Condenaron a los hermanos Ale a 10 años de prisión por lavado y asociación ilícita

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale fueron condenados este lunes a 10 años de prisión, al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico, entre otros delitos.

En tanto, María Jesús Rivero, ex esposa de “La Chancha”, otra de las consideradas cabecillas de la organización criminal, deberá cumplir una pena de seis años de cárcel, según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), integrado por los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo José Batule.

Los magistrados también ordenaron un embargo en los bienes de los hermanos Ale por un monto superior a los $ 8 millones cada uno. Es el equivalente al doble de lo que, según la justicia, lavaron fruto de su accionar delictivo.

También recibieron condenas otros 10 miembros del denominado “Clan Ale”: Fabián González y Carlos Ocampo (siete años), Víctor Suárez y César Manca (seis años): Enrique Chanampa, José Lucero y Ernesto Catulo (cuatro años); Valeria Bestán, Julia Esther Picone y María Florencia Cuño (tres años). Por su parte, Oscar Dilascio, Sergio Parrado y el ex policía Hernán Lazarte fueron absueltos.

Por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme.

Los integrantes del “Clan Ale” fueron apuntados por Susana Trimarco como los responsables de la desaparición de su hija, María de los Ángeles “Marita” Verón, ocurrida en 2002. De hecho, fue una denuncia realizada por Trimarco la que desencadenó el proceso judicial que hoy terminó con la condena de los integrantes de la organización criminal.

Tras la lectura del fallo, hubo llantos y gritos por parte de los familiares de los Ale en la sala, que estuvo fuertemente custodiada por personal de Gendarmería Nacional.

Graves acusaciones

El fiscal Pablo Camuña y los representantes de la querella: Gabriel Merola y Martín Orali Ugrotte (de la Unidad de Información Financiera -UIF-) y Mónica Molina (abogada de la AFIP) habían pedido penas de entre 2 y 13 años y multas por más de $ 300 millones contra los imputados. En tanto, los defensores habían pedido que sean absueltos.

“Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década. De esas actividades obtuvo ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos”, había expuesto en su alegato el fiscal Camuña.

Pantallas comerciales

En tanto, Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quien actuó como fiscal general durante el juicio, sostuvo que el gran poderío económico de la organización delictiva liderada por los hermanos Ale “le otorgó la posibilidad de crecimiento en infraestructura y la permanencia en el tiempo”.

Y advirtió que “las actividades delictivas de singular gravedad, como el narcotráfico y la trata de personas, fueron las fuentes generadoras de ganancias para la organización criminal, las que se utilizaron no sólo para acrecentar el patrimonio de sus miembros”.

Según Pérez Barberá, esas actividades ilícitas también les permitieron a los Ale “lograr el sustento y robustecimiento de las actividades comerciales desempeñadas, como es -en el caso de Adolfo Ale- la agricultura, la actividad vinculada con la industria azucarera, la flota de remises de la empresa Cinco Estrellas, la instalación de locales de juego y azar, la adquisición de campos para alquiler y/o siembra, así como la adquisición de diversos bienes -en cabeza propia y de terceros-, que administró en el tiempo, mientras duró su tenencia”.

La voz de los condenados

“El Mono” Ale se quebró al brindar sus últimas palabras ante el tribunal. “Esta causa le ha hecho mucho daño a mi familia. Mis hijas, a partir de octubre, que me detuvieron, no pudieron seguir yendo a estudiaren la facultad. Les pedí muchas veces que fueran menos a visitarme a la cárcel, pero que no falten a la Universidad sigan estudiando. Mi hijo Eduardo Said Ale, que se había recuperado, volvió a caer en las drogas, y mi otro hijo, Juan Facundo, ha comenzado a tener muchos problemas de conducta”, expresó, al borde del llanto.

El menor de los hermanos Ale dijo que no había pruebas en su contra. “Lo único que hice durante toda mi vida fue trabajar, nunca tomé nada de lo que no era mío. Odio la droga, odio la prostitución, nunca robé, nunca tuve ningún tipo de antecedentes de ese tipo. Aquí me acusaron sin ningún elemento de prueba de trata de personas. Nunca cometí esos delitos, nunca le robé a nadie, nunca estafé a nadie; lo único que hice fue trabajar y quiero volver a hacerlo con tranquilidad, porque es lo único que hice en 50 años de mi vida”, alegó.

Por su parte, “La Chancha” Ale, se refirió a las acusaciones que realizó en su contra Susana Trimarco. “Yo lo único que hice fue apoyar la búsqueda de Marita Verón hasta el último momento que su madre me pidió, pero de la noche a la mañana ella cambió y me empezó a atacar a mí y a mi familia. Yo nunca tuve que ver con el tráfico de personas, el tráfico de drogas ni nada por el estilo”, aseguró.

Además, dijo que son falsas las acusaciones en su contra respecto del delito de lavado de activos. “Nunca hice lavado de dinero, el único dinero que tenía lo saqué de mis empresas. Todo el mundo sabe en Tucumán que soy dueño de la remisería Cinco Estrellas, que fue exitosa toda su vida”, argumentó.

Vínculos con la política

Durante años, los hermanos Ale mantuvieron una buena relación con el poder político en Tucumán. En cada elección, los remises de su empresa “Cinco Estrellas” eran contratados, principalmente por el peronismo, para realizar la movilización de fiscales y votantes. Cuando José Alperovich era gobernador de la provincia y “La Chancha” Ale era presidente del Club San Martín de Tucumán, ambos mantuvieron varias reuniones en el plano institucional.

Durante el juicio que finalizó hoy también quedaron expuestos presuntos vínculos entre los integrantes del "clan Ale" y funcionarios del gobernador peronista Juan Manzur. Al brindar testimonio ante el tribunal, el abogado Armando René Cáceres denunció que en 2008 fue extorsionado por los hermanos Ale para cederle una propiedad a Armando "Cacho" Cortalezzi, ex titular de la Caja Popular de Ahorros, entidad que controla el juego en Tucumán. Tras este episodio, la UIF le envió una carta a Manzur advirtiendo sobre los supuestos lazos entre Cortalezzi y la organización criminal, propietaria de Point Limits SRL, firma dedicada a la explotación de máquinas tragamonedas. El organismo sospecha que los vínculos entre los Ale y Cortalezzi podrían haber facilitado el lavado de activos. Manzur no respondió a la carta, aunque semanas más tarde decidió sacar a Cortalezzi de la Caja Popular para hacerlo asumir su banca en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Hoy el dirigente es el presidente del cuerpo.

Por Fabián López

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