Denuncian que 114 personas murieron el año pasado a manos de policías en Buenos Aires
La Comisión Provincial por la Memoria registró también que 20 presos fallecieron en comisarías; desde 2017 se notificaron 626 muertes por disparos policiales
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Luciano Olivera tenía 16 años cuando murió de un disparo al corazón. Minutos antes había esquivado con la moto un retén en Miramar y el oficial Maximiliano González lo persiguió y mató. Esa misma noche, pero en General Rodríguez, Agustín Méndez, de 15, también viajaba en una moto y también escapaba porque el amigo que conducía no quiso frenar en un control vehicular: no hubo tiros, solo el impacto mortal de Agustín contra el patrullero. La noche siguiente, Facundo Galván, otro chico de 16 años, se divirtió todo lo que pudo en una fiesta en el barrio San José de Almirante Brown hasta que discutió con el hijo del prefecto Eber Villanueva. Vestido de civil y con un arma distinta a la reglamentaria, Villanueva asesinó a Galván con un plomo en el pecho y otro en el glúteo.
Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 11 de diciembre pasado, es decir, en apenas 24 horas. No se trató de una aberrante coincidencia, sino de situaciones que podrían ser consideradas, por su repetición, una rutina policial que incluye intervenciones ilegales, violentas y desmedidas.
De acuerdo con el último registro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 114 personas murieron en territorio bonaerense a lo largo de 2021 a manos de algún miembro de las fuerzas de seguridad. La cifra aumentará porque aún falta información de distintos organismos estatales. En tanto, otras 20 fallecieron en comisarías de la provincia, es decir, bajo custodia estatal.
“Las razones detrás de estas muertes son muchas, se trata de un problema complejo que no es abordado como tal desde las políticas públicas que se implementan, centralmente por cuestiones ideológicas y falta de perspectiva de derechos humanos. Si no se cambia la política criminal, estos hechos van a continuar”, advirtió Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
García, que además es abogado y psicólogo social, cree que el principal error es pensar la política criminal desde el “punitivismo, el crecimiento del sistema penal, la saturación policial de los territorios como respuesta a la criminalidad callejera y la persecución selectiva de los jóvenes que habitan las barriadas materialmente más pobres”.
La lectura de García está basada en datos. El relevamiento del organismo identificó que las víctimas, además de pertenecer a barrios humildes, suelen ser varones (un 93%) y jóvenes (el 38% tenía entre 21 y 30 años y otro 33,7%, entre 11 y 20 años). “La actual concepción –agregó García– deja de lado que la policía bonaerense es estructuralmente corrupta, que regula el delito en los territorios y que es una fuerza desprofesionalizada que no puede perseguir ningún delito complejo, mucho menos los de ‘cuello blanco’. Desde ya que esto es una decisión política y que los funcionarios con discursos que exacerban la guerra contra la delincuencia o celebran estas muertes de ‘delincuentes’ y habilitan estas violencias policiales son también responsables”.
“Echar combustible al fuego”
El número de muertos por el uso letal de la fuerza pública en la provincia de Buenos Aires se mantiene constante en los últimos años. Fueron 127 casos en 2020; 144 en 2019; 120 en 2018; 121 en 2017, y 110 en 2016.
La situación en las prisiones también es crítica. Durante el año pasado, 193 personas murieron en cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (en un registro aún provisorio), superando el “récord” del año 2020 con 178 fallecimientos. Actualmente, más de 54.000 personas están alojadas en el sistema carcelario provincial, provocando una sobrepoblación en penales del 110%, y del 268% en comisarías.
“La sobrepoblación y el hacinamiento extremos y la gobernabilidad penitenciaria o policial mediante la violencia, la tortura y la degradación, que son comunes y sistemáticas en estos ámbitos, provocan graves violaciones de derechos humanos y el incumplimiento de la obligación constitucional de reeducar o resocializar a las personas detenidas. Las cárceles y comisarías son depósitos de pobres”, se lamentó García, y señaló: “Frente a estas graves violaciones de derechos humanos la única propuesta del gobierno es la construcción de plazas penitenciarias y la incorporación de miles de policías, receta que ya se ha demostrado en el mundo, y también en la Argentina, que no resolverá las cuestiones descriptas, por el contrario, solo expandirá este sistema penal en peores condiciones. Es como echar combustible al fuego”.
Entre las medidas urgentes y “momentáneas” para evitar la propagación de más muertes por parte de las fuerzas de seguridad, la CPM proponer fortalecer y darle mayor autonomía a la Auditoría de Asuntos Internos, dotarla de representantes de organismos de derechos humanos y quitarla de la órbita del Ministerio de Seguridad.
“También debe dejar de existir la protección corporativa de quienes cometen delitos, a quienes incluso los defienden abogados de la propia institución. También debe eliminarse el Estado policial. El agente que termina su jornada laboral debe dejar el arma en la estación de policía y no portarla fuera de servicio. Esto reduciría casi a la mitad las cifras actuales. En otros países donde funciona de esta manera ha generado mejores resultados”, concluyó García.
Estaban fuera de servicio siete de cada 10 agentes involucrados en muertes
Los registros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre los casos de uso letal de la fuerza pública permitieron conocer que entre 2016 y 2020 el total de víctimas a manos de alguna fuerza de seguridad ascendió a 622 casos –no se toman en cuenta las 114 muertes registradas durante el año pasado, ya que aún se encuentran en evaluación los diferentes campos estadísticos que se originan a partir de la cifra anual de homicidios– en lo que implica, en promedio, el 12% de los 5071 homicidios dolosos ocurridos en la provincia de Buenos Aires en ese período. También sirvió para identificar circunstancias que se reiteran a través de los años.
Los integrantes de la CPM pudieron establecer que el 90% de las víctimas del uso letal de la fuerza pública fueron asesinadas con el arma de fuego reglamentaria, es decir, la pistola calibre 9 mm que es provista por el Estado.
El 67% de esas muertes fueron provocadas por policías que estaban fuera de servicio. Esto significa que la mayoría de los casos de uso letal de la fuerza se producen en momentos en que los agentes se encuentran fuera de su horario laboral.
En tanto, el 70% de esos homicidios se provocaron por defender bienes materiales, en su mayoría, de los propios uniformados. La conclusión es que en estos casos prevaleció la defensa de la propiedad del policía por sobre el valor de la vida de la víctima. Solo el 1% ocurrió en contextos donde estaba en riesgo la vida de otra persona: apenas seis muertes en cinco años.
Para los investigadores resulta un dato relevante el registro de 22 femicidios cometidos por miembros de las fuerzas policiales. De los femicidas, 18 estaban en servicio.
La información estadística relevada por la CPM señala que hubo al menos una muerte en 55 de los 135 municipios bonaerenses. Además, en los 24 partidos que conforman el conurbano se registró una víctima de uso letal de la fuerza policial. La mayoría de las muertes fueron provocadas por policías bonaerenses, pero no fueron estos los únicos uniformados que hicieron un uso letal de la fuerza en ese territorio provincial. El 68% de los homicidios fueron cometidos por agentes de la policía bonaerense. En total, se registraron victimarios de siete fuerzas de seguridad.
Esa información se originó en las 127 muertes notificadas en 2020; 144 en 2019; 120 en 2018; 121 en 2017, y 110 en 2016.
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