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Una investigación de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el Ministerio Público de la Acusación de Brasil determinó que desde direcciones IP radicadas en la Argentina se habían compartido y distribuido imágenes de contenido pornográfico infantil. La ramificación de la causa en el país avanzó y en las últimas horas fue detenido un médico pediatra mientras trabaja en su consultorio del Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en Parque Patricios.
El médico imputado, podría recibir una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, habría tomado fotos de menores en su lugar de trabajo.
Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes judiciales. La detención fue solicitada por la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, Daniela Dupuy. El sospechoso, acusado de producción y distribución de pornografía infantil, cuya identidad no trascendió, tiene 55 años.
"No hay duda de su culpabilidad. Desde la Policía de la Ciudad sentimos satisfacción por sacar a este monstruo de la calle", afirmó el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.
La detención ordenada por la jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña María Alejandra Doti fue efectivizada por personal de la Sección Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.
"Se secuestraron computadoras y pendrives donde se encuentran pruebas contundentes: los chicos siendo abusados", agregó D'Alessandro.
"El caso tuvo origen en la operación denominada Luz de Infancia II, llevada a cabo por las autoridades del Homeland Security de los Estados Unidos y del Ministerio Público de la Acusación de Brasil, que pusieron en conocimiento del Ministerio Público Fiscal porteño de la existencia de varios hechos de distribución de contenido pornográfico infantil hechos por usuarios radicados en la Argentina por medio de la plataforma P2P E-mule", explicó la Fiscalía de la Ciudad en un comunicado de prensa.
Según fuentes judiciales, la fiscalía a cargo de Dupuy, con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Porteño, estableció que desde "al menos 40 domicilios de la Argentina se llevaron a cabo las maniobras de distribución de material pornográfico de menores, lo que derivó en casi la misma cantidad de allanamientos simultáneos en todo el país. Uno de esos domicilios, en el ámbito de esta Ciudad, es aquel donde reside el médico ahora detenido".
Las fuentes consultadas explicaron que, en un peritaje hecho por la Gendamería y por colaboradores de la fiscal Dupuy, se descubrió que en dos computadoras utilizadas por el médico pediatra había archivos de imagen y video en los que sus protagonistas eran menores de entre seis meses y 14 años compelidos a realizar actividades sexuales explícitas.
El Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires se refirió al accionar del hospital Garrahan y destacó el hecho de que hayan separado preventivamente al profesional hasta tanto la justicia se expida, por considerar que estas son "las medidas institucionales pertinentes". La asesora tutelar, Yael Bendel expresó: "Estamos ante un caso de absoluta gravedad, ya que estamos frente a un profesional, que ejerce un cargo en un hospital de niños, atendiendo una población en extrema vulnerabilidad por cuestiones de salud y en muchas ocasiones vulnerabilidad social".
Y, tras destacar que en el 80% de los casos los perpetradores de estos actos "aberrantes" contra niñas, niños y adolescentes pertenecen a su centro de vida, de formación o entorno familiar, agregó: "Es importante estar siempre atentos e involucrarnos como sociedad. Las personas que cometen estos actos atroces son personas que muchas veces generan empatía y confianza con la víctima y se mueven cómodamente en sus entornos o tienen un status social o de poder".
LA NACIÓN publica solo las iniciales del médico pediatra detenido en el hospital Garrahan y muestra su imagen de manera restringida por cuestiones legales, con el objetivo fundamental de proteger la identidad e integridad de las potenciales víctimas del delito, que en este caso son menores de edad.
