El ministro Marcelo Saín impulsa en Santa Fe una amplia reforma policial

ROSARIO.-En medio de la pandemia, que cambió la agenda del gobierno provincial para poner como única prioridad el problema sanitario, empieza por primera vez en Santa Fe, una provincia castigada por la violencia derivada del narcotráfico y las luchas territoriales entre organizaciones criminales, a tomar cuerpo una reforma integral de la seguridad, con cambios profundos en la policía, que está regida por una base normativa que nunca se alteró desde 1975.

Después de algunas dudas del gobernador Omar Perotti, tras una intensa discusión que protagonizaron el ministro de Seguridad Marcelo Saín y el jefe de la Policía Vïctor Sarnaglia, el mandatario anunció que enviará a la Legislatura provincial tres proyectos de reforma del sistema de seguridad, que elaboró Saín con su equipo.

Esta discusión sobre la reforma, que tendrá eje en la Legislatura local, tras una serie de discusiones en foros de las universidades de Rosario y Santa Fe, se inicia en un contexto complicado en materia de inseguridad, que sólo pudo apaciguar hasta ahora la cuarentena obligatoria. El desafío político pasará por discutir una reforma en medio de otra epidémica, la de la violencia urbana.

Una de las proclamas que llevó a Perotti a la gobernación fue solucionar este problema y generar "paz y orden". Insistió en la apertura de sesiones legislativas que "es un imperativo la modernización del sistema de seguridad pública de Santa Fe".

Las dos principales ciudades de la provincia acarrean problemas de violencia que tuvieron su pico en 2013 –con 264 homicidios ese año en Rosario– tras el estallido de la guerra narco y a partir de ese momento los índices comenzaron a descender de forma leve, con la baja más pronunciada en 2017.

Este año las alarmas se volvieron a encender con un incremento de los asesinatos, en algunos casos de fuerte repercusión social, comoel ataque al casino de Rosario y el reciente homicidio en un robo del exfutbolista Tomás Carlovich. En tres meses se sumaron 70 asesinatos en Rosario y 132 en toda la provincia.

Las bandas criminales más pesadas, que son en parte responsables de generar esta espiral de sangre y balas, como Los Monos,el clan Alvarado, los Ungaro y Funes, no podrían haber crecido y funcionado sin la participación en el negocio de la venta de drogas de la policía, como lo demuestran las principales causas judiciales donde hay jefes de la fuerza provincial involucrados.

El entredicho que protagonizaron Saín, un funcionario con un perfil técnico, pero acostumbrado a embarrarse en recurrentes polémicas, y Sarnaglia, un jefe policial retirado que volvió a la fuerza convocado por Perotti, formó parte del proceso previo de debate de la reforma, que tiene un esquema en el que el jefe de la Policía de Santa Fe no mantendrá el actual poder de conducción sobre una fuerza que posee 21.000 efectivos, divididos en 19 unidades regionales.

El plan de reforma diseñado por el Ministerio de Seguridad santafesino se sustenta, según Saín, en tres columnas. En el proyecto de "ley del sistema policial" de Santa Fe la mirada del ministerio es que se necesita una actualización de la ley orgánica, por lo que prevén distinguir "dentro del sistema policial entre los servicios de prevención, investigación y control, en busca de la especialización y profesionalización", según advirtió el responsable de la cartera.

Las otros dos ejes que completan ese diseño, en el que trabajan desde diciembre Saín y el secretario de Seguridad Germán Montenegro, son la "ley de seguridad pública de Santa Fe" y la de "control del sistema policial". El primer proyecto de ley establece las bases jurídicas e institucionales del sistema de seguridad, con toda la estructura gubernamental, la conducción política del sistema policial, los lineamientos en materia de gestión del conocimiento en seguridad, y el abordaje de lo que denominan "bienestar policial" y una visión de políticas de género.

Tribunal interno

En la ley de control policial, según el proyecto al que accedió la nacion, será creado un "tribunal de disciplina policial", que se integrará con dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. Este órgano va a juzgar a nivel administrativo a los policías que sean acusados por una "Inspectoría General", una especie de fiscalía interna, que va a realizar los sumarios ante faltas "graves o muy graves".

El agente que sea acusado por la "Inspectoría General" se podrá defender con un abogado particular o con un letrado asesor de la "Defensoría Disciplinaria", la tercera pata de este esquema en el que -según afirman en el gobierno- se asegura "el debido proceso", que será oral. La Inspectoría General también tendrá entre sus funciones un abordaje preventivo. Por eso se mencionan entre sus prerrogativas la posibilidad de realizar auditorías de recursos humanos y contables de las unidades policiales, como así también inspecciones en las dependencias.

El dilema es si estos cambios van generan un cimbronazo dentro de la policía. El relevo de los 31 jefes de unidades regionales en diciembre pasado, cuando asumió la nueva gestión derivaron en un incremento de los asesinatos y hechos de inseguridad en las principales ciudades, una tendencia que sólo se cortó por la cuarentena. Saín confía en que la policía se va a encuadrar a la conducción política. El problema, como escribió Saín en el libro El Péndulo, con respecto a la reforma policial en Buenos Aires, es la resistencia del establishment político.

La semana pasada, Saín amenazó con renunciar si el gobernador no enviaba estos tres proyectos de reforma a la Legislatura, donde el peronismo está en minoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la idea es que las leyes ingresen por esa cámara donde el ministro espera sumar el consenso del Frente Progresista, que es mayoría.

Aunque Saín y Perotti lanzaron duras críticas contra el socialismo por la gestión en seguridad buscarán un aval del exgobernador Miguel Lifschitz. Prefieren que las leyes ingresen por Diputados, porque en el Senado provincial, la reforma tendrá más resistencia, en un sector de legisladores peronistas, liderados por Armando Traferri está enfrentado con el ministro, que intervino la policía de su localidad, San Lorenzo.