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La familia del docente asesinado por un policía en La Matanza cree que falta develar la red de encubrimiento del crimen
Cristian Pereyra, también conductor de Didi, fue acribillado por un oficial bonaerense que ya fue enviado a juicio; piden que se investigue con quiénes se comunicó tras el crimen, ocurrido en marzo pasado
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En una casa del barrio La Foresta, en Virrey del Pino, esa localidad gigante de La Matanza donde todavía se mezclan los centros urbanos y los polos industriales con paisajes rurales y colonias agrícolas, se repite cada mañana la misma ceremonia triste. José Pereyra sale al fondo de la casa, ahí donde hace unos años levantaron el taller; prende las luces, se queda un rato mirando todo lo que ahora le parece inútil o extraño –el auto desvencijado, las zapatillas anormalmente grandes, talle 49– y sintoniza la emisora de siempre a un volumen alto. Después vuelve a la casa y recién entonces pone a calentar el agua para el mate; escuchar el murmullo que proviene del taller le provoca un alivio que no sabe explicar, pero que le permite seguir intentando enfrentar la vida que le queda.
“Mi papá es jubilado y lo primero que hace cuando se levanta es ir al taller de Cristian y poner la radio que siempre escuchaban juntos. La deja todo el día prendida porque así cree que todavía lo tiene trabajando en el fondo de casa”. Quien hace esa confidencia es Victoria, hija de José y hermana de Cristian Eduardo Pereyra, el docente asesinado en marzo pasado mientras ganaba dinero extra como conductor de una aplicación.
La familia –José, su esposa Carmen y las gemelas Victoria y Brenda– sabe, porque ha repasado dolorosamente una y otra vez el apabullante cúmulo de pruebas que constan en el requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscalía, que el autor de los cinco disparos a quemarropa fue el policía bonaerense Matías Alejandro Vizgarra Riveros. Sin embargo, algo no cierra. “La historia de cómo mataron a mi hermano nos quedó inconclusa; creemos que están implicados otros policías y que los están encubriendo muy bien”, sentencia.
La madrugada del 15 de marzo, Vizgarra Riveros no estaba de servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12, en La Matanza. Por el kilómetro 39 de Virrey del Pino, cerca de su casa, pidió un viaje a través de la plataforma Didi. Cristian Pereyra, docente de una escuela técnica que trabajaba como chofer en las horas libres para incrementar su magro salario, tuvo la mala suerte de aceptar el llamado. Sobre la autopista Presidente Perón, mano a Ezeiza,
“Soy chofer de DiDi. Me robaron el auto”, fueron las últimas palabras que consiguió decir cuando la policía, alertada por un llamado al 911, llegó al lugar donde yacía, agonizante, sobre la autopista Presidente Perón, mano a Ezeiza. Después murió. El asesino había escapado con el Chevrolet Corsa II y otras pertenencias de la víctima, entre ellas, su teléfono celular.
El cuerpo de Pereyra presentaba 10 orificios de bala, cinco de entrada y cuatro de salida. “Un proyectil quedó alojado en el cuerpo y fue extraído en la operación de autopsia”, agregaron los voceros consultados.
Quien le disparó esos cinco tiros con su arma reglamentaria fue, según la Justicia, Vizgarra. Tras cometer el crimen, le robó el auto y se fue a trabajar. Horas después, terminó detenido y le secuestraron la Bersa TPR9, número de serie 13-L65603, la pistola que el Estado le había confiado para proteger a los ciudadanos.
“Nos parece que el caso de mi hermano se elevó a juicio muy rápido. Por ejemplo, el peritaje del celular de Vizgarra consta de una sola página. Ahí figura que hizo varios llamados, pero nunca le atendieron. Por la declaración testimonial de un policía que hace adicionales en el Hospital Simplemente Evita de González Catán nos enteramos de que Vizgarra, después de dispararle a mi hermano, le mandó un mensaje preguntándole si había llegado a la guardia un herido de bala. Ese mensaje no estaba en el celular de Vizgarra; eso quiere decir que borró información”, asegura Victoria.
