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Confirmaron la condena para una pareja y su hijo por someter a una niña a un matrimonio infantil
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación que habían presentado la defensa de los tres imputados
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LA NACION
La víctima tenía apenas 13 años cuando fue sometida a una “unión forzada de hecho” o matrimonio infantil con un joven de 20 años. Los padres de la adolescente recibieron 825.000 pesos. La chica, durante el “rito matrimonial” fue “obligada a tener relaciones sexuales tres veces” y quedó embarazada. Fue madre. Todo transcurrió entre marzo de 2022 y diciembre de 2024. Durante ese tiempo, la menor fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada.
En mayo pasado, un matrimonio de la comunidad gitana y su hijo fueron condenados a la pena de diez años de prisión por el delito de trata. La sentencia del juez Daniel Doffo, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, que también incluía una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, fue recurrida por la defensa de los tres imputados al entender considerar que “no se acreditó una relación forzada ni la finalidad de explotación y aseguró que la víctima siempre se refirió positivamente su vínculo con el joven, que la relación y el casamiento fueron voluntarios y negó haber sufrido violencia o aprovechamiento”.
Pero, en las últimas horas, el juez Daniel Petrone, integrante Cámara Federal de Casación Penal, confirmó la sentencia de primera instancia.
El magistrado rechazó la impugnación que presentaron los tres imputados y consideró que la pertenencia de los imputados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres “no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
Según el expediente judicial, Isabel y Alberto Cristo sometieron a V.S.Y., de 13 años, a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil con su hijo Franco, de 20 años, entre marzo y abril de 2022, en Neuquén.
Tras la unión, los tres acusados trasladaron a la adolescente a Santa Fe, donde hasta diciembre de 2024 habría sido sometida a explotación mediante servidumbre sexual, doméstica y laboral. Según su testimonio, durante ese período fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada.
“Además, fue obligada a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia. El dinero obtenido debía ser entregado íntegramente a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida ni recursos propios. Las exigencias se mantuvieron incluso durante enfermedades, condiciones climáticas adversas y sus embarazos”, informó www.fiscales.gob.ar.
En diciembre de 2024, V.S.Y. se trasladó a San Juan junto a Franco y el hijo que tienen en común, y comenzó a vivir con su familia de origen.
Pero, el 5 de abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo llegaron a San Juan. Al día siguiente, aprovecharon una distracción de los padres de la joven para obligarla por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de trasladarla nuevamente a Santa Fe.
“Durante una detención en Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la víctima intentó escapar con su hijo en brazos. Isabel Cristo la persiguió a pie mientras los demás la seguían en la camioneta. Finalmente, la mujer la alcanzó y la obligó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito. El episodio fue denunciado al 911 por una persona que se encontraba en una estación de servicio y quedó registrado por el Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 de San Juan. Tras el aviso, personal policial de la Unidad Rural N° 1 logró detener el vehículo y rescatar a la joven y a su hijo", informó el citado sitio de noticias.
Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos San Juan; el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), conducida por la fiscal federal Alejandra Mángano; la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), cuya titular es Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos (Dgradb), bajo la tutela de María del Carmen Chena.
En la instancia de Casación, actuó la Fiscalía General N° 1 ante ese tribunal, a cargo del fiscal general Mario Villar y representada por la auxiliar fiscal Natalia Crede.
LA NACION
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