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Impulsan la acusación contra testaferros que desviaron 742 pistolas y escopetas al mercado que abastece a bandas
Fiscales pidieron la elevación a juicio de la causa que tiene 11 imputados por la desaparición de armamento y municiones
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LA NACION
La maniobra era sofisticada. La organización utilizaba “testaferros registrales”, personas que, a cambio de dinero, prestaban su nombre para figurar como legítimos usuarios de armas ante el organismo de control. Esos individuos, en cortos periodos de tiempo, solicitaban la tenencia de cinco o más armas, una inversión que no coincidía con sus perfiles socioeconómicos ni ingresos declarados. Y las pistolas, revólveres, escopetas y fusiles comprados, desaparecían. Esas armas eran desviadas desde el circuito comercial al mercado negro que abastece a bandas criminales. Aquí y en el exterior. Al menos dos de esas pistolas aparecieron en Chile, al ser secuestradas en luego de episodios criminales. Y no hay pistas sobre el destino de 742 armas. Por esa investigación, se solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene a 11 imputados.
La medida fue requerida en los últimos días por los titulares de la Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), Sebastián Bringas y Santiago Marquevich.
En esa presentación, los fiscales afirmaron que la organización investigaba operaba desde 2022, al menos, con la intención de “adquirir, transferir, entregar y tener en su poder armas de fuego sin la debida autorización legal, utilizando para ello usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes, a cuyo nombre se registraba armamento que luego no permanecía bajo su control efectivo ni fue hallado en los domicilios declarados como lugar de guarda”, según fue consignado por el sitio web de noticias del Ministerio Público Fiscal.
Durante la pesquisa, los investigadores pudieron acceder a registros en los que figuraban compras de armamento pesado y de alta gama, principalmente pistolas semiautomáticas calibres 9 milímetros, .40 y .380 de marcas reconocidas como Bersa, Glock y Taurus. Sin embargo, los supuestos dueños nunca tuvieron la “tenencia material efectiva” de esas armas. Esa aceitada logística les permitía a esta organización proveer al mercado negro de armas local y alimentar canales de exportación a Chile, Uruguay y Brasil.
En abril pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó la realización de 140 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. El magistrado procesó luego a los 11 sospechosos que ahora quedaron a un paso de enfrentar el juicio oral.
Para los investigadores, la estructura criminal no podría haber funcionado sin una red de facilitadores. Entre los procesados figuran gestores, responsables de armerías y exempleados del antiguo Renar/Anmac.
Uno de los eslabones clave es un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, procesado por incumplimiento de sus deberes. Según la resolución judicial, el efectivo intervenía en las certificaciones de los trámites, validando identidades y firmas sin realizar las verificaciones correspondientes, otorgando así el barniz legal necesario para que las armas salieran a la calle.
Las escuchas telefónicas fueron determinantes para cerrar el cerco. En las conversaciones incorporadas al expediente se detallan cobros por trámites, el uso de terceros para las registraciones y referencias directas a operaciones fuera de la ley.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó, el 11 de agosto pasado, once procesamientos dispuestos por el juez federal de Campana.
Los fiscales consideraron probada “una mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos, sustentado principalmente en la adquisición aparentemente lícita de armas de fuego para su posterior desvío hacia el mercado informal”.
Agregaron, de acuerdo con lo informado por el sitio de noticias oficiales del MPF, que las pruebas recolectadas permiten acreditar “que los integrantes de la organización criminal implementaron un circuito para realizar operaciones de adquisición y transferencias de armas a nombre propio o mediante personas interpuestas” y que “una vez concretadas tales operaciones, el destino de las armas se tornaba incierto, toda vez que, en la casi totalidad de los casos investigados, no pudieron ser habidas”.
Los once imputados -nueve hombres y dos mujeres- fueron señalados como parte de una asociación ilícita y se estableció el rol que cada uno de ellos habría cumplido en la estructura delictiva. Por fuera de ese grupo quedaron eslabones menores en la logística de desvío de armas.
Por ejemplo, un jubilado que aparece como prestanombre realizó 12 transferencias y 11 adquisiciones de armas, aunque ninguna en su poder; una de ellas, una Bersa TPR9, fue secuestrada en Villarrica, Chile, en un tiroteo del 14 de octubre de 2024. A nombre de otro jubilado figuraba una Bersa Thunder Pro 9mm que fue secuestrada en la investigación de un homicidio en la comarca chilena de San Bernardo ocurrido el 16 de agosto de 2023.
Los once imputados “integraron una asociación delictiva destinada a desarrollar maniobras dirigidas al desvío de armas de fuego del circuito legal, mediante una operatoria en la que confluyeron la captación y utilización de usuarios, la adquisición y transferencia de armamento, la gestión y certificación de documentación registral y su posterior circulación fuera de la esfera de custodia de quienes aparecían formalmente como sus titulares”, definieron los fiscales al solicitar la elevación a juicio de la causa de testaferros de armas.
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