“En Rusia estuve preso 11 años porque hablé contra el régimen de Putin”, dijo Konstantin Rudnev, acusado de montar una secta en Bariloche

El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado por presunta trata de personas que tramita la Justicia Federal de Bariloche, rompió el silencio al criticar al sistema penitenciario y defender la necesidad de impulsar reformas en materia de ejecución penal.

Rudnev, quien el 1 de abril del año pasado fue detenido por este hecho, reveló además que en total estuvo “12 años preso”, 11 de los cuales fueron en su país “por hablar contra del régimen de [Vladimir] Putin, en contra de la guerra y en contra de ese horror que está ocurriendo en distintos países”.

El entorno del imputado le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que esto es el inicio de una toma de posición pública por temas no solo judiciales, sino también políticos y sociales como las guerras y los sistemas de encarcelamiento.

En este primer mensaje, Rudnev abordó su experiencia en prisión, formuló una crítica profunda al sistema penitenciario y defendió la necesidad de impulsar reformas en materia de ejecución penal.

El video llegó días después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la prisión domiciliaria que cumplía, aunque condicionó cualquier traslado a una unidad penitenciaria a la realización previa de una evaluación médica integral.

El ciudadano ruso se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica y permanece bajo seguimiento médico permanente.

Su defensa, a cargo del abogado Martín Sarubbi, anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el proceso continúe bajo arresto domiciliario en la ciudad bonaerense de San Vicente.

En el comienzo del mensaje, Rudnev se presentó como un perseguido político: “Estuve en prisión durante más de doce años en total. Y pasé todo ese tiempo allí como preso de conciencia”.

“En Rusia estuve preso 11 años porque hablé en contra del régimen de Putin, en contra de la guerra y en contra de ese horror que está ocurriendo en distintos países”, sostuvo.

A lo largo de la grabación, Rudnev planteó que las cárceles no cumplen una función positiva para la sociedad.

“El hecho es que las cárceles son un vestigio de otra época. Las cárceles deben ser abolidas”, expresó.

Según su visión, el encierro no contribuye a la reinserción social sino todo lo contrario: “Ninguna persona se volvió mejor estando en prisión”.

“Por el contrario, las personas empeoran. Se vuelven más endurecidas y más proclives al delito”, afirmó.

El imputado también vinculó el encarcelamiento con el deterioro físico y psicológico de las personas detenidas, y propuso que los sistemas judiciales modernos amplíen el uso de medidas alternativas.

“Las cárceles deben ser reemplazadas por otras medidas cautelares, por ejemplo, la prisión domiciliaria, para que una persona pueda permanecer en su hogar junto a su familia”, sostuvo.

Señaló que la convivencia familiar y la religión son herramientas más eficaces para la transformación personal que el encierro intramuros.

“Solo en esas condiciones una persona puede corregirse y mejorar”, agregó.

Rudnev también puso el foco en el impacto del encarcelamiento sobre las familias: “Las cárceles separan a las personas de sus familias, dejan a los hijos sin padre y privan a los padres de ver a sus hijos durante años”.

Y amplió: “Si la sociedad fuera más humana, más compasiva y más religiosa, también disminuiría la delincuencia”.

Para el ciudadano ruso, la respuesta a los problemas sociales no puede limitarse al endurecimiento de las penas.

Durante la audiencia ante la Casación, Sarubbi cuestionó tanto la admisibilidad del recurso fiscal como el fondo de los argumentos utilizados para pedir el regreso a prisión.

Remarcó que durante todo el arresto domiciliario Rudnev no registró ningún incumplimiento y que todos los traslados médicos fueron autorizados y ejecutados bajo custodia oficial.

La defensa insistió en que el cuadro clínico —afecciones en los pulmones y complicaciones postoperatorias— fue corroborado por estudios médicos y por la propia cirugía, elementos que a su criterio justifican una medida menos gravosa que la detención en una unidad federal.

También cuestionó el tratamiento dado a las sustancias halladas durante los procedimientos: según peritajes de Gendarmería Nacional incorporados al expediente, los medicamentos encontrados no constituían estupefacientes ni drogas ilegales.

La defensa considera que resulta incomprensible que se siga utilizando el término “narcotráfico” cuando ni siquiera existen drogas incorporadas como evidencia en la causa.

Mucho menos se han identificado compradores, operaciones de venta, beneficiarios, organizaciones de distribución o cualquier otro elemento que permita sostener una acusación de esa naturaleza.

Otros argumentos de la acusación también son rechazados por la defensa.

Sobre la supuesta organización criminal, Sarubbi sostiene que no existen pruebas concretas de una estructura con jerarquías, roles definidos ni actividades coordinadas en Argentina, y que utilizar la coincidencia temporal de viajes de ciudadanos rusos como indicio carece de valor probatorio.

Respecto del riesgo de fuga, el entorno de Rudnev señala que los bienes mencionados en la investigación no le pertenecían y que el dinero secuestrado —unos 6000 dólares suyos y una suma similar de su esposa— no permite concluir que disponía de recursos excepcionales.

Además, denuncian que en algunas exposiciones judiciales se omitió mencionar al propio Sarubbi como segundo garante del arresto domiciliario, lo que generó una imagen incompleta del esquema de supervisión.

Un elemento que el entorno de Rudnev destacó como contradicción central es la posición de la presunta víctima: la mujer identificada como “E.” declaró reiteradamente que no se considera víctima de los hechos investigados y sus propios representantes legales cuestionaron el accionar de los fiscales.

LA NACION

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