Detienen a un hombre que tenía un arsenal en su casa de Palermo
La Policía secuestró más de diez armas y mil municiones; la investigación se originó por una denuncia de ANMaC sobre armamento de una armería cerrada hace años.
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LA NACION
Un impactante hallazgo tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo, donde la Policía de la Ciudad secuestró un verdadero arsenal escondido en una vivienda en estado de abandono. El operativo culminó con la detención de un hombre de 61 años, presunto heredero de una antigua armería.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que buscaba rastrear el destino de una gran cantidad de armas pertenecientes a una armería que cerró sus puertas hace varios años. La falta de renovación de licencias y credenciales activó las alarmas y derivó la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini
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La División Investigaciones Comunales 14 (DIC14) de la Policía de la Ciudad fue la encargada de localizar el posible paradero del armamento. Las pistas condujeron a una vivienda situada sobre la avenida Juan B. Justo al 600, donde se ordenó un allanamiento.
Al llegar al lugar, los efectivos no obtuvieron respuesta desde el interior, por lo que ingresaron con precaución ante la posibilidad de que el sospechoso estuviera armado. En el interior encontraron una casa en condiciones de abandono: sin electricidad, sucia y con signos de acumulación compulsiva.
En una de las habitaciones, los oficiales hallaron un arsenal compuesto por una escopeta calibre 16 de doble cañón, un pistolón, dos pistolas automáticas calibre .22 Ballester Molina, un pistolón Hopkins & Allen, tres revólveres (uno de ellos calibre .38 con municiones), un antiguo fusil Mauser y dos caños que serían de pistolones.
Además, se incautaron más de mil municiones de distintos calibres, 178 cartuchos de escopeta, tres cargadores, 182 balas de plomo intactas y ocho vainas servidas.
Durante el procedimiento, el morador de la vivienda apareció en el lugar y fue inmediatamente detenido. La Justicia ordenó su arresto por infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, que penaliza la tenencia ilegal de armas de fuego, y dispuso una consigna policial permanente en la propiedad.
El caso continúa bajo investigación para determinar si el arsenal tenía algún destino ilícito o si se trataba de una colección heredada sin regularización legal.
Flexibilizan los requisitos para tenencia
Durante la semana, el Gobierno Nacional había dado un nuevo paso en la dirección de una desregulación administrada de la tenencia de armas por parte de civiles, a contramano del paradigma burocrático restrictivo que rigió en las últimas décadas en la Argentina.
En su última decisión al respecto, conocida el miércoles, decretó la derogación de la veda de adquisición y disposición de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.
Desde ahora regirá un sistema de “control especial” administrado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que podrá otorgar permisos de posesión de este tipo de armas largas.
Las diversas asociaciones que agrupan a legítimos usuarios (LU), a clubes de caza y tiro y armerías venían reclamando la derogación del decreto 64/95, dictada durante el gobierno de Carlos Menem, que había determinado que aquellos fusiles, carabinas y subametralladoras solo podían ser usadas por fuerzas militares y de seguridad. Eso, sostenían, impidió durante años a quienes ya tenían ese tipo de material previo a la sanción de aquella ley poder venderlas, transferirlas o regularizarlas registralmente. Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, persistían un millar de estos casos.
El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial (con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich) salda ese reclamo y va más allá: admite la tenencia e invoca el “probado uso deportivo” como uno de los justificativos para el otorgamiento de permisos.
“Los mecanismos de control deben reflejar un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego, con los recaudos derivados de la seguridad pública o común. En ese sentido, durante más de 30 años el ex Registro Nacional de Armas y la ANMaC han elaborado una profusa doctrina administrativa en torno a las eventuales autorizaciones que, bajo un régimen de excepción al principio de prohibición general que dimana de la actual operatoria, ha experimentado variaciones a lo largo de su aplicación, que en las últimas décadas conllevaron la aplicación de criterios más restrictivos y rigurosos tendientes a restringir al mínimo la concesión de tales permisos”, se describe en el decreto a la hora de justificar la reevaluación de métodos.
El Gobierno sostuvo que “esa situación de hecho ha provocado que los materiales de este tipo que forman parte del circulante existente en el momento del dictado del Decreto N° 64/95 no pudieran transferirse, atento a que muchos de sus usuarios originales han fallecido sin que pudiera operarse su legítima transferencia a un nuevo titular autorizado, lo que ha facilitado las condiciones de irregularidad en las que se encuentran sus sucesores".
Además, se agregó que “resulta necesario atender la posibilidad del empleo de los mencionados materiales controlados en actividades deportivas u otras finalidades lícitas, previo análisis de las circunstancias particulares por parte de la Autoridad de Aplicación”.
La forma en que se instrumentará este permiso será establecida en la reglamentación de la ley, en la que ya está trabajando la ANMaC. Se descarta que quienes pidan este permiso deberán certificar condiciones de antigüedad en la actividad y se les impondrán condiciones especiales para guardar las armas. También se prevé que sean las asociaciones de tiro las que certifiquen la condición de los tiradores deportivos que participen de competencias nacionales e internacionales.
“Hay ligereza y temeridad del Gobierno en este tema que minimiza las consecuencias de estas decisiones y parece hacerlo por una postura entre fanática y dogmática respecto al uso de armas de fuego”, dijo a AFP Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme.
Diferente, claro, es la mirada oficial. Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que no se espera que esto derive en un fuerte incremento de la adquisición para tenencia de este tipo de armamento, sino, sobre todo, que será una medida más para dar certidumbre a los usuarios de armas e inducir a los LU a que regularicen su situación, al tiempo de facilitar trámites para que no se traben en los circuitos burocráticos de la ANMaC.
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