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La tragedia de Cromagnon: adelantan la libertad de algunos de los condenados
Por la ley de ejecución penal, se redujo el tiempo de algunas sentencias; la ex funcionaria porteña Fabiana Fiszbin ya volvió a su casa; hay otros beneficiados
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La Justicia decidió reducir el tiempo que deben pasar en prisión algunos de los condenados por la tragedia de Cromagnon. Los cursos de formación profesional a los que asistieron en su primera estadía en la cárcel hoy resultan un atajo para las salidas transitorias de quienes fueran sentenciados por la muerte de 194 personas y más de 1200 heridos tras el incendio de la discoteca de Once, ocurrido el 30 de diciembre de 2004 durante un recital del grupo Callejeros.
Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, ya consiguió volver a su casa. También se adelantarán seis meses las salidas laborales de Raúl Villarreal, mano derecha de Omar Chaban (entonces gerenciador del lugar, fallecido en 2014), lo cual le permitirá asomarse fuera del muro de la cárcel de Marcos Paz a partir de octubre próximo.
Después de más de tres meses de haber regresado a prisión, los músicos de la banda Callejeros esperan correr la misma suerte, mientras que Patricio Fontanet, líder del grupo, comenzó con sus talleres recién en esta nueva etapa de detención.
En aquel primer período que estuvieron en prisión, desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2014, cuando la sentencia aún no estaba firme, varios de los condenados se inscribieron en distintos cursos y talleres, no sólo para pasar mejor el tiempo, sino por la advertencia de sus abogados de que eso, sumado a una buena conducta en el penal, podría adelantar las fechas de sus salidas transitorias.
Así lo indica la Ley de Ejecución Penal, que propone que los presos reciban un "tratamiento interdisciplinario" que luego les permita una "adecuada reinserción social". En su artículo 14 señala que dichas actividades podrían implicar "para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena" y pueden llegar a reducirse hasta 20 meses de condena. El cálculo estimado que hace el juzgado de ejecución es un descuento de dos meses por cada curso de formación profesional, certificados por los ministerios de Educación de la Nación o provinciales.
Fiszbin ya está afuera
Fiszbin sólo permaneció un mes y 17 días presa en esta nueva detención en Ezeiza, después de haber demostrado que en su encierro anterior había realizado varios cursos intramuros: guitarra, canto, muñequería, marroquinería, programador de sistemas, reparador y operador de PC, y Word para oficinas. Su abogada, Patricia De Reatti, cuenta que "la respuesta judicial fue que nunca debió haber vuelto a prisión, a partir de la cantidad de talleres que había hecho. Por eso le redujeron 20 meses". La ex funcionaria, condenada a cuatro años, todavía no consiguió trabajo y solamente se dedica al cuidado de sus hijos.
"Este sistema ha funcionado como un incentivo para que no haya tanta violencia en los penales", analiza Albino José Stefanuolo, abogado de Villarreal. Su defendido obtuvo una reducción de seis meses de la pena de seis años por los talleres de producción teatral, peluquería unisex, administración de microempresas y aspectos del derecho penal. Villarreal está en busca de un empleo porque el 5 de octubre comenzará a tener salidas laborales transitorias y un año más tarde tendrá la condicional.
La situación de los cuatro integrantes de Callejeros condenados a cinco años de prisión tiene algunos puntos en común entre sí: ninguno de ellos obtuvo este beneficio, al menos por ahora. El bajista Christian Torrejón, que comparte con Fontanet su nueva banda Don Osvaldo, terminó el secundario en la prisión de Ezeiza, igual que el guitarrista Elio Delgado, pero además participó de talleres de plástica y rinde materias del CBC. El saxofonista Juan Carbone también espera que le reconozcan su flamante título secundario y sumó cursos de microemprendimientos, teatro, matemática, participación deportiva, poesía y formación sindical.
Antes debe definirse el pedido del otro guitarrista, Maximiliano Djerfy, que quiere que su prisión sea domiciliaria, porque sus padres sufren distintas discapacidades y debe ocuparse de ellos. El escenógrafo Daniel Cardell, cabe recordar, ya obtuvo la libertad condicional en 2013.
Otro que espera anticipar su salida del penal de Ezeiza es Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control porteño, condenado a tres años y nueve meses, quien en abril permaneció unos días internado por un intento de suicidio tras la noticia de que debía regresar a la cárcel.
En cambio la ex directora adjunta de Fiscalización y Control Ana María Fernández, no volvió a quedar presa. Así lo decidió la Casación ante el "maltrato institucional" que sufrió al haber sido discriminada por su orientación sexual: la justicia no le había permitido amamantar a su hijo en la casa y los separó con el argumento de que el chico tenía otra mamá.
El 30 de diciembre pasado, al cumplirse 11 años de la tragedia de Cromagnon, sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas y vecinos realizaron actos en Once, en la Plaza de Mayo y en el Obelisco; justo allí (foto) se leyó una declaración que ahora parece constrastar con las últimas decisiones judiciales: "Increíblemente, pasamos otro aniversario sin los responsables presos. La lucha en el Poder Judicial nos metió en un laberinto que, 11 años después de la tragedia, nos impidió tener a todos los condenados tras las rejas".
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