Piden enjuiciar a la banda que obligaba a mujeres a hacer streaming sexuales

El fiscal federal Ramiro González y la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, solicitaron al juez federal Sebastián Casanello la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres en “estudios webcam”.

Según surgió de la investigación, las captaban prometiéndoles convertirlas en modelos “hot”, las sometían a un proceso de coaching y, finalmente, las obligaban a realizar largas sesiones de transmisiones a través de los más conocidos canales de streaming de contenido erótico y, en ocasiones, también las impelían a “interactuar” con usuarios y clientes.

Nueve de las diez personas involucradas fueron acusadas de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravada por haber mediado engaño, violencia, intimidación y coerción, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por haber sido perpetrada contra más de tres víctimas, una de ellas embarazada, y por haberse consumado la explotación en cuatro oportunidades. La restante fue acusada como partícipe secundaria del delito de trata, con las mismas agravantes que el resto.

Además, uno de los miembros de la organización fue acusado de haber causado un aborto a una de las víctimas y otro, imputado por tenencia de estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal, a través de su portal de informaciones www.fiscales.gov.ar, señaló que “según la acusación formulada por el fiscal González y la fiscal Mángano, la organización criminal conformada por nueve personas habría funcionado al menos desde marzo de 2020 hasta el 13 de septiembre de 2023, con el propósito de captar, trasladar y acoger al menos a cuatro víctimas en situación de vulnerabilidad con la finalidad de explotarlas sexualmente mediante la producción de fotografías y transmisiones en vivo de contenido sexual para comercializarlas vía streaming a través de las plataformas denominadas ‘sexcam’ o ‘webcam’”.

Según surge de la investigación, “las empresas investigadas [que operaban bajo el paraguas de la firma Argentina Studio] se encontraban vinculadas entre sí y fueron creadas con la finalidad de hacer transmisiones en vivo, streaming y fotografías con contenido erótico y sexual explícito para comercializarlo en los sitios web denominados Chaturbate, Stripchat y Cam4, entre otros. El contenido allí publicado les daba a los involucrados un rédito económico en monedas virtuales y dólares. Para llevar a cabo estas actividades, los estudios se habrían valido de al menos de cuatro inmuebles y tres hoteles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario donde acogían a las víctimas para realizar el contenido posteriormente comercializado”, informó oportunamente fiscales.gob.ar.

La causa se inició en septiembre de 2021 a raíz de una denuncia realizada por una ONG ante el juez federal Sebastián Casanello. Esa entidad había asistido a un grupo de mujeres que decían haber sido víctimas de explotación sexual luego de haber participado como “modelos webcam” de Argentina Studios.

Casanello delegó la investigación a la fiscalía federal N°1; se acumularon en la causa otras denuncias recibidas previamente en la Protex. Las tareas posteriores permitieron identificar a los imputados, los “estudios webcam” y los diferentes hoteles vinculados con las maniobras denunciadas.

El 13 de septiembre del año pasado, la Policía de Seguridad Aeroportiaria (PSA) realizó una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario. Secuestraron 3.447.355 pesos, 231.374 dólares, 16.900 euros, un fusil de asalto militar, un chaleco antibalas y documentación.

También incautaron bitcoins; concretamente, 0,26320805 BTC secuestrados de cuentas exchange de los imputados, que fueron transferidos a una billetera virtual judicial creada para el resguardo legal de criptomonedas.

En octubre, Casanello procesó a los diez imputados; al mes siguiente, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida.

Cómo funcionaba la organización

Según informó fiscales.gob.ar, “la organización criminal se encargaba de captar a las víctimas a través de una oferta laboral engañosa que se publicaba en páginas web y redes sociales”.

“Trabajá con la agencia de Only más profesional de la Argentina”, rezaba el banner secuestrado en uno de los allanamientos. El texto iba acompañado con la imagen de una joven vestida con el sugerente disfraz de “conejita”. “Sé parte de esta empresa, no lo sueñes, vivilo”, era otro de los grandilocuentes eslóganes con los que la banda, según los fiscales, pretendía “dotar a su propuesta de ‘profesionalidad’ y ‘legalidad’”.

