La “maldición” del caso Scapolan. Ajustes de cuentas y enfermedades fulminantes: las llamativas siete muertes en el caso de la “banda del fiscal”

Los automovilistas no salían del asombro: a un costado del peaje del Camino del Buen Ayre, casi a la altura de la Panamericana, había muchos paquetes de cocaína. Decenas. La mayoría era de color gris o negro, pero también había amarillos, naranjas, violetas y celestes. Los policías estaban contentos. Se sacaron fotos para festejar el fuerte golpe que le habían dado al narcotráfico. Tan fuerte que, esa misma noche del 29 de diciembre de 2013, se robaron gran parte del cargamento. El fiscal a cargo del operativo, Claudio Scapolan, fue investigado por ese y otros más llenos de irregularidades. Y, creer o reventar, varias de las personas que participaron de aquel “rulo” de 500 kilos, conocido como “Leones Blancos”, tiempo después, aparecieron muertas. El caso Scapolan se hizo tan grande que decenas de policías terminaron tras las rejas. LA NACION pudo confirmar que por esa suerte de maldición, siete personas, entre testigos e imputados, fallecieron en circunstancias no del todo claras. El último: un uniformado procesado en tres de los cinco expedientes que forman parte de la megacausa contra el otrora poderoso fiscal de Delitos Complejos de San Isidro. El motivo: una peritonitis fulminante. Estaba alojado en la cárcel de Ezeiza. Tenía 43 años.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez pudieron reconstruir que, gracias al dato aportado por Diego Xavier Guastini, financista de narcos ligado a la Bonaerense y a la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), el jefe de la DDI Quilmes Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta hicieron frenar a Gonzalo Ramón Piñero y otros traficantes en el peaje, dejaron en la camioneta de los detenidos la cocaína que iban a informar como incautada y pasaron la que iban a robar a otra. René Domingo Guzmán, a bordo de una Chevrolet S10, llevó la droga robada hasta el local de repuestos de autos que Baeta tenía en Quilmes, donde fue recibido por el socio Adrián Gastón Peña.

Piñero, uno de los narcos, no llegó al juicio. Falleció antes. Guastini, Guzmán y Peña, los cómplices de Baeta, también murieron en circunstancias extrañas.

En “Leones Blancos” participó Carlos Daniel Maidana. Este hombre era un policía federal que, al momento de los hechos, estaba prófugo de la Justicia por extorsionar a “transas” peruanos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, y empezó a trabajar como informante para Baeta, que sabía de sus problemas judiciales, a cambio de que no lo entregara. Como “arrepentido”, Maidana declaró ante el fiscal Domínguez que, a los pocos días del robo de la cocaína, el propio Baeta le ordenó matar a Cristian Esteban Seu, un testigo trucho del operativo: “Nos va a mandar en ‘cana’ a todos”, le dijo. Como no quiso hacerlo, Baeta mandó a Guzmán a amenazarlo. Maidana, entonces, se mudó de Quilmes a Pilar, pero Magraner lo ubicó: “Me dijo que iba a terminar en una zanja”.

A Guzmán, finalmente, lo mataron el 8 de julio de 2017 en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Oficialmente se dijo que fue por una discusión de tránsito. Según Maidana, fue un policía.

El hombre que sabía demasiado

Dos años después fue el turno de Guastini. Este no era un testigo trucho: era un peso pesado de verdad. Aunque se presentaba como financista, era un narco de nivel internacional que gozaba de la protección de la Bonaerense, a través de su amigo Baeta, y de la mismísima SIDE de la época del espía Pedro Tomás “Lauchón” Viale. Gracias a sus datos, los investigadores judiciales pudieron desarticular varias organizaciones narcocriminales, como el clan Loza, recientemente condenados. Pero, en cierto momento, también entregó datos de su amigo Baeta. Todavía no se sabe por qué, pero alguien contrató a un sicario que lo calló para siempre el 28 de octubre de 2019 a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes.

Para no terminar como el resto, Marcelo Fabián Padovani, el único detenido por ayudar al sicario a escapar de la escena del crimen de Guastini, prefirió guardar silencio.

