El gobierno porteño denunció a la jueza Laura De Marinis por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura

El gobierno porteño denunció por mal desempeño y “desconocimiento inexcusable del derecho” a la jueza Laura De Marinis, la magistrada que declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y, en consecuencia, sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura porteño fue hecha por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. En la denuncia, se pidió que, si se verifican los extremos expuestos, se “formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento”.

“Los artículos 106 a 110 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires configuran el estatuto constitucional de la función judicial. Los jueces ejercen la jurisdicción con independencia y estabilidad, pero asumen el cargo mediante el compromiso de desempeñar sus funciones conforme a la Constitución Nacional, la Constitución local y las leyes nacionales y locales. En ese marco, el artículo 122 de la Constitución porteña contempla expresamente, entre las causales de remoción, el mal desempeño y el desconocimiento inexcusable del derecho. La existencia de estas causales demuestra que la independencia judicial no equivale a irresponsabilidad funcional. Su finalidad es preservar simultáneamente dos exigencias del Estado de derecho: que los magistrados puedan decidir sin presiones externas y que el ejercicio de la jurisdicción permanezca sometido al derecho, a la fundamentación racional y a los límites propios de la función”, sostuvo Tapia en su presentación.

Anteayer, la jueza De Marinis, a cargo Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteño N°3, había declarado inconstitucionalidad el artículo 1 de la ley 27.801, es decir el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años hasta las cero del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

El fallo se circunscribió exclusivamente a un caso donde se sobreseyó a un chico de 14 años que, junto con otros tres adolescentes, había intentado robarle a un hombre que caminaba por la calle Godoy Cruz, en Palermo. La resolución de la magistrada fue apelada por Mauro Tereszko, fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (Ufepj).

Anteayer, poco después de que LA NACION publicara la noticia del fallo de la jueza De Martinis, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó durantemente a la magistrada.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político.La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, escribió Macri en su perfil de la red social X.

Hoy, sin nombrar al jefe de gobierno porteño, la jueza le respondió. “Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia, es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ [en referencia al tuit de Macri] me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, dijo De Marinis en una entrevista con Radio Con Vos.

La magistrada también afirmó: “No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que está generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes. Que afirmen que van a pedir mi juicio político coloca... en una situación de bastante tensión institucional porque la realidad es que mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. El juicio político tiene que ser para otro tipo de actuaciones, otros incumplimientos en el desempeño. La vía es la apelación. Cualquier amenaza o juicio político que se inicie en función a una decisión judicial que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada me parece que es de una extrema gravedad institucional. Está en juego la independencia judicial. No puedo ejercer mi rol de jueza con tranquilidad si lo que está en juego, cada vez que tenga que resolver, tenga que estar mirando lo que se va a decir o si mi puesto de trabajo va a estar en tela de juicio. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de sus funciones”.

Poco después de la citada entrevista, el ministro Tapia presentó la denuncia en el Consejo de la Magistratura porteño.

“La resolución [de la jueza De Marinis] relativizó la entidad del hecho al afirmar que la víctima habría atravesado únicamente una ‘situación estresante’, con fundamento en que el desapoderamiento no llegó a consumarse y no se produjeron lesiones físicas. Esa caracterización no refleja integralmente las circunstancias descriptas en la imputación ni permite valorar adecuadamente la gravedad concreta del episodio. La afirmación reviste además especial gravedad por provenir de una magistrada con competencia penal, cuya función comprende también asegurar el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las víctimas durante el proceso. La imparcialidad judicial no exige desconocer su situación ni minimizar la violencia o intimidación que pudieron haber padecido las víctimas; impone, por el contrario, valorar equilibradamente los derechos y las circunstancias de todas las personas involucradas. Calificar como una mera ‘situación estresante’ la intimidación ejercida por cinco personas contra una víctima sola, que debió escapar y cuya agresión solo habría cesado ante la intervención policial, importa una manifiesta banalización del hecho denunciado y de la posición de quien lo padeció. Una caracterización de esa naturaleza resulta particularmente incompatible con la prudencia, sensibilidad y rigurosidad que deben orientar el ejercicio de la magistratura penal, pues desatiende la obligación institucional de brindar a la víctima una respuesta judicial seria, respetuosa y fundada, aun cuando el hecho haya quedado en grado de tentativa y no haya ocasionado lesiones físicas”, dijo el ministro Tapia en la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

En la presentación, el funcionario porteño explicó que el artítculo 122 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incluye el mal desempeño entre las causas de remoción de los magistrados.

“La categoría permite valorar conductas que, aun sin constituir delito, comprometen gravemente la idoneidad, la prudencia, la imparcialidad o la sujeción al orden jurídico exigibles a un magistrado. Su aplicación requiere atender a la entidad del hecho, su relación con los deberes del cargo, sus consecuencias institucionales y el grado de apartamiento respecto del desempeño judicial regular. No se desconoce que el mal desempeño no se configura por la mera existencia de errores jurídicos ni por la posibilidad de que una sentencia sea revocada. La función judicial comprende espacios de interpretación, valoración y elección entre soluciones posibles. La independencia judicial perdería contenido si toda diferencia pudiera transformarse en una causal de remoción. Sin embargo, el límite aparece cuando la actuación, apreciada por su naturaleza y gravedad, exterioriza una pérdida o afectación grave de las condiciones de idoneidad necesarias para el cargo. Ello puede ocurrir cuando la aplicación del derecho se aparta de manera ostensible de las fuentes vigentes, cuando la fundamentación se vuelve aparente o cuando la potestad jurisdiccional se utiliza para sustituir sin base suficiente las decisiones de otros poderes. En este caso, la causal se apoya, entre otras cosas, en el modo de construcción de la sentencia reseñada previamente. La ley fue desplazada sin examen alguno; la inconstitucionalidad no fue justificada; una regla general fue reemplazada por criterios de aplicación individual; valoraciones de política criminal ocuparon el lugar de fundamentos normativos; y el resultado se produjo mediante una norma expresamente derogada”.

Por Gabriel Di Nicola

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