“Entender el contexto”
A través del abogado Roberto Torres, la familia Pereyra solicitó una instrucción suplementaria, es decir, una medida probatoria excepcional previa al juicio, donde se instó a la compañía telefónica a que proporcione los nombres de los usuarios de las líneas a las que Vizgarra llamó en reiteradas oportunidades para incorporarlos a la causa, a priori, como testigos. Además, se pidió una ampliación de la pericia al celular para recuperar los mensajes borrados tanto de WhatsApp como de Instagram.
“Ya tenemos elementos de prueba suficientes para acreditar la autoría material, pero nos falta entender el contexto. Sabemos que Vizgarra trabajó hasta el mes de febrero en el Hospital Simplemente Evita, así que fue compañero del policía al que llamó luego del asesinato. También descubrimos que jugaba a la pelota con policías de la comisaría que intervino en el hecho, por lo que tiene contactos que podrían entorpecer la investigación”, explica el abogado Torres.
Victoria, indignada, agrega: “Otro policía filmó a mi hermano muerto en la autopista. Tuvieron que dar de baja el video en redes porque amenazamos con denunciarlo”.
Este 11 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día del Maestro, Cristian habría cumplido 40 años. Había empezado a trabajar como chofer por las noches porque el sueldo como docente no le alcanzaba para pagar el alquiler y solventar los gastos de Olivia, su hija de tres años. También en septiembre, pero el día 21, tiene fecha la próxima audiencia donde se discutirá la prueba a presentar durante el debate oral, que posiblemente se realice este año.
“Te soy sincera —arranca Victoria y nadie sería capaz de interrumpirla—, todos nos quedamos estancados en ese 15 de marzo; mi papá tenía la costumbre de ir a caminar, pero ya no sale, y mi mamá todos los días tiene que contener a la nieta, que le dice que está enojada con el papá porque nunca está con ella. Nosotras, como hermanas, también estamos destruidas porque Cristian era el mayor, nuestra protección; él siempre nos daba una mano. Por ejemplo, ahora se me rompió el auto y él me lo hubiera arreglado. Es muy difícil seguir adelante cuando te arrebatan la vida de alguien que amas”.
“Una conducta violenta de máxima intensidad”
El juez de Garantías N° 5 de La Matanza, Gustavo Banco, dictó la prisión preventiva del policía bonaerense Matías Alejandro Vizgarra Riveros por el homicidio del docente Cristian Pereyra.
La fiscalía a cargo de Adrián Arribas formuló el requerimiento de elevación a juicio y solicitó que el policía sea juzgado por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae, es decir, cuando el autor mata para preparar o consumar otro delito, asegurar sus resultados o lograr la impunidad. Ante la gravedad del hecho y la expectativa de pena de prisión perpetua, el juez ratificó el peligro de fuga y ordenó el inmediato traslado de Vizgarra a un pabellón destinado a personal policial en conflicto con la ley en algún establecimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
“En ejecución de un designio previamente orientado al desapoderamiento ilegítimo, el imputado generó las condiciones para consumar el ilícito patrimonial, abusando de la confianza de la víctima en la relación contractual temporaria previamente asumida por ambos. Fue entonces cuando, con pleno dominio de la situación y aprovechando esa relación que lo unía momentáneamente a Cristian Eduardo Pereyra, Vizgarra Riveros desplegó una conducta violenta de máxima intensidad, dirigiendo contra aquél una agresión letal”, argumentó el fiscal.
Respecto de las pruebas acumuladas en la causa, el fiscal ponderó que “la secuencia fáctica descripta se encuentra robustamente respaldada por la evidencia colectada a lo largo de la investigación, la cual, valorada de manera integral y armónica, permite reconstruir no solo el itinerario previo al hecho, sino también la mecánica comisiva y la clara direccionalidad del accionar desplegado por el encausado”.
En su pedido de elevación a juicio, Arribas concluyó que “el suceso aquí ventilado revela un cuadro de extrema gravedad, en el cual la víctima fue seleccionada y colocada en una situación fácilmente vulnerable, siendo finalmente privada de su vida como consecuencia de un accionar deliberado, funcional a la concreción de un ilícito patrimonial y a la procuración de la impunidad de su autor”.
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