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Entregan un predio vinculado a una causa narco para hacer un centro de diagnóstico de coronavirus
El ambicioso proyecto inmobiliario sobre la autopista Panamericana, a la altura de Pilar, que preveía la construcción de un complejo de 920 cocheras en cinco niveles, una nueva estación del ferrocarril Belgrano Norte y un edificio, quedó en suspenso desde octubre de 2017, atado a una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico en la que están acusados el empresario que lideraba el emprendimiento, la viuda y el primogénito del capo narco Pablo Escobar Gaviria e incluso el exfutbolista Mauricio "Chicho" Serna, entre otros.
Ahora, la Justicia autorizó que el predio sea entregado para ser utilizado como centro de diagnóstico en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, cómo había solicitado el intendente de Pilar, Federico Achával, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.
La decisión fue tomada hoy por el juez federal de Morón Néstor Barral, que está a cargo de la investigación judicial, con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. El viernes pasado el magistrado ya había dispuesto la intervención judicial, durante seis meses, de la sociedad Pilar Bicentenario, firma a cargo del proyecto. Designó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se ocupe de las tareas de gestión en coordinación con la Municipalidad de Pilar.
"La referida disposición se originó a raíz del requerimiento de la Municipalidad de Pilar, en virtud de la necesidad de adoptar medidas de carácter urgente con el objeto de establecer un centro de operaciones conjuntas de competencia interdisciplinaria entre las áreas de Seguridad, Salud e Infraestructura municipales para afrontar la pandemia del Covid-19 e implementar en dicho predio un centro de diagnóstico a fin de detectar casos de contagio y trabajar coordinadamente con autoridades nacionales y provinciales en la prevención de su propagación", sostuvo
En la causa, entro otros, están procesados el empresario Mateo Corvo Dolcet, ideólogo del proyecto inmobiliario, la viuda y el hijo de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos [identidades que adoptaron para dejar Colombia después del asesinato del Patrón del Mal]; el exastro de Boca y el narco colombiano José Piedrahita Ceballos. En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal Santiago Marquevich y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por Diego Iglesias.
"Celebramos la decisión de la Justicia. Hay un compromiso del juez Barral, de los fiscales y de la AABE, a cargo de Martín Cosentino, de colaborar desde su ámbito con el municipio en la prevención del coronavirus", informaron calificadas fuentes del gobierno comunal de Pilar.
El predio está situado en el kilómetro 46 de la Panamericana, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Anteayer, en su cuenta oficial de Twitter, la Municipalidad de Pilar informó que había solicitado la cesión del terreno y anunció que habían comenzado los trabajos en el predio para que sea utilizado contra la pandemia del Covid-19.
"El proyecto consiste en preparar el lugar para establecer un centro de operaciones conjuntas de competencia interdisciplinaria entre las áreas de Seguridad, Salud e Infraestructura", explicó el municipio en Twitter.
Corvo Dolcet mostró su rechazo a la decisión del juez federal Barral de intervenir la firma Pilar Bicentenario, a cargo del proyecto, y sostuvo que lo "despojaron de la empresa".
"La tierra de Pilar Bicentenario no está embargada. Solo se decomisó en la causa el 2,6% del paquete accionario [que en su momento había adquirido Piedrahita Ceballos]. Si el municipio nos hubiese pedido el predio lo hubiésemos cedido para colaborar en la superación de la pandemia. Esa decisión no la voy a objetar", afirmó a LA NACION Corvo Dolcet.
La investigación
En un dictamen donde solicitaron la elevación a juicio para los acusados, los fiscales federales Sebastián Basso (hoy abocado a la Unidad Fiscal AMIA) e Iglesias sostuvieron que las "maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes" citadas fueron protagonizadas por Piedrahita Ceballos.
Los fiscales explicaron en su dictamen que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos describió a Piedrahita Ceballos "como un patrón de organizaciones narcocriminales colombianas y colaborador de la estructura criminal denominada La Oficina de Envigado, la cual, a su vez, mantuvo directa relación" con los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia.
"Se les endilga a Santos Caballero y Marroquín Santos el haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada, al haber sido quienes, durante el año 2007, introdujeron y unieron -en un primer momento- los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet con el fin de que se materialicen las variadas conductas de aplicación de fondos de origen ilícito corroboradas en autos, a sabiendas de su procedencia vinculada con el tráfico ilícito de drogas".
Según la acusación de los fiscales, "como contraprestación de esa tarea criminal, la viuda y el hijo de Escobar Gaviria recibieron una suma dineraria que alcanzó, al menos, el 4,5% del total de la inversión que Piedrahita Ceballos efectuó hasta el día 15 de febrero del 2011, aproximadamente US$ 101.950, en los emprendimientos inmobiliarios que Corvo Dolcet lideraba".
Al Chicho Serna, según el pedido de elevación a juicio, se le atribuye haberle entregado a Piedrahita Ceballos "a un precio irrisorio y ficticio los derechos" de un inmueble en un country de la zona Oeste y dos lotes en otro barrio cerrado.
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