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Escándalo judicial: 20 operativos en la investigación por armado de causas
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Mientras los primeros detenidos en la causa donde se investiga una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados fueron indagados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, detectives de la Policía Federal Argentina realizan hoy 20 operativos con el objetivo de secuestrar pruebas de interés para el expediente y notificar a nuevos imputados.
Así lo informaron a LA NACION fuentes que participan de la investigación. En la causa hay dos funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro detenidos. Se trata de Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch, quienes se desempañaban como secretarios del fiscal Claudio Scapolan.
Scapolan está imputado, lo acusan de ser el jefe de la asociación ilícita. Fue citado a prestar declaración indagatoria mañana a las 10. Como tiene fueros no puede ser detenido. Estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación por presunto armado de causas junto a policías tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.
Según pudo saber LA NACION, anteayer Scapolan pidió una licencia extraordinaria de tres meses sin goce de sueldo. Lo hizo por medio de un correo electrónico. El viernes pasado, en los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado le secuestraron sus teléfonos celulares.
"La imputación al fiscal Scapolan es por ser jefe de una asociación ilícita. Lo señalaron en ese rol imputados arrepentidos, testigos protegidos y diversas víctimas. Los secretarios Sanvitale, Jarisch y algunos policías están considerados organizadores", explicaron fuentes judiciales.
La sospecha de los investigadores es que la supuesta asociación ilícita "plantaba" droga a supuestos narcos o inocentes para después extorsionarlos.
"Extorsionaban a inocentes y culpables. Se dedicaban a recaudar dinero. Se guardaban droga secuestrada en procedimientos para después armar causas y exigir dinero a las personas que le plantaban los estupefacientes. No discriminaban a sus víctimas, podían ser narcotraficantes o personas que no tenían vínculo con el delito, pero sí un importante nivel de vida", afirmó a LA NACION días atrás el abogado Damián Odetti, denunciante y querellante en la causa.
"Los operativos tienen como objetivo secuestrar prueba y notificar a nuevos imputados que no tienen orden de detención", explicaron las fuentes consultadas.
En las últimas horas, según pudo saber LA NACION, la jueza federal Arroyo Salgado había impuesto el secreto de sumario.
La causa tiene una decena de prófugos. Entre los imputados con pedido de captura hay tres abogados y detectives de la policía bonaerense.
Según informaron fuentes judiciales, uno de los prófugos es el oficial de la policía bonaerense Adrián Baeta. El uniformado cumplía funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Quilmes y fue un detective clave en el denominado operativo Leones Blancos, un procedimiento donde en diciembre de 2013 se secuestraron 500 kilos de cocaína.
Se sospecha, según fuentes judiciales, que la banda narco desbaratada en el denominado operativo Leones Blancos tenía, al menos, otros 500 kilos de cocaína que habrían sido robados por uniformados bonaerenses y fueron vendidos en la costa bonaerense durante el verano de 2014.
Pero, además, Baeta fue nombrado en otro expediente judicial de alto impacto: el homicidio del financista Diego Xavier Guastini, asesinado por sicarios en Quilmes el 28 de octubre pasado.
Baeta, según fuentes judiciales, era el jefe de la custodia de Guastini y fue la primera persona en llegar a la escena de crimen.
Guastini pudo haber sido el blanco de numerosas organizaciones criminales. Conocía con exactitud cuánto dinero movieron en los últimos años las grandes bandas narco que operaban en el país. Era quien se encargaba de entrar a la Argentina valijas llenas de los dólares y euros que se pagaban en Europa por valiosos cargamentos de cocaína. Cobraba un porcentaje por sus servicios, según reconstruyó en su momento LA NACION de tres fuentes judiciales.
El financista declaró ante la Justicia como arrepentido. Su aporte como imputado colaborador fue importante para el avance de numerosas causas judiciales.
"El que le da a Baeta el dato para hacer el operativo Leones Blancos fue Guastini. Él y otros policías le llevan la información a Scapolan y arman toda la movida", sostuvo un detective que participa de la causa.
El homicidio de Guastini es investigado por el fiscal Martín Conde, a cargo de una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes. Según pudo saber LA NACION, el fiscal federal Domínguez, ante las supuestas conexiones entre el asesinato del financista y la supuesta asociación ilícita, pidió la causa del crimen para leerla y definir si hay puntos de interés.
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