La Justicia allanó la comisaría 7a. por las sospechas de actos de corrupción

Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos hechos de extorsión protagonizados por jefes policiales. La Justicia allanó la comisaría 7a., situada en el barrio de Balvanera, donde secuestró diversa documentación.

Así lo informaron a la nacion fuentes judiciales. Además, en las últimas horas, comenzaron a declarar ante el juez Hernán López, a cargo de la causa, testigos de identidad reservada.

"En la seccional se secuestró documentación que ahora será analizada", explicó una fuente con acceso al expediente.

Uno de los oficiales jefes imputados en la causa investigada por el juez López es el comisario Claudio Lucione, que hasta anteayer estaba a cargo de la seccional 17a., una de las comisarías con jurisdicción en el barrio de Recoleta.

Otros dos imputados, agregaron las fuentes judiciales consultadas, son el comisario inspector Luis Poggi y el comisario Osvaldo Tapia, que se hallaba en la seccional situada en Lavalle 2625 cuando el viernes pasado llegó el juez López y su equipo de investigadores.

La causa que lleva adelante el juez López comenzó después de una presentación del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde acusó a los uniformados, entre otros hechos, de cobrar importantes coimas a distintos comerciantes.

La denuncia contra la comisaría 7a. fue firmada por la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Cristina Caamaño,

Poggi fue pasado a disponibilidad el 11 de este mes. Ya no estaba en la zona de la comisaría 7a. en el momento de la denuncia presentada por Caamaño, por entonces era jefe de la Circunscripción VI (responsable de la seguridad en los barrios de Boedo, Almagro, Caballito y Flores).

Poggi, Lucione y Tapia no son los únicos uniformados de la comisaría 7a. denunciados por irregularidades por el Ministerio de Seguridad. En la presentación firmada por Caamaño, entre los sospechosos se nombró a un subcomisario, a un subinspector, a un suboficial mayor y a dos cabos.

"Es una imputación muy amplia. No sólo se investigan presuntos hechos de cohecho, sino también posibles actos de extorsión y enriquecimiento ilícito", afirmó un investigador judicial.

Mientras los detectives judiciales analizan los elementos secuestrados en la comisaría 7a., el juez López solicitó a distintos organismos, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informes y operaciones de los sospechosos.

"No sólo se pidió datos a la AFIP, sino también a bancos y a empresas telefónicas", agregó un investigador consultado.

Pero el Ministerio de Seguridad no sólo denunció a integrantes de la comisaría 7a., sino también a las autoridades y personal de las seccionales 44a., en Liniers, y 28a., en Parque de los Patricios, que investigan otros jueces.

Procesamientos

Ayer se supo que cuatro policías federales fueron procesados acusados de haber fraguado entre 2008 y 2011 una serie de actas y testimoniales para encubrir la actividad de prostíbulos en el barrio de Flores.

Se trata de un comisario, un subcomisario y dos oficiales que al momento de los hechos investigados prestaban servicios en la seccional 38a.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que los cuatro policías fueron procesados por la jueza de instrucción María Fontbona de Pombo, quien les imputó los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento.

Por Gabriel Di Nicola

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