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Confirman que la niña fue abusada y su cuerpo, desmembrado antes de ser quemado
La madrina de la menor es una de las acusadas por el brutal asesinato de Rocío Milagros Rojas
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PARA LA NACIONFabián López
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Mientras avanza la investigación por el crimen de Rocío Milagros Rojas, la niña de cuatro años que había desaparecido el jueves de su casa en la localidad de Lules, se conocieron detalles escalofriantes del aberrante hecho que complican la situación de los tres detenidos en la causa.
En una audiencia virtual realizada este sábado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán formalizó la acusación contra los sospechosos y se dictó la prisión preventiva contra Amalia Carolina Graneros, de 39 años, la madrina de la niña y quien la tenía bajo su cuidado; la pareja de la mujer, Edgardo Hernán Caro, de 36, y su yerno, Mauro Ortiz, de 21, pareja de la hija de Graneros.
Los tres había sido detenidos ayer por orden del fiscal Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I, y fueron acusados por el delito de homicidio agravado por alevosía, premeditado por el concurso de dos o más personas, criminis causae y femicidio, en calidad de coautores.
Como informó LA NACION, Rocío había desaparecido el jueves al mediodía cuando salió de la humilde vivienda que compartía con su madrina, Graneros, en el asentamiento Chabela, de la ciudad de Lules.
La mujer, a quien se había asignado la tenencia de la menor por la situación de vulnerabilidad que padecía con sus padres, dijo que mientas ella no estaba en la vivienda, su hija de 18 años había quedado al cuidado de su bebé de dos meses y de Rocío, pero que la nena salió y no volvieron a verla. Graneros realizó la denuncia jueves por la tarde y, desde entonces, la niña de cuatro años era intensamente buscada por la Policía.
Según se desprende de la investigación, uno de los familiares de la niña se habría “quebrado” cuando era indagado por personal policial y habría confesado que el cuerpo de la víctima había sido enterrado en un descampado ubicado detrás de una fábrica, en la zona de La Reducción, a unos 5 kilómetros de Lules.
Tras un intenso rastrillaje, el viernes por la mañana la policía encontró en ese predio un pozo con restos carbonizados que podrían pertenecer a la menor. Horas más tarde, siguiendo nuevas pistas, los investigadores iniciaron un rastrillaje a unos 10 kilómetros de ese predio, sobre las márgenes del río Colorado, en un poblado llamado San Rafael, también en La Reducción, donde encontraron restos óseos y una muela de leche que podría pertenecer a Rocío. Los investigadores creen que el cuerpo de la víctima fue descuartizado e incinerado antes de ser diseminado en distintos lugares.
Con esos elementos, el fiscal López Bustos requirió la prisión preventiva contra los tres acusados por un plazo de seis meses, lo cual fue aceptado por el juez actuante en la causa, Gonzalo Ortega.
“Se trata de un delito aberrante con pocos precedentes en los últimos tiempos, en el que demostraron un desprecio por la vida. Se encontraron restos óseos en lugares diferentes. Entendemos que, por las características del hecho, los imputados enfrentarán una pena de prisión perpetua”, remarcó el fiscal al fundamentar el pedido, basándose en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Junto al fiscal intervino en la audiencia el auxiliar de fiscal Fernando Isa.
Crimen aberrante
Al formular la acusación, los representantes del MPF revelaron detalles escalofriantes del crimen de la pequeña Rocío, quien habría sido abusada sexualmente, tal como adelantó ayer LA NACION.
“El 1 de julio, la niña estaba en el domicilio del pasaje Neuquén S/N de Lules, cuando cerca de las 5, Granero y Caro, a sabiendas de que la menor estaba sin vida, por ser víctima de maltratos inhumanos, abuso y sometimiento a situaciones humillantes, que llevaron a su muerte, la trasladaron en una motocicleta a un terreno del asentamiento San Ramón de La Reducción, donde la diseccionaron y le prendieron fuego en un pozo. Posteriormente trasladaron el cuerpo a las cercanías del río Colorado, donde repitieron el macabro proceder”, revelaron desde la Fiscalía.
El fiscal López Bustos señaló que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bajo la coordinación general de Eugenio Agüero Gamboa, tendrá a su cargo la realización de diferentes medidas. Entre ellas se encuentran los exámenes genéticos para determinar si las piezas óseas y dentales recolectadas son humanas.
Las fuentes aclararon que, en caso de obtenerse un perfil genético, se procederá a realizar una comparación con el perfil indubitado de la madre de la niña. “Si se obtienen características similares, se estaría determinando que los restos peritados pertenecen a la niña y, por ende, sería la víctima”, explicaron.
Además, se informó que también se usará un espectrofotómetro, con el que se procederá a la comparación de las fibras de prendas de vestir que fueron encontradas en los rastrillajes, con las que las de la niña y los acusados.
Por otro lado, desde el MPF resaltaron que fue secuestrada una motocicleta perteneciente a uno de los sospechosos, que habría sido utilizada para trasladar el cuerpo sin vida de la niña, por lo que se realizarán peritajes en búsqueda de rastros biológicos.
Desde la Fiscalía señalaron que las piezas óseas y dentales obtenidas en los rastrillajes serán analizadas por los médicos patólogos y forenses y bioquímicos forenses para determinar si los mismos son restos humanos.
“En caso de que se llegase a determinar que los restos son humanos, comenzarán a trabajar los equipos de Química Legal y de Laboratorio de Genética para buscar el material más apto para lograr extraer un perfil genético”, precisaron las fuentes judiciales.
En 2019, por decisión de la Justicia, la pequeña Rocío Milagro Rojas fue apartada de sus padres biológicos, debido a que vivía una situación de vulnerabilidad y sometida a abusos. Se le otorgó la custodia legal a su madrina, Graneros, hoy detenida y acusada como coautora del crimen.
La madre de la víctima, Mayra Rojas, quien padece de severos problemas de adicciones, participó este sábado de la audiencia en su calidad de querellante y fue acompañada por Silvia Morales, del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del Ministerio Público Fiscal.
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