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Extienden la liberalización del mercado legal de armas y ahora alcanza a los fusiles semiautomáticos
Se derogó la prohibición de adquisición y tenencia de este tipo de armamento dictada hace 30 años y ahora regirá un régimen de “autorización especial” para legítimos usuarios
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LA NACION
El Gobierno sigue dando pasos en la dirección de una desregulación administrada de la tenencia de armas por parte de civiles, a contramano del paradigma burocrático restrictivo que rigió en las últimas décadas en la Argentina.
En su última decisión al respecto decretó la derogación de la veda de adquisición y disposición de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.
Desde ahora regirá un sistema de “control especial” administrado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que podrá otorgar permisos de posesión de este tipo de armas largas.
Las diversas asociaciones que agrupan a legítimos usuarios (LU), a clubes de caza y tiro y armerías venían reclamando la derogación del decreto 64/95, dictada durante el gobierno de Carlos Menem, que había determinado que aquellos fusiles, carabinas y subametralladoras solo podían ser usadas por fuerzas militares y de seguridad. Eso, sostenían, impidió durante años a quienes ya tenían ese tipo de material previo a la sanción de aquella ley poder venderlas, transferirlas o regularizarlas registralmente. Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, persistían un millar de estos casos.
El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial (con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich) salda ese reclamo y va más allá: admite la tenencia e invoca el “probado uso deportivo” como uno de los justificativos para el otorgamiento de permisos.
“Los mecanismos de control deben reflejar un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego, con los recaudos derivados de la seguridad pública o común. En ese sentido, durante más de 30 años el ex Registro Nacional de Armas y la ANMaC han elaborado una profusa doctrina administrativa en torno a las eventuales autorizaciones que, bajo un régimen de excepción al principio de prohibición general que dimana de la actual operatoria, ha experimentado variaciones a lo largo de su aplicación, que en las últimas décadas conllevaron la aplicación de criterios más restrictivos y rigurosos tendientes a restringir al mínimo la concesión de tales permisos”, se describe en el decreto a la hora de justificar la reevaluación de métodos.
El Gobierno sostuvo que “esa situación de hecho ha provocado que los materiales de este tipo que forman parte del circulante existente en el momento del dictado del Decreto N° 64/95 no pudieran transferirse, atento a que muchos de sus usuarios originales han fallecido sin que pudiera operarse su legítima transferencia a un nuevo titular autorizado, lo que ha facilitado las condiciones de irregularidad en las que se encuentran sus sucesores".
Además, se agregó que “resulta necesario atender la posibilidad del empleo de los mencionados materiales controlados en actividades deportivas u otras finalidades lícitas, previo análisis de las circunstancias particulares por parte de la Autoridad de Aplicación”.
La forma en que se instrumentará este permiso será establecida en la reglamentación de la ley, en la que ya está trabajando la ANMaC. Se descarta que quienes pidan este permiso deberán certificar condiciones de antigüedad en la actividad y se les impondrán condiciones especiales para guardar las armas. También se prevé que sean las asociaciones de tiro las que certifiquen la condición de los tiradores deportivos que participen de competencias nacionales e internacionales.
“Hay ligereza y temeridad del Gobierno en este tema que minimiza las consecuencias de estas decisiones y parece hacerlo por una postura entre fanática y dogmática respecto al uso de armas de fuego”, dijo a AFP Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme.
Diferente, claro, es la mirada oficial. Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que no se espera que esto derive en un fuerte incremento de la adquisición para tenencia de este tipo de armamento, sino, sobre todo, que será una medida más para dar certidumbre a los usuarios de armas e inducir a los LU a que regularicen su situación, al tiempo de facilitar trámites para que no se traben en los circuitos burocráticos de la ANMaC.
El caso especial de policías y militares
Por caso, junto con el decreto que estableció el régimen “especial” para aprobar las tenencias de fusiles semiautomáticos, carabinas y subametralladoras, en el Boletín Oficial de hoy se publicó otro decreto, el 409/2025, que implica otro cambio de peso: a partir de ahora, policías y agentes penitenciarios de todo el país que, por el carácter de su función, tienen asignadas armas reglamentarias, ya no deberán renovar su condición de LU cada cinco años, como los usuarios civiles. Tendrán permisos de tenencia, uso y adquisición extendidos por los propios jefes de cada fuerza que estarán vigentes en tanto sigan conservando su situación de actividad de servicio. Esos permisos alcanzarán tanto a las armas de dotación reglamentarias (provistas por cada fuerza) como a aquellas que adquirieran a título personal.
