Doce años prófugo: se entregó Piti, el hermano de Marcos, el otro rey narco de la villa 1-11-14

La llamada telefónica del abogado Juan Alfredo Sánchez Ortiz sorprendió a los investigadores. Nadie se esperaba lo que se adelantaba en la comunicación: un prófugo con captura nacional e internacional desde octubre de 2010 se iba a entregar. Pero era cierto: hoy al mediodía Fernando Estrada Gonzáles, alias Piti, se presentó en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Se trata del hermano de Marcos Estrada Gonzáles, conocido como Marcos. Ambos, durante 20 años, fueron los reyes narcos de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Ganaron el territorio a fuerza de balas y terror.

En las próximas horas, Piti será indagado por el juez federal Ariel Lijo y los fiscales Eduardo Taiano y Diego Iglesias, funcionarios a cargo de la investigación. Lo último que supieron los investigadores, hasta la llamada que hizo ayer su abogado para avisar de la intención de entregarse, es estaba en Perú.

No hubo un operativo especial. Hoy en la sede de la Procunar, en el edificio de la Procuración General de la Nación, en Perón al 600, lo esperaron dos oficiales de la PFA. El narco llegó acompañado del abogado que ayer hizo la llamada, Sánchez Ortiz.

En 2020, en los alegatos del juicio donde Marcos fue condenado a la pena única de 24 años de cárcel, el fiscal Diego Velasco sostuvo, como lo hizo en varias resoluciones cuando era juez federal, el ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti.

“Conforme la hipótesis criminal planteada por este Ministerio Público en el dictamen de fecha 19 de mayo de 2021, la investigación tuvo como objeto determinar la existencia y continuidad de la organización dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes que opera dentro del ámbito de la Villa 1-11-14 de esta Ciudad, a través de un sistema de turnos que viene funcionando desde hace más de dos décadas en un sector, de siete hectáreas, conocido como ´El Sector de los Peruanos´ dentro del asentamiento poblacional villa 1-11-14 del Bajo Flores”, afirmaron los fiscales Taiano e Iglesias y el auxiliar fiscal Matías Álvarez en marzo del año pasado cuando pidieron una serie de detenciones y allanamientos relaciones con el negocio narco de la banda de Marcos y Piti.

El próximo 31 de mayo, Piti, de nacionalidad peruana, cumplirá 57 años. En la Argentina había sido condenado por el homicidio de Antonio Gallardo, ocurrido el 11 de junio de 1988 en inmediaciones del complejo conocido barrio Rivadavia II, frente a la manzana 24 de la villa 1-11-14. Cumplió la pena impuesta por la Justicia y maneja su parte del negocio narco desde Perú.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la investigación, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) habían viajado a Perú tras los pasos de Piti. Sabían que estaba allá porque habían tenido noticias de un accidente de moto que había sufrido y que lo tuvo internado.

En la Argentina, el hermano de Marcos entró de manera ilegal. Todavía, los investigadores judiciales, quieren dilucidar qué jugada se esconde detrás de la entrega del prófugo.

“No hay dudas de que se trató de una jugada disruptiva”, analizó una fuente judicial que desde hace más de 15 años investiga el negocio narco en la villa 1-11-14.

Los investigadores judiciales están convencidos de que Piti seguía al mando del negocio narco en la villa 1-11-14 desde Perú y que sus subordinados recibían órdenes de él.

En un dictamen firmado en febrero pasado, el fiscal Taiano y el auxiliar fiscal Álvarez citaron la declaración de un narco arrepentido identificado como “Imputado colaborador 1″ donde sostuvo: “Piti había dado la orden de que se mate a cualquiera que se regale en la calle”.

La banda narco históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzales llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas.

Así lo sostuvo el juez federal Lijo en una resolución de octubre de 2021 cuando procesó con prisión preventiva a 12 supuestos integrantes de la banda, entre ellos Johny Ray Arnao Quispe, alias Pantro, que para la Justicia cumplía un rol clave dentro del clan.

“Nada ha impedido que la banda continúe con idéntica actividad en los mismos lugares y a través de idéntica modalidad operativa. Lo que bien podría explicarse, de alguna manera, en función de la recaudación que los libros [anotaciones a mano secuestradas en diversos allanamientos] ilustran, que sería de entre 500.000 y 900.000 pesos por día”, detalló Lijo en la citada resolución.

Pantro había sido detenido el 23 de septiembre de 2021 por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA). Su detención y las de otros 22 sospechosos habían sido solicitadas por los Taiano, Iglesias y Cecilia Amil Martín, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide) del Ministerio Público porteño.

“Las tareas de investigación desarrolladas hasta el momento por la Policía Federal, así como la declaración de un testigo de identidad reservada, posicionan a Arnao Quispe como el actual jefe de la organización narcocriminal, siendo quien coordinaría y supervisaría la distribución de drogas en ambos turnos en los que trabaja la banda a través de los puntos de venta”, sostuvieron en su dictamen los fiscales Amil Martín, Iglesias y Taiano, constituidos en un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), figura prevista en el nuevo Código Procesal Penal federal que permite constituir grupos de trabajo de distintas jurisdicciones para investigar un tipo de materia delictiva, en este caso, narcotráfico.

El magistrado afirmó: “Entiendo que las constancias probatorias recolectadas desde un comienzo sirven para aseverar que [Pantro y los otros 11 procesados] integraron hasta sus respectivas detenciones, junto a un nutrido e indeterminado grupo de personas, una organización destinada a concretar actividades de tráfico de narcóticos en el interior e inmediaciones de la villa 1-11-14, logrando montar un andamiaje tal que les permitiera mantener la hegemonía territorial de un vasto sector de aquel asentamiento, controlando varios pasillos e inmuebles ubicados allí, empleando constantemente una cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones con la evidente finalidad de impedir la ocurrencia de situaciones conflictivas que pongan de alguna manera en riesgo el normal desarrollo de las referidas maniobras”.