La Plata: detienen y desafectan de la fuerza a ocho policías por el crimen de un detenido en un patrullero

Ocho policías del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de La Plata fueron detenidos y desafectados temporalmente de la fuerza por el crimen de un detenido en un patrullero.

Se trata de los policías Cristian Caffa, Mónica Arias, Walter Fernando Rodríguez Muller, Daniela Aprea, Michael López González, Luciano Díaz, Patricia del Carmen Paris y Laura Gutiérrez, quienes, según consignó Télam, están acusados de "homicidio triplemente agravado por alevosía, abuso de funciones, y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público".

El hecho ocurrió el 26 de agosto pasado, cuando efectivos a bordo de un móvil policial detuvieron a Juan Martín Yalet (35), acusado de interceptar con fines de robo a una mujer y a su hijo de nueve años cuando se disponían a ingresar a su casa de la calle 2, entre 66 y 67, de La Plata.

El hombre fue apresado y, tras ser esposado con sus manos hacia atrás, subido a un patrullero, conducido por Cristian Caffa y su compañera Mónica Arias.

Yalet recibió un disparo en el cráneo dentro del móvil policial por lo que los policías debieron trasladarlo al hospital San Martín de La Plata, donde murió.

Según consignó DyN, los efectivos del CPC dijeron que se había tratado de una "autolesión fatal", por lo que se habría instruido un acta. Esta hipótesis fue calificada como "inverosímil" por la fiscal penal que interviene Bettina Lacki, quien además constató que no había sangre en el asiento trasero, como tendría que haber habido si hubiera sido un suicidio, y sí había restos hemáticos sobre el piso del móvil policial.

Una fuente de la investigación confirmó a Télam que los ocho policías "fueron desafectados por 60 días de la fuerza hasta tanto la justicia determine la responsabilidad que le cupo a cada uno en el hecho investigado, ocurrido el 26 de agosto último".

La medida implica el retiro de chapa, del uniforme y del arma reglamentaria, y que el policía perciba la mitad de su sueldo. Además es una sanción que puede prorrogarse por otros 60 días, pasados los cuales se debe expedir el Ministerio de Seguridad provincial sobre la situación del efectivo.

• Violencia institucional

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