Frontera caliente: pidieron 25 años de prisión para el exjuex Reynoso

En un extenso alegato, en el que describió con profundidad cómo funcionaba de manera aceitada la asociación ilícita en el juzgado federal de Orán, donde se beneficiaba a narcos a cambio de dinero, el fiscal Carlos Amad pidió una pena de 25 años de prisión y una multa de 20.000.0000 de pesos para el exjuez federal Raúl Reynoso, quien está preso desde el 1°de mayo de 2016.

El fiscal pidió además el decomiso de la finca Mollinedo, de 700 hectáreas en el departamento Rivadavia, en Salta, que Reynoso, a través de un testaferro ligado al juzgado, recibió como parte de pago en julio de 2014 de uno de los narcos imputados en su juzgado.

El exmagistrado sufrió una descompensación y la audiencia se suspendió durante más de una hora para que Reynoso fuera atendido por un equipo médico. Se recuperó, y después vino lo peor para el exjuez en el alegato del fiscal, que pidió una elevada pena y una multa millonaria. El juicio se reanudará en febrero próximo, con el turno de los argumentos de las defensas y luego se conocerá el veredicto del tribunal oral. Reynoso encabeza su propia defensa.

"Se olvidaron de la justicia", reflexionó Amad al final de su exposición, dando pinceladas sobre lo que significa el ejercicio de la abogacía y el derecho. Unos minutos antes el funcionario del Ministerio Público detalló cada hecho en el que el exmagistrado y un grupo de abogados de Orán "arreglaban" los fallos judiciales para beneficiar a narcotraficantes de esa zona roja de la frontera a cambio de grandes sumas de dinero, propiedades y vehículos.

Durante más de una década, Reynoso estuvo a cargo del Juzgado Federal de Orán, la segunda ciudad en importancia en Salta, situada a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. Se trata de un punto clave para el ingreso de cocaína en nuestro país. Un porcentaje mínimo de esa droga se distribuye en el mercado local y el resto sigue camino hacia Europa, Estados Unidos o incluso Asia, donde el valor se multiplica. En ese punto caliente de la frontera el exjuez pasó de ser el funcionario modelo por combatir el narcotráfico casi sin elementos ni gente a estar acusado de liberar a capos narcos a cambio de dádivas.

"La prueba estuvo siempre escrita con tinta", afirmó el fiscal Amad en referencia a los nueve imputaciones que cargó sobre sus espaldas el exjuez. La fiscalía resaltó el valor probatorio de las excarcelaciones, devoluciones de dinero y camiones, procesamientos con delitos menores y demás resoluciones sospechosas contrarias a derecho. Y también el fiscal le aportó algunos pasajes cargados de ironía.

"En Orán existe Mandrake, el mago, que sin ninguna prueba transforma un procesamiento por el transporte de 61 kilos de cocaína en falta de mérito. Esto parece obra de un mago, pero fue del juez federal Raúl Reynoso, que liberó a Marcelino Valdez Cari cambio de una camioneta VW Amarok y 300.000 pesos", aseguró en un tramo del alegato el fiscal.

Durante más de seis horas, Amad hizo un recorrido detallado por la trama que surgió de las causas y las audiencias en el juicio oral que comenzó en setiembre de 2016, en el que están imputados Reynoso y el grupo de abogados de Orán, encabezados por René Gómez, María Elena Esper, Arsenio Eladio Gaona y el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra, y el ordenanza del juzgado César Aparicio.

El lunes pasado, la querella encabezada por el abogado Carlos Garmendia, quien representa a Bruno Mazzone y al empresario de la carne Iván Cabezas, pidió una pena de 17 años de prisión para el exmagistrado.

"Todo lo que hemos escuchado a lo largo del este juicio es una muestra de la atrocidad que pasaba en el juzgado que dirigía Reynoso", donde "el narcotráfico y el dinero" unían a los imputados. Dinero a cambio de beneficios, como falta de mérito, excarcelaciones, que muchas veces se concretaban después de que el propio juez procesara a los imputados y luego de una negociación que iniciaba ese club de abogados los fallos favorecían a los narcos, según la denuncia judicial.

Hace poco más de un año, en el inicio del juicio, el querellante Bruno Mazzone dijo que pagó su libertad a cambio de 500.000 pesos. Viviana Elizabeth Cabeza, hermana de Iván, quien fue detenido con Mazzone por supuesto lavado de dinero del narcotráfico y contrabando de mercadería, también dio detalles sobre cómo tuvo que juntar dinero para pagar por la libertad del dueño de una cadena de 22 carnicerías en Salta y Tucumán.

Viviana Cabeza junto con su cuñada decidieron abonar 100.000 pesos de los 600.000 pesos que les pidieron Diego Aquino, alias "Carioca" y Héctor Flores, alias "Tara". Según Viviana Cabeza estos dos hombres actuaban de intermediarios de Arsenio Gaona, abogado penalista y cuñado del magistrado, quien también es juzgado.

Por Germán de los Santos

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