Según se explica en el decreto, se parte de la base de que “desde el momento en el que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, las policías y servicios penitenciarios provinciales autorizan la entrega del arma reglamentaria a un efectivo, ello significa que lo han considerado física y psicológicamente apto para asumir la responsabilidad de su tenencia y portación”, y que “en igual sentido, si el mismo efectivo que tiene y porta legítimamente su arma reglamentaria adquiere otra de manera particular, su situación no cambia respecto del grado de responsabilidad que la tenencia y portación conlleva”.
Por eso se consideró que “resulta adecuado que la misma autoridad militar, policial o penitenciaria que evalúa la aptitud de su personal para la portación del arma reglamentaria sea también la que autorice la portación de un arma particular en posesión de los mismos efectivos de su fuerza”.
Cada una de las fuerzas, además, deberá informar la cantidad de armas, altas y bajas de stock para mantener actualizados los inventarios de la ANMaC.
Serie de medidas
Esta medida se encadena con otras que, según fuentes oficiales, está en línea con el “compromiso” del Gobierno de “desregular y simplificar los trámites que representen una carga innecesaria para los ciudadanos y, en este caso en particular, los necesarios para el registro legal de las armas de fuego”. Esperan que la instrumentación de la credencial de legítimo usuario (CLU) digital y el trámite digital completo sea la medida de mayor impacto en la regularización.
“Buscamos que estar dentro de la ley sea fácil, que la regularidad no tenga burocracia. Al Estado le conviene saber quiénes tienen armas y dónde las tienen. Y al ciudadano hay que simplificarle el camino a la regularidad”, dijo a LA NACION el director nacional de la ANMaC, Juan Pablo Allan.
Por caso, hace un mes el Poder Ejecutivo Nacional puso en vigor, por decreto, el sistema de trámite digital denominado Tenencia Express, para permitir a los usuarios civiles y que miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policías y personal del servicio penitenciario poder tramitar online, a través de la app MiANMaC, la autorización de tenencia de armas de fuego adquiridas en armerías y que posean números identificatorios para su trazabilidad.
Según la Resolución 45/2025, publicada el 19 de mayo pasado en el Boletín Oficial, el objetivo del programa es simplificar los trámites, incorporar controles automáticos sobre los antecedentes de los solicitantes y reducir los plazos administrativos.
Este es un punto central, porque desde hace años el padrón de legítimos usuarios con permisos vencidos creció a pasos agigantados hasta llegar, a principios del años pasado, casi el 70% del total de habilitados histórico.
En cifras actuales, hay un poco más de 300.000 legítimos usuarios en regla, un 10% más que al inicio de la gestión Milei. La cifra de LU vencidos alcanza los 600.000, que incluyen unos 130.000 que habrían fallecido, según explicaron a LA NACION desde la ANMaC. Las armas registradas superan el millón.
A fines del año pasado también se bajó de 21 a 18 la edad mínima para poder acceder a la condición de legítimo usuario de armas. Según informó Allan a LA NACION, la medida sirvió para adecuar el requisito a la mayoría de edad aceptada por el Código Civil. Pero esa ampliación, aseguró, no aumentó la cantidad de usuarios ni de armas registradas.
El presidente Milei ya había dado indicios durante la campaña de su intención de terminar con las restricciones a la tenencia de armas. Una vez asumido como jefe del Estado, dio pasos que fueron dándole forma a una flexibilización del sistema sin que llegara a ser completamente abierto. Aunque el primer frente a atacar fue, precisamente, el de la enorme tasa de informalidad en la que habían caído cientos de miles de LU por no haber renovado en tiempo y forma sus licencias, sea por desinterés en seguir siéndolo o por no querer hacer frente a los trámites necesarios.
Hace poco más de un año el Gobierno anunció la presentación en el Congreso de un proyecto de ley para “regularizar la tenencia de armas en la Argentina” a través de la simplificación de los trámites. Esa iniciativa tuvo sanción en Diputados, pero está trabada en el Senado.
Lo mismo ocurre con la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf), una iniciativa que en la última década y media ha permitido sacar de circulación más de 200.000 armas de fuego de todo tipo, con la intención de evitar la proliferación fuera de control que alimenta el mercado negro, calculado en unos dos millones de armas. El Gobierno quiere que tenga una vigencia de cuatro años y no de dos, como fue durante su último periodo de vigencia, vencido a finales de 2023.
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