3 minutos de lectura'
La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL como “sujeto obligado” y, de esta manera, impidió que la empresa obtuviera la registración registración necesaria para continuar operando regularmente en el sector de juegos de azar. La firma estuvo históricamente vinculada a Adolfo Ángel Ale, uno de los principales referentes del denominado clan Ale, informaron fuentes de la UIF.
“Point Limits no era un nuevo operador. La empresa desarrollaba actividades vinculadas a los juegos de azar desde anos antes del inicio de la causa penal y figuraba registrada en el sistema de la UIF desde el 15 de septiembre de 2011. Cuando la investigación federal contra el clan Ale avanzó, la sociedad ya se encontraba en funcionamiento y contaba con habilitados para la explotación de juegos de azar”, explicaron las citadas fuentes.
Susana Trimarco, la madre de Maria Marita Verón, siempre vinculó al clan Ale con la desaparición de su hija, ocurrida en 2002.
La investigación judicial contra el clan Ale comenzó en 2013 y colocó a Point Limits en el centro del análisis patrimonial de la organización. Durante los allanamientos realizados ese año se secuestró dinero en efectivo en locales de la firma y, posteriormente, la Justicia dispuso medidas de intervención sobre la sociedad y la clausura de sus casas de juego. En 2014, el Ministerio Público Fiscal identificó públicamente a la empresa como una de las empresas vinculadas al Clan Ale y sostuvo que su actividad podía ser utilizada como pantalla para el lavado de dinero.
La sentencia dictada contra los principales integrantes de la organización tuvo por acreditado que los hermanos Adolfo y Rubén Ale dirigieron una asociación ilícita vinculada, entre otros delitos, con la usura, la extorsión, la explotación económica de la prostitución y el comercio de estupefacientes, y que utilizaron actividades formalmente lícitas para mezclar, disimular y dar apariencia legal a fondos provenientes de esas actividades. Dentro de ese esquema, Point Limits fue considerada uno de los vehículos societarios utilizados para canalizar recursos y darles apariencia de licitud.
Pese a esos antecedentes y a la posterior condena de Adolfo Ángel Ale a diez años de prisión por lavado de activos y como jefe de una asociación ilícita, la sociedad continuó procurando sostener su actividad. Su registración ante la UIF había quedado bloqueada y, durante 2025 y 2026, la firma realizó distintas presentaciones para regularizarla y obtener nuevamente una constancia que le permitiera continuar operando como Sujeto Obligado.
“Frente a esa situación, la UIF revisó integralmente los antecedentes de la sociedad, de sus autoridades y de sus beneficiarios y resolvió que no correspondía permitir su continuidad dentro del sistema preventivo. La decisión no se limita a una cuestión formal de documentación: se funda en la falta de idoneidad de quienes controlaron la empresa y en la incompatibilidad entre esos antecedentes y las responsabilidades que la legislación asigna a un operador de juegos de azar en materia de prevención del lavado de activos”, se explicó en un comunicado de prensa.
