momento, un hombre que llevaba un arsenal de armas largas y cortas en una camioneta fue detenido por gendarmes que realizaban controles carreteros cerca de Uspallata, camino al cruce del Cristo Redentor que une Mendoza con Chile.
Fuentes de la Gendarmería informaron entonces que efectivos de la patrulla fija “Los Árboles”, que depende del Escuadrón 27 “Uspallata”, habían sido alertados sobre las maniobras imprudentes de una camioneta que circulaba por la ruta nacional N°7 entre Mendoza y San Alberto, ya que realizaba sobrepasos en tramos de doble línea amarilla en la calzada, en clara infracción de las normas viales. Entre el material secuestrado figuraban un rifle calibre .22 con municiones, dos carabinas y 148 municiones calibre .22 LR, una pistola calibre 9mm con 2 cargadores y 27 municiones del mismo calibre, según se informó.
En forma paralela con la estructura criminal que se expuso en el caso de las mencionadas condenas funcionaba otra organización que desviaba armas desde el mercado legal a bandas. En esa investigación se estableció que desaparecieron 742 pistolas y escopetas cuyos supuestos usuarios no tenían en su poder al ser allanadas sus viviendas. El destino del armamento también sería Chile. Así quedó expuesto con la aparición de armas en operativos policiales en ese país.
Por ejemplo, un jubilado que aparece como prestanombre realizó 12 transferencias y 11 adquisiciones de armas, aunque ninguna en su poder; una de ellas, una Bersa TPR9, fue secuestrada en Villarrica, Chile, en un tiroteo del 14 de octubre de 2024. A nombre de otro jubilado figuraba una Bersa Thunder Pro 9mm que fue secuestrada en la investigación de un homicidio en la comarca chilena de San Bernardo ocurrido el 16 de agosto de 2023.
Once miembros de esa organización delictiva que utilizaba testaferros con permisos de legítimos usuarios para desviar armamento y municiones al mercado ilegal quedaron a un paso del juicio tras la acusación realizada por los titulares de la Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, Sebastián Bringas y Santiago Marquevich, respectivamente.
