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Imputaron a tres personas por transportar casi media tonelada de marihuana en 30 encomiendas
La causa comenzó en septiembre en Posadas; deberán cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 171 días
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LA NACION
Dos hombres y una mujer fueron imputados por el transporte de 489,615 kilos de marihuana ocultos en 30 encomiendas trasladadas en un camión desde Misiones hacia la provincia de Buenos Aires.
La investigación quedó formalizada ante la Justicia Federal de Posadas y los tres acusados deberán cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 171 días, por disposición de la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata.
La imputación fue formulada por la fiscal Silvina Flavia Gutiérrez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Posadas, quien atribuyó a R. E. A., de 27 años; A. Y. A., de 35, y S. J. K., de 27, la coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención de tres o más personas.
Durante la audiencia realizada el viernes pasado, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó también un plazo de 90 días hábiles para profundizar las medidas de investigación pendientes. La magistrada aceptó el pedido y estableció que la investigación penal preparatoria se extenderá hasta el 22 de marzo de 2027. Además, dispuso que en adelante intervenga el juez a cargo del Juzgado Federal de Oberá.
Un camión de encomiendas, un control y una causa
La investigación comenzó el 24 de septiembre pasado cuando efectivos de la Sección San José, dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional, inspeccionaron un camión de la empresa Central Argentino que transportaba encomiendas desde Posadas hacia la provincia de Buenos Aires.
Durante el control, los gendarmes utilizaron un escáner móvil y detectaron “imágenes compatibles con la presencia de material orgánico” en el interior del semirremolque. A ese indicio se sumó la reacción de un perro detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de estupefacientes.
Ante esos resultados, el personal se comunicó con la auxiliar fiscal Gabriela Acasuso, de la Unidad Fiscal Posadas. Con autorización judicial, se dispuso abrir los precintos y revisar las encomiendas.
El procedimiento permitió encontrar 30 cajas de madera que contenían 584 paquetes rectangulares envueltos con cinta de color ocre. Una prueba de orientación dio resultado positivo para marihuana y el pesaje determinó que la carga alcanzaba los 489,615 kilogramos.
Los bultos estaban acompañados de documentación con datos de remitentes y destinatarios que, según las primeras averiguaciones de la fiscalía, no coincidían con el circuito real de la carga. A partir de las tareas investigativas, se realizaron procedimientos en la localidad misionera de Puerto Rico, donde se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.
Para la fiscalía, la cantidad de droga, la forma en que estaba acondicionada y las circunstancias del traslado permiten sostener, en esta etapa inicial, que se trataría de una maniobra destinada al tráfico de estupefacientes a gran escala.
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Gutiérrez señaló que, aunque los tres imputados cuentan con arraigo, existen riesgos concretos de que puedan entorpecer la investigación. La fiscal destacó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que aún deben realizarse medidas probatorias que podrían verse afectadas por los vínculos entre los acusados y la presunta actuación coordinada.
También mencionó la gravedad del hecho atribuido y la pena que podrían enfrentar en caso de ser condenados, en función de la cantidad de droga incautada.
En ese contexto, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, medida contemplada en el artículo 210, inciso j, del Código Procesal Penal Federal. Según argumentó, la alternativa permitiría asegurar los fines del proceso y reducir el riesgo de entorpecimiento sin recurrir al encarcelamiento en una unidad penitenciaria. La jueza Skanata hizo lugar al planteo y fijó un plazo de 171 días para el cumplimiento de la medida.
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