Los investigadores judiciales lograron detallar el sofisticado plan criminal de la banda, que contenía diferentes etapas por las cuales debían transitar las víctimas hasta ser finalmente explotadas. En concreto:

• Engañaban a sus víctimas ofreciéndoles grandes ganancias económicas en dólares por supuestas transmisiones eróticas durante jornadas de ocho horas; también les prometían capacitaciones, libertad en los contenidos de las transmisiones e incluso la posibilidad de alcanzar la “fama”.
• Luego de entrevistarlas, las invitaban a un hotel –administrado por los líderes de la organización–donde se concretaba una “entrevista personal” cuyo objetivo era perfeccionar la propuesta engañosa otorgándole una apariencia de “legalidad”.
• Allí celebraban un “contrato de colaboración” en donde estaban estipuladas las presuntas condiciones contractuales, que contemplaban la extensión de la jornada laboral y la salvedad de que la parte empleadora no podía impartir directivas ni ejercer sanciones.
• Finalizado el proceso de captación, las víctimas comenzaban la etapa de “capacitación” o “coaching”, mediante la cual los imputados obtenían información personal, como sus miedos y vulnerabilidades, para posteriormente utilizarla en contra aquellas. A su vez, les asignaban un seudónimo o “personaje” para identificar su perfil en las plataformas, y el hotel o estudio donde realizarían las transmisiones.
• En ese contexto, les presentaban a las personas denominadas “monitores”, quienes se encargaban de controlar en simultáneo las transmisiones que producían las víctimas, instándolas a que lleven a cabo actos de índole sexual e interactuando con los “clientes” o “usuarios”.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, para lograr su cometido los imputados comenzaron a modificar las condiciones propuestas a las víctimas, exigiéndoles la realización de actos de índole sexual cada vez más explícitos en contra de su voluntad, tanto durante las transmisiones en vivo como en sesiones fotográficas.

“Estas imágenes y videos quedaban bajo el dominio exclusivo de los ‘estudios webcam’, por lo que no solo las comercializaban una y otra vez sin ningún tipo de control, sino que también las podían usar para extorsionar a las víctimas con su difusión”, detallaron el fiscal González y la fiscal Mángano en su dictamen. “Toda esta actividad –esto es, la explotación sexual vía streaming– se desarrolló bajo el control directo de los imputados”, agregaron.

En tal sentido, remarcaron que, para sostener el sometimiento de las víctimas y su explotación, los imputados las denigraban con insultos, las incitaban a consumir alcohol y estupefacientes, las responsabilizaban por la falta de generación de ganancias y las endeudaban con la organización a modo de “inversión”, exigiéndoles la compra de lencería, indumentaria, cremas y vibradores, cuyo valor en dólares era descontado de sus ingresos. Al mismo tiempo, les imponían un régimen de sanciones sobre la base de multas en dólares por llegadas tarde, ausencias, demoras en el baño, negarse a la realización de producciones de fotos, utilización del teléfono celular e, incluso, alimentarse.

“Estas sanciones pecuniarias desproporcionadas, las cuales eran descontadas de sus ingresos, introdujeron a las víctimas en un círculo de coerción del cual les resultaba imposible salir”, resaltaron el fiscal y la fiscal en su escrito.

Los fiscales añadieron que la investigación permitió determinar que la explotación sexual de las víctimas no se limitó al “negocio sexcam”, sino que incluyó también “encuentros sexuales presenciales/pases” con personas del entorno de la organización.

González y Mángano atribuyeron a uno de los acusados –que oficiaba de “monitor”– el haber sometido a una de las víctimas a un aborto, sin su consentimiento, y a transmitirlo vía streaming con el propósito de incrementar las ganancias de la organización.

Para el Ministerio Público Fiscal, la ganancia económica producto de la explotación sexual de las víctimas se materializaba mediante la obtención de “tokens”, moneda de cambio utilizada en las plataformas Chaturbate, Stripchat, Xlovecam, Cam4, entre otras. Indicaron que la organización habría creado una firma destinada a monetizar los saldos de las plataformas y convertir en dinero físico el rendimiento generado por su explotación, sobre el cual las víctimas no tenían ningún tipo de control.

“La finalidad buscada en la captación, traslado, recepción y acogimiento fue la posterior explotación sexual, entendiéndose al ‘sexo virtual’ o ‘modelaje sexcam’ –eufemismo que se utiliza en la actividad– como otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, cuyo único propósito era la obtención de ganancias económicas producto del material producido por las víctimas”, resaltaron. Agregaron que el “sexo virtual” es una variante de la práctica sexual en general y que, en los mismos términos, se podría hablar de “explotación sexual de mujeres en entornos virtuales”.

LA NACION

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