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Investigan a policías de Neuquén por el funcionamiento de una red clandestina de venta de autopartes secuestradas
Entre los imputados figuran un oficial de alto rango y otro de menor jerarquía en la Dirección de Tránsito provincial
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una compleja investigación judicial y administrativa sacude a la Policía del Neuquén desde el descubrimiento de una presunta red clandestina dedicada al desvío y la comercialización ilegal de autopartes provenientes de vehículos secuestrados o destinados a compactación.
La causa, liderada por el fiscal Diego Azcárate junto al Departamento de Sustracción de Automotores y Delitos Económicos, intenta reconstruir qué ocurrió con alrededor de 100 autos y 15 motos que permanecían bajo custodia oficial y terminaron desguazados o a la venta.
La maniobra comenzó a salir a la luz a finales de agosto pasado, cuando un efectivo policial detectó en la red social Facebook una publicación donde se ofertaban repuestos de un Peugeot 207. El agente reconoció inmediatamente que se trataba de su propio vehículo, que había sido secuestrado en 2024 tras un siniestro vial y debía permanecer bajo resguardo estatal en el predio de la Dirección de Tránsito de Neuquén.
Luego de realizar los reclamos internos y la denuncia correspondiente, el efectivo constató que el auto figuraba nuevamente en el predio policial del Parque Industrial, pero en condiciones deplorables. Sobre ese hallazgo, el comisario mayor Dante Catalán detalló: “Le faltaban el tren trasero, las ruedas de atrás; estaba a punto de ser desguazado”.
La principal hipótesis de los investigadores es que un comerciante que disponía de una máquina compactadora ingresaba a los depósitos policiales para retirar vehículos bajo el pretexto de trasladarlos para su posterior destrucción o como chatarra. Sin embargo, se estableció que ese comerciante no contaba con autorización judicial, ni con un convenio formal o contrato firmado con la División de Tránsito, ni con habilitación municipal.
Según la investigación, dos efectivos de la División habrían facilitado de forma irregular el acceso al predio y la salida de los rodados. En lugar de ser destruidas, las unidades eran derivadas a domicilios particulares o a desarmaderos –principalmente radicados en la localidad de Centenario–, donde se comercializaban sus piezas.
Respecto de los vehículos hallados durante las inspecciones, el comisario Catalán señaló: “Estaban identificados con números o letras, con las particularidades que se les marcan en el predio Parque Industrial”. Agregó que el comerciante privado se presentaba en la unidad con fines de compactación: “Hay que determinar el modus operandi, qué documentación dejaban para llevar a cabo esa acción”.
Asimismo, las fuentes judiciales indicaron que los desarmaderos que recibieron los repuestos habrían actuado inicialmente de buena fe, bajo la presunción de que el comerciante retiraba las unidades mediante una operatoria legal de la fuerza policial.
A instancias del fiscal Azcárate, la Justicia ordenó un importante operativo que incluyó siete allanamientos distribuidos entre tres domicilios particulares, dependencias de la Dirección de Tránsito, el predio del Parque Industrial y dos desarmaderos de Centenario. Durante la ejecución de las medidas se secuestraron teléfonos celulares y computadoras de los sospechosos, así como documentación y libros de registro de las unidades policiales para auditar ingresos y egresos. También hubo múltiples autopartes y vehículos puestos a resguardo, con fajas de secuestro.
Por el momento, tres personas permanecen bajo investigación penal imputadas en la causa. Se trata de dos policías de la División de Tránsito (uno de mayor rango y otro de menor jerarquía) y el comerciante vinculado a la compactación. Todos fueron notificados y continúan en libertad supeditada mientras se peritan las pruebas.
En ese sentido, el jefe policial Catalán precisó: “Hay muchas evidencias para analizar y determinar cuál era la acción en sí para que un vehículo secuestrado finalice en un desarmadero como venta de repuestos. Los vehículos contabilizados son alrededor de 100, y 15 motos”.
En el plano institucional, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía del Neuquén inició actuaciones para deslindar responsabilidades y determinar las fallas en los mandos de supervisión. Como medida preventiva, tres efectivos policiales de la Dirección de Tránsito (dos de alto rango y uno de menor jerarquía) fueron pasados a disponibilidad.
El caso genera además un profundo malestar en las autoridades provinciales. El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, se refirió al caso con dureza y garantizó el avance de las sanciones administrativas: “No te pueden estar pasando por delante de las narices esas cuestiones. A mí me ha enojado mucho la situación, porque no puede pasar”.
La investigación judicial continúa con el análisis de los teléfonos y equipos informáticos incautados para precisar la totalidad de los vehículos sustraídos y el alcance definitivo de la red clandestina.
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