Así como Guastini habló, otros hablaron de él en la Justicia. Como reveló en septiembre LA NACION, Jorge Eduardo Giménez, alias “Chucky”, un “transa” de la zona oeste, se presentó en el año 2016 en la fiscalía de Domínguez para denunciar cómo había sido el robo de la cocaína de “Leones Blancos”. Tenía su motivación: según explicó, dijo haber sido víctima de otro “rulo” hecho por policías en connivencia con el fiscal Scapolan. “Guastini estuvo involucrado en la desaparición de Hugo Díaz, el empresario de Lanús, que, me dijeron, fue asesinado por hinchas de Boca y policías bonaerenses exonerados. La fuente quedó en suministrarme la información del lugar geográfico donde se encuentran los restos de Díaz”, fue lo más interesante que dijo.

“Chucky” Giménez prometió aportar más información, pero, como Caviglia, falleció en la cárcel tras una larga enfermedad hizo que se llevara varios secretos más a la tumba.

Pero “Leones Blancos” es tan solo uno de los casos por los que la jueza Arroyo Salgado procesó este año al fiscal Scapolan antes de que el camarista Marcelo Fernández la apartara de seguir al frente de ese expediente. En la megacausa también le recriminaron las irregularidades en “Bustamante”, “Santellan”, “Basaldua” y “Acosta”.

Y en esos casos también hubo muertes llamativas.

Al igual que el “rulo” de los 500 kilos de cocaína, el caso “Bustamante” terminó en la nada: el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 de San Martín absolvió en 2016 a todos los involucrados y ordenó investigar el accionar del fiscal Scapolan porque, como demostró la defensa, los uniformados comenzaron a “caminarlos” a partir de la falsa denuncia anónima que realizó José Víctor Gutiérrez, alias “Primo”, amigo e informante del ahora fallecido policía Caviglia. En esta trama, a Federico Bravo, aunque no tenían pruebas en su contra, lo arrestaron y le exigieron 50 mil pesos para no llevarse detenida también a su esposa. Parte del dinero lo consiguió un amigo de la familia: Hernán Pablo Rivero.

Aunque las circunstancias nunca se esclarecieron completamente, a Rivero, testigo de la extorsión a Bravo, alguien lo mató el 13 de mayo de 2019 en San Vicente. Su cuerpo lo encontraron, carbonizado, en un auto que terminó en el Polideportivo Mugica. En el vehículo también estaba el cadáver de Jonathan Zárate, con el que había ido a hacer un negocio vinculado al narcotráfico. Tenía cuatro disparos. En la escena del crimen, los investigadores encontraron una muslera en donde los policías llevan su arma reglamentaria.

Es cierto: en el bajo mundo del narcotráfico, donde supieron moverse Piñero, Guzmán, Rivero, Guastini, Giménez, Caviglia y Peña, el ajuste de cuentas es una ley no escrita, pero conocida por todos. No por nada el fiscal Domínguez, al solicitar en julio de 2020 las detenciones de los involucrados en el caso Scapolan, advirtió que no podía descartar que “este verdadero descalabro institucional que importa el fraguado de procesos penales con los fines expuestos” tuviera relación “con hechos más aberrantes”, en referencia a todas esas muertes extrañas. De estar vivos, todos ellos estarían imputados por traficar cocaína o bien serían testigos de los traficantes extorsionados por los policías.

El abogado Damián Odetti, en representación de Bravo, querellante contra el fiscal Scapolan, también sugirió una relación entre la megacausa y la serie de muertes. Al criticar el fallo del camarista Fernández con el que apartó a la jueza Arroyo Salgado, el letrado avisó: “Estamos mirando de frente a la impunidad misma, pero hay algo que no es justo: los policías, el último eslabón de esta organización criminal, pagarán los platos rotos de ellos y sus superiores jerárquicos y con más influencias que ellos. El fiscal mantiene sus fueros y el abogado Semorile sigue burlando la justicia mientras sus dos asistentes eligieron acogerse a la figura del arrepentido. Los camaristas garantizaron que los secretarios de la fiscalía no hicieran lo mismo. Hasta dónde llegará esta trama de corrupción, ya se verá, pero esto no quedará así mientras esta querella no sea fusilada como Guastini, Rivero, Giménez y Guzmán”.