Juicio: condenas de hasta 17 años de prisión por el caso que destapó las conexiones narco con la política

El Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N° 3 condenó con penas de hasta 17 años de prisión para diez de los 12 acusados que llegaron a juicio por el denominado Operativo Sapucay, la causa judicial que puso al descubierto las conexiones y vínculos entre una poderosa banda narco y funcionarios políticos, judiciales y policiales.

El caso desató un escándalo en la provincia de Corrientes porque en el marco de la investigación, en marzo de 2017, fueron detenidos los por entonces intendente y viceintendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán y Fabio Aquino, respectivamente. En el expediente también fue procesado el histórico juez federal con competencia electoral Carlos Soto Dávila.

El acusado que recibió la pena mayor fue Carlos Bareiro, más conocido por su alias de Cachito, que fue condenado a la pena de 17 años de cárcel. Angélica Saucedo y Silvina Ayala fueron las únicas personas absueltas por el tribunal.

El juicio que duró casi dos años estuvo a cargo de los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Juan García Elorrio y por el fiscal federal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uriona, funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Ahora, los jueces deben decidir si homologan o no el acuerdo de juicio abreviado al que llegó el Ministerio Público Fiscal con las defensas de otros 27 acusados.

Terán, Aquino y uno de los supuestos capos narco, Federico Marín, alias Morenita, acordaron penas de entre tres y 12 años de cárcel en un juicio abreviado, lo que implica el reconocimiento de los cargos.

Otros acusados, como Soto Dávila y exfuncionarios del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, serán juzgados en un próximo debate por un tribunal correntino.

Bareiro fue encontrado culpable del delito de transporte de material estupefaciente en concurso real con los delitos de comercio de ese tipo de sustancias, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en calidad de autor, en concurso real con asociación ilícita, en carácter de jefe. El Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 18 años de prisión para el acusado.

“Estamos ante una organización criminal dedicada al tráfico de drogas con una importante logística tanto a nivel nacional como internacional, con permanencia en el tiempo y persecución de beneficios patrimoniales, que ejerció una poderosa influencia, de forma directa o indirecta, en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional”, había sostenido el fiscal Iglesias al comenzar su alegato, el 29 de abril pasado.

La segunda mayor condena dictada por el tribunal a cargo del debate fue para Diego Ocampo Alvarenga, que llegó a ocupar el cargo de comisario y fue la máxima autoridad de la Policía de Corrientes en Itatí. Los jueces le fijaron una pena de nueve años y medio de cárcel. Lo encontraron culpable del delito de de comercio de material estupefaciente, agravado por la intervención de funcionarios públicos y por servirse de menores de edad, en concurso real con asociación ilícita, el primero en calidad de autor y el segundo en carácter de miembro.

Hoy, antes de que se conociera el veredicto, en la oportunidad de decir las palabras finales, Ocampo Alvarenga afirmó que nunca integró una banda criminal y que no se pudo establecer lo que manifestaron los investigadores. “Quiero agradecer a todas esas personas, familiares y camaradas, que desde el primer momento en que fui detenido me hicieron llegar constantemente sus saludos. Un saludo de un amigo en esta situación es muy importante para seguir adelante”, agregó.

El subcomisario Rubén Ferreyra y el sargento Carlos Víctor López, quienes eran representantes de la Policía Federal Argentina (PFA) en Corrientes, fueron condenados a la pena de nueve años de prisión.

En su alegato, el fiscal Iglesias había explicado que si bien en un primer momento la hipótesis investigativa de detectives de la Gendarmería Nacional sostenía que en Itatí había tres bandas que se dedicaban al contrabando de marihuana, cada una liderada por Bareiro, Morenita Marín y Luis Saucedo, conocido como El Gordo (este último será juzgado en otro debate porque recién pudo ser detenido en septiembre de 2019 en la ciudad paraguaya de Pilar), las pruebas reunidas finalmente determinaron que se trató de una sola estructura criminal encabezada y liderada por Cachito.

“De toda la valorización que hemos hecho se encuentra probado el rol de organizador de Bareiro, el secuestro de droga a disposición de él y los acusados que también formaban parte de esta organización. Ese rol de organizador se vincula justamente con proveer los medios para que otros realicen las actividades de tráfico. Recordemos acá la compra de embarcaciones, el aporte de dinero y armas de fuego. Las autorizaciones que le pedían a Bareiro para irse de un determinado lugar”, había sostenido Uriona en su alegato.

Otros seis acusados, Ezequiel Saucedo, Alejandro Gayoso, Melanio Mareco Vargas, Jorge Espinosa, Carlos Romero y Edgardo Coria, recibieron penas de entre ocho años y medio y seis años de cárcel.

Para Ayala, expareja del Gordo Saucedo, los fiscales habían solicitado la pena de cuatro años y tres meses de prisión al entender que “se encargaba de manejar el dinero obtenido del narcotráfico y era ´prestanombre´ para registrar los autos que usaban los demás integrantes de la organización”, pero tuvieron en cuenta circunstancias que “permitían afirmar que vivía una situación de violencia de género”. El tribunal la absolvió.

Para Angélica Saucedo, hermana del Gordo, el Ministerio Público Fiscal había pedido una condena de cuatro años y seis meses de cárcel. También le adjudicaban haber manejado dinero de las ganancias del negocios del narcotráfico y de haber prestado su nombre para adquirir los vehículos de la banda. Fue absuelta.

Los fundamentos de los jueces Ríos, Basso y Machado Pelloni se conocerán los primeros días del mes de octubre próximo.

Por Gabriel Di Nicola

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