Jury al fiscal Scapolan. Los testigos de cargo hablaron de procedimientos irregulares, acusaciones falsas, “arreglos” y extorsiones

LA PLATA.- En la segunda jornada del jury al suspendido fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, acusado de ser la cabeza de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados que tenía como objetivo extorsionar a presuntos narcos y robar cargamentos de droga para revenderlos, los testigos de cargo volvieron a señalarlo por el eventual manejo irregular de causas.

Uno de los que declaró el Fiscal Federal ante el Tribunal oral N°5 de San Martín, Carlos Martín Cearras: “No se explicaba la razón por la cual estaba interviniendo una fiscalía de la provincia de Buenos Aires, porque era una cuestión federal. No se entendía por qué intervenía el fiscal Scapolan. Hasta geográficamente, tampoco”, expresó a propósito de la causa conocida como Leones Blancos o “Anacona” (apellido de Jorge Omar, unos de los imputados que aparecía en la carátula del caso cuando se inició, en 2013).

“La evidencia del tráfico de estupefacientes que había era de importancia. Nosotros formulamos acusación; no obstante, el Tribunal Oral resolvió declarar la nulidad de la causa, circunstancia que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal. La causa terminó con todos absueltos”, dijo.

El fiscal federal recordó que el fundamento para dejar a todos libres en la causa Leones Blancos fue que los policías habían falseado su declaración.

También se refirió a la llamada causa Bustamante, de 2016, otro de los “rulos” que les atribuían a los policías: “Era la fiscalía de Scapolan. Terminó también con una nulidad por declaraciones falseadas. A pesar de que allí había habido una cocina de drogas, se había liberado a las personas que había en el lugar”.

Como publicó LA NACION oportunamente, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de San Martín absolvió en 2016 a todos los involucrados y ordenó investigar el accionar del fiscal Scapolan porque, como demostró la defensa, los uniformados comenzaron a “caminarlos” a partir de la falsa denuncia anónima que realizó José Víctor Gutiérrez, alias “Primo”, amigo e informante del fallecido policía Caviglia. En esta trama, a Federico Bravo, aunque no tenían pruebas en su contra, lo arrestaron y le exigieron 50 mil pesos para no llevarse detenida también a su esposa. Parte del dinero lo consiguió un amigo de la familia: Hernán Pablo Rivero.

Dos víctimas de las extorsiones

En la misma jornada declararon dos testigos que fueron amenazados, y que se expidieron sobre un procedimiento presuntamente irregular que tuvo lugar el 2 de junio de 2014 en la casa de Sergio Santellán.

El testigo de la procuración Alberto Scarinci declaró: “Yo tuve una causa en San Isidro por la causa Scapolan, en ese momento. Luego pasó por un juzgado federal. En ese momento lo desconocía, pero era por drogas. Aún sigue la causa, que se abrió en 2017, y todavía estoy firmando”, se lamentó.

“En el allanamiento de la casa de Santellán fue todo muy violento. Los policías decían que yo había bajado un bolso con droga. Yo pregunto: ¿Dónde están el bolso y la droga? Yo nunca la vi. Yo tenía un portafolio con documentación del auto. Quisiera que alguien lo testifique” dijo Alberto Scarinci.

A su turno, Andrés Faccini dijo conocer a Sergio Santellán. Se refirió al allanamiento el 2 de junio de 2014. “A las 10 de la mañana vinieron dos personas que se identificaron como policías; me dijeron que lo tenían a Sergio. Me dijeron que lo tenían que acompañar. No se identificaron, nada. Estaban vestidos de civil. Pero se presentaron como policías”, relató.

“Yo llegué a lo de Sergio, que me dijo que esta gente le estaba pidiendo plata. Lo tenían entre cuatro o cinco personas. Y me pidió que vaya al departamento de la novia, que le fuera a buscar el dinero hasta Villa Ballester. A mí me siguieron con un Fiat Siena rojo. Me dieron una plata. Bajé y me fui a la casa de Sergio. Estas personas me sacaron la plata y el teléfono celular. Y me fui”, continuó.

“Después del procedimiento, al mes, recibí amenazas. Querían que yo les juntara una plata. Después, dos o tres veces más, me amenazaron con armarme una causa y dejarme preso. No supe en qué terminó la causa de Santellán. Tampoco sé por qué lo allanaron”, dijo.

“Me quisieron meter droga y me quisieron meter preso. Yo hice denuncia en un juzgado de San Martín”, concluyó Faccini.

Los dos testimonios quedaron registrados en actas y serán analizados para determinar si los testigos incurrieron en falso testimonio.

Un testimonio sinuoso

Declaró además el imputado arrepentido Matías Pedersoli. Ahora testigo, trabajó como abogado en el estudio de Gustavo Semorile, que está prófugo hace años. Fue consultado sobre la relación de este abogado con personal del área de Drogas Ilícitas de la Bonaerense. Aseguró que tenían vínculos con un policía de apellido Cabral. Declaró que hubo allanamientos en dos domicilios donde los policías se quedaron con drogas. Agregó que en esos allanamientos vio a un secretario de la fiscalía. Relató, además, que Semorile arreglaba causas a cambio de dinero.

Dijo conocer a Scapolan: “Era el fiscal de drogas de San isidro. Supuestamente, la fiscalía de drogas de San Isidro a cargo de Scapolan había ordenado procedimientos”.

Sin embargo, enseguida el testigo arrepentido desvinculó a Scapolan de los hechos ilícitos descriptos. El fiscal, en persona, preguntó a Pedersoli si había participado de negociaciones donde, alguna vez, algún funcionario judicial de San isidro le hubiera pedido dinero para solucionar la situación de sus clientes. El “arrepentido” dijo que eso “jamás sucedió”. Y dijo que tampoco sabía que Semorile u otros abogados de la matrícula hubieran participado de negociación de ofrecimiento de dinero para dejar liberados a imputados” a cargo de Scapolan.

Agregó que “no tenía relación con Scapolan ni otro miembro de su fiscalía”.

En el jury se ventilan actuaciones de tres causas acumuladas: Leones Blancos, donde Scapolan está procesado por falsedad ideológica de instrumento público en el expediente 36.447, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, pero entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación; y por las causas Santellán y Bustamante.

La Comisión por la Memoria (CPM), que es querellante en la causa penal y que en este jury participa en carácter de veedor, dada la gravedad institucional del caso, advirtió: “Genera preocupación el evidente amedrentamiento que se evidencia en algunos de los testimonios”.

El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.

Además, lo integran los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora del Frente Renovador e integrante del Frente de Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

En diciembre pasado, por una amplia mayoría, con nueve votos a favor y solo uno en contra, y después de rechazar varios pedidos de nulidad, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense admitió la acusación contra Scapolan. El funcionario fue suspendido y solo cobra el 40% de su sueldo. El único voto en contra de admitir la acusación fue el de la senadora Vannelli.