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Escuelas de La Matanza contrataron el servicio de salud de la “clínica del horror”, cuyos falsos médicos también revisaban a los presos en comisarías
Los acusados vendían el servicio de “área protegida” a los colegios con ambulancias conducidas por cuatro choferes que ni siquiera tenían registro
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LA NACIONGustavo Carabajal
Varios comisarios del partido de La Matanza contrataron los servicios de la clínica del horror que funcionaba en González Catán, San Justo, Laferrere y Virrey del Pino. Según se determinó en la investigación encarada por la Policía Federal y la Justicia, durante los últimos cinco años algunos de los titulares de las seccionales de la zona convocaron a los médicos de “ARS Salud” para que realizaran los informes sobre el estado de salud de los presos que ingresaban en las comisarías.
Los informes, conocidos como “precarios médicos”, eran confeccionados por profesionales que no estaban habilitados para ejercer la medicina y que concurrían en ambulancias o automóviles ploteados con la inscripción “ARS Salud” a las seccionales para revisar a los detenidos.
Con este servicio, los comisarios evitaban mandar a los presos a los hospitales públicos de La Matanza, cuyas guardias están saturadas.
Si bien la clínica comenzó en Virrey del Pino, en 2019, y tuvo como primer cliente al titular de esa seccional, hasta mayo de este año logró expandir sus actividades y los responsables del centro de salud instalaron un local con consultorios externos distribuidos en tres pisos del inmueble situado en Matienzo 5008, de González Catán. Varios comisarios de la zona contrataron los servicios para agilizar el trámite de ingreso de detenidos.
Pero, como si fueran un pulpo, los líderes de la organización criminal captaron como clientes a sindicatos, obras sociales y clubes a los que les ofrecían el servicio de aptos médicos para utilizar las piletas en las colonias de verano.
Además, se determinó que al menos 40 escuelas de la zona contrataron el denominado servicio de “área protegida” que aporta la cobertura integral de los alumnos cuando están en los establecimientos, en el horario de clases. En las últimas horas, las autoridades del Consejo Escolar de La Matanza ordenaron a los responsables de esas escuelas que se presenten ante la Justicia y denuncien de manera individual.
La estructura armada por los acusados puso en riesgo las vidas de los pacientes que se atendían en las clínicas “truchas”, de los alumnos que concurrían a las escuelas y que eventualmente debían ser asistidos en algunas de las ambulancias de ARS Salud en casos de descompensación o de accidentes en los establecimientos educativos y de afiliados que compraban los remedios en farmacias ilegales.
La situación de riesgo a la que fueron sometidos los alumnos de las escuelas se agravó a partir del momento en que se determinó que cuatro choferes de las ambulancias no tenían registro para conducir.
A esto se sumó el hecho de que los consultorios situados en Virrey del Pino, San Justo, González Catán y Laferrere carecían de la habilitación correspondiente.
En las últimas horas, el Ministerio Público de La Matanza solicitó a la Justicia de Garantías que seis de los 29 acusados sigan detenidos, acusados de formar parte de una asociación ilícita destinada a ejercer ilegalmente la medicina con títulos falsos.
El pedido de prisión preventiva incluyó a Alberto Rubén Santarceri, a cuatro integrantes de su familia y a Gabriel Musse. Todos los Santarceri aparecían en las fotos de las vidrieras de la clínica situada en González Catán.
Allí, cuando tomó estado público la noticia sobre el allanamiento en el centro de salud trucho, se conocieron los casos de dos vecinos de la zona cuyos familiares fallecieron después de haber sido atendidos en esos consultorios.
A partir de esos casos, la acusación para algunos de los arrestados podría agravarse con la figura de homicidio por dolo eventual.
Para confirmar esta sospecha será necesario exhumar los cuerpos, someterlos a peritajes que permitan determinar un nexo causal entre las muertes y la atención deficitaria y criminal de los acusados que se hacían pasar por médicos.
Según fuentes judiciales, esta parte de la investigación se desarrollará durante los próximos diez meses, plazo que tiene el Ministerio Público Fiscal para completar el sumario y requerir el juicio oral para los imputados.
Desde el 20 de mayo pasado, cuando se realizaron los allanamientos, hasta la actualidad, se presentaron médicos que residían en España, Chubut y distintas ciudades argentinas que declararon como testigos y afirmaron que les robaron los sellos o se los falsificaron.
La investigación que derivó en 13 allanamientos con 29 detenidos que trabajaban en la red de servicios de salud ilegal que operaba en las localidades de Virrey del Pino, González Catán, San Justo y Laferrere, en el partido de La Matanza, comenzó en febrero de este año, cuando los detectives de la Policía Federal fueron convocados por el fiscal Fernando Garate para identificar a los integrantes de una banda de piratas del asfalto que había cometido una serie de asaltos contra camiones que transportaban mercadería.
Durante casi tres meses, los efectivos de la Policía Federal grabaron videos de cada uno de los integrantes de la banda, analizaron las comunicaciones entre ellos y cruzaron estos datos con la información que algunos de los sospechosos publicaban en redes sociales como una forma de mostrar que realizaban una actividad legal.
Cuando los detectives identificaron al cabecilla de la banda e individualizaron el celular que utilizaba, lograron determinar la red de vínculos y subordinados que formaba parte de la organización delictiva.
Así se estableció que el supuesto cabecilla de la banda sería Alberto Rubén Santarceri. No fue casualidad que las ambulancias secuestradas y las clínicas estuvieran ploteadas con las siglas “ARS Salud”: esas son las iniciales del dueño. Un escalón por debajo se desempeñaba un sospechoso que habría sido identificado como Gabriel Musse.
Según fuentes judiciales, Musse y Santarceri habrían sido condenados por un homicidio cometido en 2008. Ambos imputados aparecen como los máximos responsables de la firma Argentina Salud, que funcionaba como un centro asistencial en La Matanza profunda, en la zona del kilómetro 28 de la ruta tres hasta el límite con el partido de Marcos Paz.
Según fuentes policiales, Santarceri fue detenido el 5 de agosto de 2011. Pasó casi nueve años tras las rejas. Salió de la cárcel en mayo de 2020, favorecido por la resolución de una Sala de la Cámara de Casación Penal bonaerense que decidió excarcelar a los presos que corrían riesgo de contagio del Covid-19 en un ambiente confinado como la cárcel.
Los antecedentes de Santarceri figuran en el prontuario policial N° 20313376. Si bien pasó por distintas cárceles, tuvo un serio incidente cuando estaba detenido en el penal de Florencio Varela, debido a que le secuestraron droga a uno de los integrantes del grupo que fue a visitarlo. Santarceri también tiene otro prontuario abierto en la PFA: habría sido acusado de robos cometidos en la modalidad de piratas del asfalto.
La investigación contra los responsables de armar un sistema de salud irregular a la vista de las autoridades del Municipio de La Matanza y con consultorios que funcionaban frente a la sede de la Unidad Primaria de Atención (UPA) en González Catán no terminó.
Por el contrario, sigue para tratar de establecer cómo fue posible que se instalara una organización que se dedicó a contratar médicos que no tenían el título que los habilitaba para ejercer la medicina y aportó servicios de salud a alumnos, socios de clubes, afiliados a sindicatos y presos.
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