Disparos a los tribunales. Detuvieron a un sospechoso: vive en el centro de Rosario, a cuatro cuadras del lugar del ataque

ROSARIO. En plena investigación de las amenazas narco a Canal 5 y sus periodistas, un hombre con antecedentes penales fue detenido hace instantes como presunto autor del ataque a mano armada contra los tribunales federales. En 2019, durante una salida transitoria, ya no regresó a la cárcel, donde purgaba condena por robo calificado por el uso de armas y la intervención de un menor de edad. Nadie más lo buscó: hasta trabajaba en un conocido local gastronómico de la avenida Pellegrini, cerca del Parque Independencia. Lo arrestó la Policía Federal en su casa, situada en San Lorenzo y Bulevar Oroño, en pleno centro de la ciudad y a cuatro cuadras de la sede judicial baleada el 28 de septiembre pasado a la madrugada.

Ese miércoles, a las 3.20, un hombre hizo dos disparos contra la garita de seguridad de los tribunales federales de Rosario. El atacante no escapó a toda velocidad, ni nadie lo esperaba en auto o moto para huir rápidamente. El tirador caminó de forma tranquila y con cierta parsimonia cuatro cuadras por calle Oroño, en pleno centro de Rosario, hasta San Lorenzo, y allí desapareció, de acuerdo al registro de las cámaras de seguridad. Nadie lo persiguió. En ese lugar, donde su imagen se pierde, hay un punto ciego de los sistemas de videovigilancia –las copas de los árboles impiden que la cámaras filmen la zona hacia la cual el tirador se dirigió–, algo que llamó la atención de los investigadores que sospechan que el atacante sabía que su imagen iba a desaparecer en los videos.

El hecho de que el sospechoso detenido hoy, identificado como Guillermo Sebastián Camarasa, de 35 años, viva precisamente ahí sugiere que podía haber conocido esa circunstancia que jugaba a su favor. Ya en esos primeros días, los investigadores del caso, sorprendidos por el llamativo comportamiento del hombre que quedó filmado tras atentar contra el edificio de los tribunales federales, evaluaron que podía haber tenido una “zona liberada” para realizar el ataque o que conocía la disposición y el monitoreo de las cámaras, que están conectadas al sistema 911 de la policía.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante la investigación se determinó que el imputado utilizaba gran cantidad de teléfonos celulares.

“La fiscalía logró determinar que el hombre regresó a los tribunales federales luego del ataque. Puntualmente, se lo vio caminando por la puerta del edificio. Además, se lo observó en el momento en que arrojó a un contenedor de residuos municipal un par de zapatillas, un blíster de tarjeta SIM y papeles con anotaciones. Ese material fue resguardado por la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, debido a que se trataría de material probatorio relevante”, informó el Ministerio Público Fiscal en su portal informativo fiscales.gob.ar.

El otro punto llamativo de este atentado, que lo llevó adelante una sola persona que disparó el miércoles contra la garita del ingreso al edificio de la Justicia Federal, apunta a los cuatro prefectos que estaban destinados durante esa madrugada a la custodia del lugar donde funcionan los tribunales federales.

Cuando se produjo el atentado, ninguno de los efectivos salió a perseguir al atacante. Tampoco observaron las cámaras de seguridad del edificio, que habían registrado dos disparos. Uno de ellos rompió la garita que está en el ingreso por Oroño al 900, donde no había nadie a esa hora. El otro disparo falló.

Los prefectos estaban durmiendo dentro del edificio y percibieron recién a las 7 que alguien había disparado, cuando abrieron la puerta de rejas que está a la entrada. Se encontraron con un agujero en el vidrio de la garita, que la perforó de lado a lado.

A esto se suma que los prefectos que sucedieron a los que habían pasado la noche no avisaron a un fiscal ni a la policía que el vidrio de la garita de ingreso había sido roto por un balazo. Tampoco resguardaron la escena del hecho. Los empleados judiciales que ingresaron esa mañana lo hicieron por el lugar donde había sucedido el atentado, donde había vidrios desparramados por el suelo. Recién a las 8.30 se valló la zona, por sugerencia de los magistrados que trabajan allí.

“El comportamiento de la Prefectura es muy llamativo. No sabemos si es por desidia o por otra cuestión”, admitió un magistrado del fuero federal. Los funcionarios que trabajan en el edificio baleado expresaron su malestar por las deficiencias en la seguridad. La sospecha es que este ataque podría haber sido planeado por las organizaciones criminales que están siendo sometidas a investigación y en juicio, como sucedió a partir de 2018 con los edificios judiciales baleados del fuero provincial. Podrían haber tenido apoyo de una fuerza de seguridad.

El otro punto oscuro de esta trama es que el atacante caminó cuatro cuadras después de disparar por una calle céntrica de Rosario y ningún policía tampoco lo persiguió o lo detuvo. Las cámaras de vigilancia están conectadas con el sistema 911 de la policía, pero ningún efectivo de la fuerza provincial intervino.

La investigación del atentado está en manos del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, que tomó declaraciones a los prefectos y dio intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación con el fin de mejorar la nitidez de las imágenes obtenidas por las cámaras de video. Aún no se revelaron más detalles de la pesquisa, pero se especula con que lograron su cometido y eso contribuyó a la identificación del sospechoso detenido.

Luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se comunicara con el titular de la Cámara de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, para expresarle la preocupación y darle el respaldo del máximo tribunal a los funcionarios y empleados del fuero federal rosarino, los edificios de la Justicia federal de esta ciudad tienen ahora una custodia reforzada, similar a la que se había dispuesto a fines de 2018 cuando se realizó el primer juicio por narcotráfico a la banda de Los Monos.

La fiscalía federal Nº1 requirió a la Central de Emergencias del 911, a cargo de la policía de Santa Fe, informe si en la franja horaria del hecho se registraron incidencias en la zona del tribunal. Arzubi Calvo le dio intervención a la Unidad de Antiterrorismo de la Policía Federal y notificó a la Cámara de Apelaciones de Rosario y a la Procuración General de la Nación para que se refuerce la seguridad en los edificios del fuero federal en Rosario, que por primera vez son blanco de un ataque a balazos.

Fuentes de la Justicia Federal advirtieron que los empleados “se sienten desprotegidos ante esta situación de extrema gravedad”, aseguró un alto funcionario del tribunal. Es la primera vez que un edificio del fuero federal es blanco de un ataque. Hasta ahora la mira de los tiradores había estado puesta en la Justicia provincial, sobre todo en el Centro de Justicia Penal (CJP), que fue baleado en varias oportunidades y estuvo vallado en un radio de dos manzanas hasta hace dos meses.

Rosario se transformó en una ciudad donde todo puede ser blanco de las balas. Los disparos cargan mensajes que no necesitan ningún texto para explicar el móvil del ataque. El pánico supura de manera instantánea y queda como una leyenda acuñada a sangre y fuego. Desde 2018 los edificios públicos se transformaron en un blanco elegido por los narcos para generar terror, expresar que con poco –un muchacho en moto con una pistola– se puede causar un impacto grande, con la garantía de que en el momento nadie será atrapado. Esta vez le tocó por primera vez a un edificio de la Justicia Federal, hasta ahora indemne de los balazos.

Desde mayo de 2018 se produjeron más de 20 ataques a tiros contra edificios públicos, entre ellos, el Centro de Justicia Penal, el Servicio Penitenciario, la fiscalía de Rosario, el Concejo Municipal y ahora el Distrito Sur, además de las residencias de magistrados. Es una mecánica que se repite ante la escasa prevención.