La Justicia condenó a una empresa de créditos que le prestó plata a una jubilada sin informarle los intereses

Por su “comportamiento desaprensivo, abusivo e ilegítimo” contra una consumidora “hipervulnerable”, la empresa crediticia Cartasur Cards S.A. y la compañía Enpro S.R.L. deberán abonarle una millonaria indemnización a una mujer de 80 años que se sobreendeudó con préstamos personales.

Así lo resolvió la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, según se hizo público. Todo comenzó cuando la mujer, jubilada y pensionada, pidió créditos porque el dinero que percibía no le alcanzaba. En su reclamo judicial, afirmó que luego esas deudas comenzaron a consumirle todos sus ingresos y aseguró, a su vez, que la financiera nunca la indagó sobre su capacidad de pago.

Según su testimonio, su yerno intentó sin éxito -desde 2021 cuando comenzó el reclamo- obtener de Cartasur el detalle de los créditos y la liquidación de la deuda, incluidos los intereses. También narró que solicitó que se anulara el contrato del crédito porque no podía abonarlo.

En lugar de avanzar con su reclamo, la mujer comenzó a recibir reiterados mensajes de parte de la empresa Enpro, dedicada a la cobranza extrajudicial. La mujer dijo que le llegaban mensajes vía WhatsApp y por correo electrónico con un “tono intimidatorio” que anunciaban procesos judiciales en su contra.

La causa judicial inició su correspondiente proceso. En el mismo, la financiera Cartasur desconoció los hechos y argumentó que cumplió con todos los requerimientos al aportar la documentación e información. Enpro, por su parte, negó haber enviado comunicaciones amenazantes o intimidatorias, y afirmó que su servicio de gestión y cobranza de deudas se realiza a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos dentro de horarios específicos.

Finalmente, el fallo de la Justicia en primera instancia reconoció a la jubilada como una clienta con ingresos limitados y educación básica incompleta. Se estimó, además, que las obligaciones crediticias consumían gran parte de sus ingresos, con cuotas que representaban hasta un 49% de sus haberes en 2021. Por estas razones, la mujer fue calificada como consumidora hipervulnerable y sobreendeudada. La sentencia concluyó que los contratos con Cartasur eran nulos.

La Justicia analizó los documentos presentados por las empresas demandadas y determinó que no mencionaban las tasas de interés y costos pertinentes (TEA, TNA y CFT) porque los correspondientes espacios para su consignación permanecían en blanco.

También se omitió informar el sistema de amortización de intereses y, además, la firma de la actora se encontró únicamente en las condiciones generales donde esos valores no estaban completos.

Las juezas Matilde Ballerini y Alejandra Tevez ratificaron la responsabilidad de Cartasur y Enpro y en su fallo de primera instancia se ordenó una indemnización para la víctima de $2.500.000 por daño moral y $10.000.000 por daño punitivo. También se dispuso que la mujer fuera excluida de cualquier base de datos de riesgo crediticio y que se rectificara cualquier información que la señalara como deudora.

La sentencia de segunda instancia modificó parcialmente los montos indemnizatorios. Aumentó la suma por daño moral a $2.600.000, y redujo el monto por daño punitivo a $5.000.000.

LA NACION

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