“Hostil e irreverente”. El narco que manejaba su banda desde la cárcel y prometió “balas y granadas” para funcionarios y fiscales

Entró a la cárcel por robo, y desde entonces, parece, fue perfeccionando su carrera en el crimen. Convirtió la celda en su centro de operaciones. Primero en la Penitenciaría de Rosario; luego, en el penal federal de Rawson, Chubut. Tras las rejas comandaba una banda narcocriminal que domina la distribución de drogas en Venado Tuerto y otras zonas del sudoeste santafesino. Y también repartía amenazas. Quienes lo investigaron sostienen que lo hacía con métodos ultraviolentos: para el que no cubría las deudas, para el que quería quedarse con su dinero, ordenaba “un tiro de la cintura para abajo”; lo mismo para los “traidores”, como cuando, según la imputación, mandó a que le descargaran una ametralladora a una exsecuaz que se había independizado y comercializaba sustancias en su propio búnker.

Y tiene más causas: está imputado como ideólogo del homicidio de Érika Ávalos, acribillada de 17 tiros en Firmat. Y, también, como el autor de las amenazas a un intendente, un senador provincial, una fiscal provincial y un fiscal y un juez federal, para quienes prometió “balas y granadas para todos”. De todo eso se lo acusa a Matías Ernesto Álvarez, el Bicho, que este lunes podría sumar una nueva condena, en un juicio en el que, según su acusador, se mostró “hostil e irreverente” hacia la autoridad del tribunal.

El fiscal general Fernando Arrigo solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que le imponga una pena de 18 años de cárcel como organizador y financista de una red de células narco que controlan la comercialización de estupefacientes en el “empeine de la bota” de Santa Fe. Esas bandas siguen activas. Tanto, que el 5 de abril pasado la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó 30 allanamientos en Venado Tuerto, Rosario, Firmat y San Gregorio, y en las cárceles de Melincué, Piñero y Marcos Paz, donde actualmente está alojado el Bicho Álvarez, en el marco de otra causa en la que se le atribuye manejar los hilos del narcotráfico desde prisión.

Álvarez enfrenta más cargos en este juicio, que comenzó el 6 de febrero pasado, y que requirió que los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero se trasladaran a Venado Tuerto para desarrollar las audiencias en la Casa del Bicentenario del Municipio: entre ellos, la tenencia ilegal de armas –con las que surtía las filas de sus “soldaditos”– y haber ideado el ataque contra la casa de una mujer que había sido parte de su banda; esa joven estuvo imputada en esta misma causa, pero aceptó la imposición de una pena en un juicio abreviado.

Para otros cuatro imputados, el fiscal federal Arrigo solicitó penas de entre 7 y 9 años de prisión.

En el inicio de las audiencias, el Bicho Álvarez se mostró irreverente, desafiante. Tanto, que el fiscal señaló el comportamiento “hostil” hacia el tribunal que lo juzga. Durante la primera semana de debate, además, se produjo la amenaza masiva de “balas y granadas para todos” enviada por WhatsApp al senador provincial Lisandro Enrico, pero que incluyó a otras figuras influyentes de la política y la Justicia en la provincia: entre ellos, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; la fiscal provincial Susana Pepino; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa.

Por las intimidaciones fue imputado Nahuel Novelino, un hombre que acumula causas por narcotráfico y que ya era investigado por amenazas previas contra el senador Enrico y el intendente Chiarella. A Novelino lo indagaron como presunto ideólogo de los nuevos mensajes –que reclamaban que se dejaran “de meter presa a gente inocente” e incluía la aclaración “el que avisa no traiciona”–, pero la presunción es que los mandó Álvarez. De hecho, la pesquisa comprobó que los mensajes se habían hecho desde el penal de Chubut en el que había estado alojado Novelino y en el que, en ese momento, seguía, el Bicho.

Las imputaciones

En su alegato, Arrigo señaló que Matías Álvarez “lideraba desde la prisión una organización” junto a su hermano Luciano y a Maximiliano González (también detenidos) y con Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez, que están libres. Según precisó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, “el debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados y se tuvo por probado el vínculo entre los imputados como parte de una misma organización, como también la tenencia de sustancias con fines de comercialización en ocho domicilios distintos”.

A los cinco se les atribuyó la tenencia con fines de comercialización de marihuana y cocaína fraccionadas y listas para su venta al menudeo, incautadas tras el primer gran golpe a la banda del Bicho, en 2018. Álvarez fue señalado como “organizador y financista de las maniobras delictivas”.

Álvarez fue acusado de ordenar la balacera contra una exintegrante de su banda que se había abierto para hacer negocios por su cuenta. Según la acusación, “había dirigido la operatoria telefónicamente y desde el interior del complejo penitenciario donde se encontraba detenido, además de haber suministrado los elementos necesarios para llevarla a cabo y señalar a su destinataria”.

La investigación reveló que la primera orden que dio Álvarez fue que se subieran al auto de la “traidora”, con ella dentro, y le “descargaran una metra”. Los sicarios, al parecer, no se animaron a tanto. El 29 de noviembre de 2018 pasaron en moto por la puerta de la casa de la mujer y la acribillaron. Se salvó y más tarde aceptó un trato con la Justicia

Así, el fiscal federal Arrigo solicitó que se lo condene a una pena de 18 años de prisión y al pago de una multa de 4,5 millones de pesos como autor de los delitos de organizador y financista de la organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas, en concurso real con los delitos de instigador de disparo de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Como Álvarez ya había recibido una condena previa, por robo, el representante del Ministerio Público solicitó que se le aplique una pena unificada de 21 años de prisión y que se declare su reincidencia.

La lista de acusaciones del fiscal siguió con el pedido de 9 años de cárcel y multa de 1,2 millones de pesos para Kevin Aranda y Maximiliano González (para este, con una unificación de una condena previa hasta llevar el castigo a 13 años de prisión y la declaración de reincidencia); y de 7 años y multa de 600.000 pesos para Luciano Álvarez y Daniel Núñez, con la declaración de reincidencia para ambos; de hecho, el hermano del Bicho ya cumplió dos sentencias.

Calificativos

En los casos de Matías y Luciano Álvarez, Aranda y González, el fiscal Arrigo consideró como agravantes “la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.

En cuanto al líder de la organización, según se precisó en fiscales.gob.ar, Arrigo señaló como otra agravante “su edad y madurez a la fecha de los hechos, sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido los hechos cumpliendo una condena a prisión”. También resaltó “un comportamiento hostil e irreverente constante hacia el tribunal […] que denota un profundo querer desconocer la autoridad y desapego a las normas de convivencia”, y la multiplicidad de hechos que se le atribuyen.

En el caso de Luciano Álvarez, el fiscal consideró como agravantes sus antecedentes penales, su actitud al momento de ser detenido (uno de los testigos del operativo afirmó que amenazó a una mujer policía con violarla y matarla), el rol desempeñado dentro de la organización y la multiplicidad de hechos que se le imputan.

En cuanto a González, Arrigo destacó sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido el hecho por el que fue imputado mientras gozaba de salidas laborales. Y, finalmente, en relación con Núñez destacó la multiplicidad de hechos que se le endilgan, la cantidad droga incautada en cada uno de los allanamientos realizados contra la finca que habitaba, la forma violenta en la que llevaba adelante la actividad ilícita que se le atribuye y sus antecedentes penales.