Condenaron a una exjueza de Familia que pedía ir a “buscar panzas” para “vender” a los bebés en trámites de adopción
Se trata de Alejandra Claudia Velázquez, que cumplió funciones en un Juzgado de Familia de Pilar hasta que fue destituida
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Alejandra Claudia Vélazquez fue jueza de Familia de Pilar. En 2017 fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense por una serie de irregularidades en procesos de adopción que estuvieron a su cargo. Ahora fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años, culpable del delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública.
La sentencia fue dictada por el juez correccional de San Isidro Andrés Mateo tras homologar un acuerdo alcanzado por el fiscal Diego Molina Pico y la defensa de Velázquez, a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.
Según fuentes judiciales, Velázquez habría confesado que les pidió a dos asistentes sociales que fueran a barrios humildes de Pilar para buscar a jóvenes embarazadas que estuvieran dispuestas a entregar en adopción a sus bebés a cambio de dinero.
“Vayan a buscar panzas”, habrían sido las palabras utilizadas por Velázquez. La exjueza fue detenida en julio de 2024 en España, donde estuvo presa hasta su extradición.
Durante la instrucción de la causa, una fuente judicial le había explicado a LA NACION que la sospecha era que Velázquez pedía a asistentes sociales que fueran a buscar jóvenes embarazadas y de familias humildes para “vender” sus bebés a matrimonios y parejas de alto poder adquisitivo de la zona en trámites de adopción exprés.
“En el trámite de la causa declararon dos asistentes sociales que afirmaron haber estado en el despacho de la jueza Velázquez y que la magistrada les dijo: ‘Vayan a buscar panzas’. La funcionaria judicial lo habría dicho porque quería que fueran a barrios vulnerables para buscar a jóvenes embarazadas que estuviesen dispuestas a entregar en adopción a sus bebés a cambio de dinero. Las testigos coincidieron en que la sospechosa afirmó que, seguramente, había familias dispuestas a pagar para poder adoptar a los recién nacidos”, dijo, en su momento, una fuente con acceso al expediente.
Al reunir pruebas suficientes, se citó a prestar declaración indagatoria a Velázquez, pero la exjueza nunca pudo ser ubicada en los domicilios que había declarado en el expediente judicial.
Ante la sospecha de que podía haberse ido del país, la Justicia requirió la colaboración de la Oficina Buenos Aires del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Se comenzó una investigación y seguimiento del caso, advirtiendo su posible localización en el exterior. La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA procedió a iniciar la investigación enviando una comunicación a la totalidad de las oficinas centrales nacionales europeas porque, tras analizar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), se había determinado que Velázquez había salido de la Argentina hacia Gran Bretaña”, explicó a LA NACION en julio de 2024 una calificada fuente policial.
Finalmente, el Grupo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía Nacional de España notificó a sus colegas argentinos que durante este año Velázquez había llegado a territorio español y residía en Valencia, donde fue detenida.
Estuvo presa en España hasta su extradición a la Argentina. Poco después se le morigeró la condición de detención y se le otorgó el arresto domiciliario.
Tras la homologación del acuerdo, la defensa de Velázquez argumentó que entre el tiempo que estuvo presa en España y el arresto domiciliario en la Argentina estaba en condiciones de pedir la libertad condicional.
“A Velázquez se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Después solicitó autorización para viajar a España y el permiso fue otorgado por el juez Mateo, a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.
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