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Matías Morla reiteró su oferta de $150 millones, los hijos de Diego la rechazaron y ahora el juez definirá cómo sigue el proceso por la marca “Maradona”
El abogado y último representante del astro insistió en la propuesta a los herederos a cambio de la suspensión del juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El abogado Matías Morla, último apoderado y representante de Diego Armando Maradona, insistió con su ofrecimiento de 150 millones de pesos a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta a propósito del uso de la marca “Maradona” y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados al nombre del Diez.
Como era de esperar, los herederos de Maradona, es decir, sus cinco hijos (Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Junior y Diego Fernando), se opusieron a la propuesta de Morla. Ahora deberá resolver la cuestión el juez Juan Giúdice Bravo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal porteño N° 17.
El magistrado debe resolver si convalida la probation solicitada por el letrado o si rechaza la solicitud y se avanza con un juicio oral y público.
Morla “concretamente ofrece la suma de $150 millones a pagar en seis cuotas iguales mensuales y consecutivas de $25 millones, procediendo a abonar la primera de ellas dentro de los diez días hábiles siguientes a ser concedido el instituto bajo análisis. Es del caso señalar, para que tenga una más acabada idea de la situación socioeconómica de nuestro asistido, que, tal como lo indicara al momento de prestar declaración indagatoria, nuestro ahijado procesal es de profesión abogado y posee su propio estudio jurídico que resulta ser su principal sostén económico. Por su parte, es padre de tres hijos a los que mantiene íntegramente, al tiempo de pasar una cuota alimentaria a su expareja”, habían sostenido los abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, representantes de Morla, en el escrito que presentaron a principios de agosto pasado ante el juez Giúdice Bravo.
En ese escrito, Cúneo Libarona y D’Alessandro también habían explicado que, si se le concede la probation, además de pagar a los herederos, “Morla ofrece realizar trabajos comunitarios en una institución de bien público con regla de conducta a ser impuesta”.
La suspensión del juicio a prueba también fue solicitada por otros acusados en el expediente: Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla; Rita y Claudia Maradona, dos de las hermanas del Diez, y Sergio Garmendia.
“Cabe tener presente que nos encontramos frente a un conflicto de intereses de carácter patrimonial y privado, donde el representante del Ministerio Público Fiscal no ha formulado requerimiento de elevación a juicio por entender que la conducta imputada no constituye delito alguno y, por lo tanto, no se hallan comprometidos en el caso los intereses generales de la sociedad de los cuales aquel órgano es representante”, habían dicho los abogados de Morla en el citado escrito.
Según el auto de elevación a juicio, la acusación afirma que Morla, junto con Pomargo y Garmendia [designado como administrador], controló durante años el negocio vinculado a las marcas “Maradona” a través de la sociedad Sattvica SA, una empresa que concentró los derechos comerciales más valiosos del patrimonio del exfutbolista. Para los querellantes, esa estructura fue utilizada para retener el control de las marcas y, tras la muerte de Maradona, impedir que sus hijos accedieran al usufructo que les correspondía como herederos.
La resolución judicial sostiene que provisionalmente existen elementos suficientes para considerar que los hijos de Maradona fueron privados del uso y disfrute económico del nombre de su padre, un activo central de la herencia.
El expediente se había iniciado a partir de las denuncias presentadas por Dalma y Gianinna (representadas por Alfredo Huber y Diego Mayol), Jana (con la representación de Félix Linfante y Marcelo D’Angelo) y Diego Armando (h), quienes sostienen haber sido desplazados de los beneficios económicos generados por la explotación del nombre y la imagen de su padre.
Ayer, en una audiencia convocada por el juez Giúdice Bravo, las defensas fundamentaron sus pedidos de suspensión del juicio a prueba y las querellas se opusieron a los ofrecimientos.
“Las defensas de los imputados nada dijeron de la devolución de marcas o de acciones de Sattvica”, dijo una fuente que participó de la audiencia.
Ahora se espera que el magistrado resuelva. Las partes pueden recurrir a la Cámara de Casación.
En agosto pasado, poco después de que se conociera el ofrecimiento de Morla, los abogados Huber y Mayol habían afirmado a LA NACION: “La oferta de reparación que hizo Morla en el caso concreto es ridícula y absurda. Es un caradura. Por suerte interviene un muy buen juez, serio y honesto, que evitará la intentona de impunidad, rechazando el beneficio que pide”.
También habían afirmado: “La probation no es una vía de escape, una patente de corso o un comodín para que un imputado zafe de la acusación penal que pesa en su contra. Para evitar ser sometido a un juicio oral y la eventual imposición de una sanción penal, el imputado debe realmente querer superar el conflicto. El análisis de ese esfuerzo superador para componer el conflicto se mide por la oferta de reparación que haga el imputado, que debe ser proporcional al daño causado y encontrarse dentro de sus posibilidades”, explicaron Huber y Mayol.
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