Los responsables de una de las más trágicas balaceras narco, frente a la Justicia

Hay crímenes que se cuentan por su expediente y otros por la tragedia que produjeron. El de Máximo Jerez pertenece a los segundos. El juicio por el asesinato del chico de 11 años que murió de un balazo en el pecho la madrugada del 5 de marzo de 2023, en el barrio Los Pumitas de Empalme Graneros, comenzó en los últimos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Pero lo que se abrió no es solo la reconstrucción judicial de ataque a tiros: es el regreso, tres años y cuatro meses después, a la escena que condensó como ninguna otra el grado de abandono en el que el narcomenudeo dejó a los barrios más pobres de la ciudad.

El tribunal que conduce el debate está integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu. El fiscal Franco Tassini, de la Unidad Fiscal en Violencias Altamente Lesivas, pidió prisión perpetua para cuatro de los imputados: Maximiliano Castillo, de 27 años; Nicolás Castillo, de 28; Nicolás Torres, de 28, y Ezequiel Miguel Godoy, de 37. A ellos les atribuye el homicidio de Máximo y la tentativa de homicidio de otros tres niños que estaban en el lugar, agravado todo por el uso de armas de fuego y sumado a la portación ilegal de arma de guerra.

La acusación es precisa en su lenguaje forense —“homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”— y brutal en lo que describe. Según la Fiscalía, cuatro hombres subieron a un Honda Civic negro y, cerca de la 1.30 de la madrugada, dispararon de manera directa contra las personas que estaban frente a las viviendas de Cabal al 1300 bis, en la esquina del pasaje San José. El objetivo era un búnker de la banda rival. Los que cayeron fueron los chicos que jugaban a metros de esas construcciones.

La lógica del ataque es la de siempre en las guerras del narcomenudeo rosarino: un mensaje escrito con plomo. Para la fiscalía, los hermanos Castillo son primos de Alex “Arañita” Ibáñez, preso en la cárcel de Piñero y señalado como referente de una gavilla de soldaditos que se disputaba a tiros el territorio más empobrecido de Empalme Graneros con la banda conocida como Los Salteños, liderada por el clan Villazón. La balacera de aquella madrugada no apuntaba a la familia de Máximo —integrante de la comunidad qom, ajena por completo a esa disputa—, sino a marcar territorio frente a los Villazón. Los disparos, sin embargo, no distinguen blancos buscados de víctimas inocentes.

Máximo Jerez recibió un balazo en el pecho y murió en el acto. Junto a él resultaron heridos Alexis, de 13 años, con un disparo en el tórax; una nena de 2 años, baleada en un brazo; y otro adolescente de 13, herido en la boca. Los cuatro habían salido a comprar una gaseosa a un kiosco que estaba a media cuadra de la cancha de fútbol, corazón del barrio.

Dos de los acusados, los hermanos Castillo, cayeron a los pocos días. Torres fue detenido en abril de 2023. La imputación contra Godoy, en cambio, recién trascendió en la audiencia preliminar del caso, un dato que muestra hasta qué punto la construcción de la acusación se fue tejiendo con el tiempo.

El quinto imputado que llegó a juicio corre otra suerte procesal. Se trata del taxista Gustavo Marcelo Borda, de 54 años, acusado de encubrimiento y favorecimiento real agravado por haber ayudado a esconder el Honda Civic tras la balacera. Para él, el fiscal pidió cuatro años y seis meses de prisión efectiva. El auto fue una de las claves que permitió avanzar en la investigación: quedó oculto en una vivienda de Campodónico al 3200, en barrio Godoy, y por esa maniobra ya habían sido condenados en juicio abreviado Alejandra Rodríguez y sus hijos, con penas de dos años y seis meses de prisión condicional.

“Toda nuestra vida se derrumbó por completo, porque estas cosas no tienen que pasar en nuestro barrio. Hoy, a 3 años y 4 meses, seguimos sufriendo el dolor de ese día”, expresó la madre del niño en una carta que fue leída esta semana ante el tribunal.

Para entender por qué el crimen de Máximo Jerez ocupa un lugar propio en la memoria de Rosario hay que volver a las horas que siguieron al velatorio. Dos horas después de que sepultaran al chico en el club Los Pumitas, los familiares, amigos y vecinos —desolados y cargados de furia— empezaron a derrumbar los búnkeres donde se vendía droga en el barrio. En tres horas, bajo un sol abrasador, destruyeron cinco casas señaladas como puntos de venta de Los Salteños. Tomaron mazas, martillos y caños de hierro y desmantelaron las viviendas casi por completo: sacaron chapas, aberturas, caños y hasta los cables de electricidad. En una de las casas cargaron los materiales en un carro tirado por un caballo.

Esa escena —vecinos aplaudiendo la demolición mientras la policía observaba desde la sombra de unos paraísos, junto a la cancha— dejó al desnudo lo que ninguna estadística lograba mostrar con la misma crudeza: en un radio de tres manzanas funcionaban cinco cocinas de cocaína manejadas por un mismo grupo criminal, a la vista de todos y ante la inacción del Estado. La bronca no tuvo límites claros. A una mujer la sacaron de su casa y le prendieron fuego el interior; ella lloraba y repetía que había alquilado hacía dos meses, que el que vendía droga era el inquilino anterior.

“Jamás tuvimos una amenaza ni nos metemos con nadie. Somos gente honesta. Ahora, quién me devuelve la vida de mi sobrino”, decía entonces Antonia, la tía de Máximo, mientras recordaba que a los chicos heridos los habían trasladado los propios vecinos porque no llegó ni siquiera una ambulancia. Julio Jerez, el padre, tenía en el pecho las marcas de las balas de goma que le disparó la policía para dispersar a la multitud, horas después de enterrar a su hijo. La comunidad qom, mayoritaria en ese sector de Empalme Graneros, quedó en crisis. El colegio bilingüe Nº 1344 Yaigoye, adonde iba Máximo, amaneció sin clases.

El crimen se inscribió en el peor momento de la escalada de violencia narco que atravesó Rosario en 2023. No fue un episodio aislado: aquel mismo fin de semana otra escuela apareció baleada con un mensaje mafioso, y el gremio docente Amsafé arrancó la semana con una jornada de duelo advirtiendo que la situación era “insostenible”. Los Pumitas era, además, un territorio en disputa entre los nombres más pesados del negocio: Los Monos de Ariel Cantero, la estructura de Esteban Alvarado y el ingreso de nuevos jugadores a través de Los Salteños. A ocho cuadras de donde mataron a Máximo, meses antes, la Policía Federal había secuestrado 1500 kilos de cocaína de un cartel colombiano en un galpón. La droga del mundo pasaba por el mismo barrio donde un chico no podía salir a comprar una gaseosa.

Por eso el juicio que se abrió este lunes es más que un trámite. Frente a la canchita donde velaron a Máximo hay un mural que lo recuerda, y cada aniversario la familia renueva el mismo reclamo: “No queremos más chicos muertos”. El debate oral, esperado durante más de tres años, buscará establecer responsabilidades penales sobre aquella madrugada. Pero la pregunta que quedó flotando en Los Pumitas cuando el barrio decidió demoler sus propios búnkeres —por qué hizo falta que muriera un chico de 11 años para que el Estado mirara— seguirá sin respuesta en la sala 10.

Por Germán de los Santos

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