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Crecen las denuncias por trata de personas en la Argentina y ya se rescataron 369 víctimas este año
Desde la creación del sistema de rescate, en 2008, en la Argentina ya suman más de 22.800 víctimas asistidas
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LA NACION
La lucha contra la trata de personas continúa mostrando una intensa actividad en la Argentina. Durante el primer semestre de 2026, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas asistió y rescató a 369 víctimas, al tiempo que la Línea 145, destinada a recibir alertas -que pueden realizarse en forma anónima- sobre este delito registró 1369 denuncias, una cifra que mantiene la tendencia de los últimos años.
Los datos oficiales reflejan que el delito continúa teniendo una fuerte presencia en el país y que el sistema de detección y asistencia sigue recibiendo un elevado volumen de casos.
Desde la sanción de la Ley 26.364, en abril de 2008, y hasta junio de este año, fueron rescatadas o asistidas 22.808 personas víctimas de trata. En paralelo, desde que comenzó a funcionar la Línea 145 en 2012, se recibieron 29.211 denuncias, un promedio superior a 2.000 reportes anuales, lo que evidencia la importancia de este canal para detectar situaciones de explotación.
Las cifras del primer semestre de 2026
Entre enero y junio de este año fueron rescatadas o asistidas 369 personas, cifra que incluye a 27 menores y 68 extranjeros.
Además, durante ese período la Coordinación Nacional llevó adelante 638 intervenciones, entre allanamientos, asistencias a víctimas, declaraciones testimoniales, entrevistas, notificaciones judiciales, Cámaras Gesell y participación de profesionales en distintas instancias de las investigaciones.
En cuanto a la Línea 145, durante el mismo semestre se recibieron 1369 denuncias, mientras que se brindaron 1334 orientaciones a personas que consultaron por posibles situaciones de trata o explotación.
Tras más de diez años de trabajo, desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Nación que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, advierten que la trata de personas dejó de responder únicamente a los esquemas tradicionales de explotación y se transformó en un delito mucho más sofisticado, adaptado a los cambios tecnológicos, sociales y económicos.
“La agenda internacional ya no se limita únicamente a identificar víctimas y perseguir a los responsables. Hoy incorpora nuevos desafíos vinculados con el uso de tecnologías digitales por parte de las organizaciones criminales, las investigaciones sobre el dinero obtenido mediante la explotación, la cooperación entre países y la reparación integral de las víctimas”, señalaron desde la PROTEX, en declaraciones consignadas por el sitio web de noticias del Ministerio Público Fiscal.
Redes sociales, aplicaciones y falsas ofertas laborales
Uno de los cambios más profundos registrados en los últimos años es la utilización de herramientas digitales para captar nuevas víctimas.
Las organizaciones criminales aprovechan el alcance de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de búsqueda laboral para difundir falsas ofertas de empleo, establecer vínculos de confianza y concretar engaños que terminan en situaciones de explotación sexual, laboral o de otra naturaleza.
Además del reclutamiento, estas herramientas también son utilizadas para controlar a las víctimas, dificultar su identificación y coordinar actividades ilícitas entre distintos países.
Frente a esta realidad, los principales organismos internacionales insisten en fortalecer las capacidades de investigación digital, preservar evidencia informática y profundizar la cooperación internacional para desarticular redes que, en muchos casos, operan simultáneamente en varios países.
Otro de los cambios destacados por la Protex tiene que ver con la necesidad de investigar el aspecto económico del delito.
Durante años, las investigaciones estuvieron centradas principalmente en identificar a las víctimas y detener a los responsables directos. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las organizaciones dedicadas a la trata generan enormes ganancias económicas.
Por ese motivo, hoy las investigaciones patrimoniales ocupan un lugar estratégico. El objetivo es detectar, rastrear y recuperar los bienes y el dinero obtenido mediante la explotación de personas, afectando la estructura financiera de las organizaciones criminales y reduciendo su capacidad operativa.
La procuraduría también remarca que la lucha contra la trata no concluye cuando una víctima es liberada.
La tendencia internacional apunta a garantizar una respuesta integral que contemple asistencia psicológica, acompañamiento social, acceso efectivo a la Justicia y mecanismos concretos de reparación para restituir los derechos vulnerados.
En ese sentido, la protección de las víctimas pasó a ocupar un lugar tan relevante como la persecución penal de los responsables.
Desde la procuraduría especializa en esta clase de delitos sostienen que uno de los principales desafíos consiste en anticiparse a los cambios que experimentan las organizaciones criminales, adaptando las respuestas del sistema judicial antes de que esas nuevas modalidades se consoliden.
“La trata de personas es un fenómeno dinámico que evoluciona constantemente. Comprender cómo cambia resulta indispensable para prevenirla, investigar a sus responsables y garantizar una protección efectiva para las víctimas”, remarcaron desde el organismo.
Los delitos enmarcados como trata de personas incluyen situaciones de explotación sexual y laboral, establecimiento de relaciones forzadas para obligar a la participación en actividades delictivas y matrimonios forzosos, entre otras.
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