Pidieron 24 años de cárcel para Marcos, el capo narco que facturaba $14.000.000 por mes

En un alegato que se hizo por medio de la plataforma Zoom y que el Centro de Información Judicial (CIJ) transmitió por Youtube, el fiscal general Diego Velasco pidió una pena única de prisión de 24 años de cárcel para Marco Estrada Gonzáles, más conocido por su alias de Marcos, al considerarlo jefe de una organización narco que, entre 2009 y 2017, operó en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, y que llegó a facturar $14.000.000 mensuales.

Velasco solicitó esa pena ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N º3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.

El fiscal pidió 17 años de prisión para Marcos pero, como tenía una condena anterior a diez años de cárcel, solicitó que se le unifique en una única pena de 24 años.

"Tres fuerzas de seguridad, la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era lidera por Marco Estrada González, Silvana Salazar y Pitty [por Fernando Estrada González, hermano de Marcos y aún prófugo]. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14 [zona también barrio popular padre Richiardelli], nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Pity. Esperemos que este juicio logré cambiar algo", afirmó en su alegato el fiscal Velasco.

Estrada Gonzáles, su esposa y otros 23 sospechosos habían sido detenidos el 16 de diciembre de 2016 en operativos realizados por detectives de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del por entonces juez federal Sergio Torres, hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En la investigación que derivó en las detenciones de diciembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Juan Pedro Zoni y la Procuraduría de Narcocriminal (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

Velasco solicitó que Salazar sea condenada a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra pena de ocho años, mientras que para su suegra Lucía Enríquez Alarcón pidió cuatro años y seis meses como partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes, según informó la agencia de noticias Télam.

El representante del Ministerio Público pidió al TOF N° 3 que condene a otros 34 imputados a penas de entre uno y 12 años y medio de prisión por distintos delitos, como así también la absolución de tres de los acusados, y le pidió a los jueces el decomiso del dinero y bienes secuestrados durante la investigación.

Durante el debate, la fiscalía contó con la colaboración de la Procunar y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

"Estrada Gonzáles y su mujer eran quienes diseñaban la modalidad operacional de la banda y recibían el mayor porcentaje de lo producido económico de la actividad ilícita", había afirmado Torres en enero de 2017 cuando procesó a Marcos, su esposa y el resto de la banda.

Como sucedió en las anteriores audiencias desde que se reanudó el juicio después de un impasse por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y la feria judicial extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en medio de la pandemia de Covid-19, parte de los acusados siguieron el alegato desde sus lugares de detención en Ezeiza, Marcos Paz y Villa Devoto.

Según explicó el representante del Ministerio Público durante su alegato y como había sostenido en sus resoluciones el por entonces juez Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Pity.

En un turno de 28 días, según dijo el fiscal Velasco, se podía llegar a recaudar 14.000.000 equivalentes, en su momento, a 900.000 euros.

La equivalencia con la moneda europea no fue casual. En la resolución donde procesó a Marcos, Salazar y otros sospechosos, el juez Torres había sostenido que la banda narco cambiaba pesos por euros en una agencia de Villa Celina, en La Matanza.

"Quedó asentado a lo largo de la extensa pesquisa desplegada por los investigadores que Gladys Santos Carhuachín, una de las procesadas, –o cualquiera de sus colaboradores-acudía, al menos una vez por semana, a la agencia a efectos de cambiar dinero por divisas extranjeras. En un primer momento, el cambio de los pesos argentinos era por dólares estadounidenses. Sin embargo, con el avance del tiempo se comenzó a adquirir euros. Ello no resulta llamativo si se tiene en cuenta que la moneda de la Unión Europea ofrece billetes de 500 euros, lo que posibilita reducir el volumen del dinero obtenido; considerando, claro, que los montos que la imputada cambiaba, generalmente, rondaban los 70.000 euros semanales", había afirmado el juez federal Torres en la página 320 de su resolución.

En su alegato, el fiscal Velasco hizo una aclaración sobre el valor de las multas que solicitó junto a las penas de prisión. Dijo que iba si bien era el máximo de las multas establecidas parecían sumas ilusorias por la inflación.

Para Marcos solicitó una multa de 33.700 pesos y que se lo declare reincidente. Para el fiscal, Marcos era el organizador de una "empresa destinadas al tráfico de estupefacientes".

En parte de las 400 páginas de la resolución de enero de 2017, el juez Torres hizo un resumen de la historia criminal de la organización presuntamente liderada por "Marcos". Desde 2010 el magistrado identificó a más de 150 sospechosos vinculados con ese grupo, que habría comenzado a operar en el Bajo Flores en 1996. En diferentes juicios en los tribunales de Comodoro Py fueron condenados más de 60 imputados. El propio Estrada Gonzáles, en un juicio abreviado donde admitió su culpabilidad, recibió una pena de seis de años de cárcel, pero en 2013 recuperó la libertad.

"Resulta trascendente señalar que la organización criminal analizada habría logrado a esta altura un grado de andamiaje y coordinación tal que le ha permitido mantenerse erguida en el tiempo, pese a los esfuerzos estatales por resquebrajar su estructura y poner fin a la concreción de los delitos en estudio", afirmó el juez.