Imputabilidad de menores: los fiscales bonaerenses aplicarán la ley y un exfuncionario nacional denunció a la jueza que le puso freno

Pocas horas después de que suspendiera en la provincia de Buenos Aires por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años, la jueza Marta Pascual fue denunciada por los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Además, los fiscales jefe de los departamentos judiciales en los que está dividido funcionalmente el mayor y más poblado territorio del país se plantaron contra la resolución y anticiparon que van a aplicar el nuevo régimen penal juvenil.

La denuncia contra Pascual fue hecha por la asociación civil Usina de Justicia. “Consideramos que la resolución adoptada de suspender la aplicación de la ley por el plazo de 60 días resulta absolutamente arbitraria y contraria a Derecho, ya que viola la División de Poderes base del sistema democrático e implica un claro abuso de autoridad. La decisión adoptada se basa en un razonamiento hipotético, puesto que no existe una lesión de derechos en forma concreta, ni tampoco existe un peligro inminente de que ello suceda. En rigor, se hizo un análisis de futuro, pero desapegado de la realidad legislativa, ya que no se ha analizado el texto legislativo sancionado por el Congreso Nacional”, se afirmó en la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Ayer, Pascual hizo lugar a una “acción de habeas corpus preventivo colectivo” presentada el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande del Hogar de Cristo—ligada a la Iglesia Católica argentina— “en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

“Hacinar menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia. Como operadora del sistema penal juvenil, asumo la responsabilidad que me compete no solo en la afectación de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también en preservar los intereses de la comunidad a la que deben regresar los jóvenes una vez cumplida la medida”, afirmó la jueza en el citado fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

La jueza Pascual, que está a cargo de una juzgado de responsabilidad penal juvenill de Lomas de Zamora, fijó una audiencia para el miércoles 16 de septiembre próximo; citó a los “responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial con injerencia en el tema para que informen respecto de las medidas que han sido tomadas para la implementación de la ley, aquellas que se encuentran previstas y planificadas, así como su plazo”.

La denuncia recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 18 de Lomas de Zamora, con la intervención del Juzgado de Garantías N °4 de ese departamento judicial.

El abogado Fernando Soto, que hasta diciembre pasado fue funcionario del Ministerio de Seguridad Nacional y ahora es asesor parlamentario en el Senado de la Nación, informó que desde Usina de Justicia se presentaron para ser aceptados como amicus curiae en el expediente y pidieron estar presentes en la audiencia fijada por la jueza Pascual.

Ayer, tras conocerse el fallo de la jueza Pascual, Soto había dicho en su perfil de X: “Con la nueva ley de Menores habrá menos detenidos, no más detenidos. Es falso el argumento del habeas corpus. Es más una decisión ideológica que una resolución jurídica”.

Fiscales de distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires cuestionaron y desafiaron la decisión de la jueza Pascual.

Por ejemplo, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, confirmó que no recibió ninguna notificación oficial de suspensión de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires; en consecuencia, ratificó que en el distrito judicial a su cargo “sigue en vigencia” la norma que, entre otras cuestiones, permite perseguir a adolescentes desde los 14 años que cometan delitos. Además, cuestionó a la jueza de Lomas de Zamora que firmó aquella resolución y su extensión a todo el territorio bonaerense.

“Si analiza lo que pasa en Lomas de Zamora, no puede concluir que [su resolución] se aplique en toda la provincia”, señaló el funcionario que planteó dudas sobre este habeas corpus colectivo y su pretendida aplicación a todo el sistema judicial provincial. “Una jueza cumple una ley o declara una inconstitucionalidad, pero de optar por esta última solo aplicaba para el caso concreto” planteado en el recurso de habeas corpus, advirtió.

En cuanto a los fundamentos, originados en las condiciones de un instituto en particular de Lomas de Zamora, Fernández Garello reconoció que la descripción de lo que allí sucede no difiere de lo que ocurre en otros distritos y establecimientos debido a la superpoblación de internos y a la falta de personal para el servicio. “Con ese criterio se podría suspender el Código Penal por la situación de las cárceles de todo el país”, advirtió.

Por lo pronto, destacó que con sus pares del Ministerio Público Fiscal bonaerense han decidido no seguir esta sentencia y mantener en cumplimiento la Ley 27.801. Y recordó que “la suspensión no está notificada por nadie y hay que ver si el Ejecutivo provincial apela o, quizás, la suspende”.

Calificadas fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a LA NACION que, por ejemplo, ni uno de los fiscales del Fuero Penal Juvenil de San Isidro va a acatar el fallo de la jueza Pascual.

“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza. Ella, como jueza penal, no puede dejar sin efecto una norma. Es decir, un juez, en el ámbito de su competencia, lo que puede hacer, de acuerdo al sistema constitucional y procesal en el ámbito penal, es declarar la inconstitucionalidad de una determinada norma en el caso concreto. Y cuando hablamos de caso concreto, no puede dejar sin efecto [la norma] porque hay que poner en evidencia qué es esta ley penal juvenil. Es un apéndice del Código Penal de la Nación”, dijo en declaraciones a radio Mitre el fiscal Andrés Zárate, del Fuero Penal Juvenil de San Isidro.

Por Gabriel Di Nicola y Darío Palavecino

• Menores y delito

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