Megaestafa inmobiliaria. Con nuevas denuncias y el entramado de sociedades en el foco, piden ampliar las indagatorias de los empresarios presos
En los últimos días se sumaron un centenar de presentaciones de damnificados por las fallidas ventas de pozo de departamentos por parte de firmas vinculadas a la familia L’Abbate
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LA NACION
La causa de la megaestafa inmobiliaria con la frustrada venta de pozo de departamentos en edificios que nunca se terminaban de construir o con unidades que se vendían una y otra vez crece como una bola de nieve en una empinada pendiente y amenaza con convertirse en una de las causas más grandes en trámite actualmente en la Justicia nacional.
Día a día se suman decenas de presentaciones nuevas de damnificados por las operaciones inmobiliarias de los fideicomisos en 13 desarrollos edilicios comercializados y administrados por Induplack Fiduciaria SA, la “nave insignia” del clan familiar comandado por Vito L’Abatte. Calificadas fuentes judiciales confiaron a LA NACION que se presume que se presentaron al menos 300 demandas ante la Justicia. Se calcula, además, que el monto de la estafa supera los 25 millones de dólares.
En la última semana se documentó un centenar de nuevas denuncias que se agregan a las anteriores por las cuales Vito L’Abbate y sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, además de Patricio Gastón Flores, quien fungía como apoderado de la firma y habitual encargado de la firma de los boletos de compraventa, están procesados con prisión preventiva desde el 10 de abril pasado.
En consecuencia, la fiscal Mónica Cuñarro, que lleva adelante la investigación, pidió a la jueza Paula González la ampliación de indagatoria para los cinco empresarios detenidos y para los responsables de la comercializadora inmobiliaria, involucradas en muchas de las operaciones cuestionadas.
En esta ocasión, la titular de la Fiscalía N°16 puso el foco en el entramado societario que les permitió a los L’Abbate continuar con la comercialización de emprendimientos inmobiliarios nuevos a pesar de las inhibiciones que les iban cayendo encima por los flagrantes incumplimientos de los contratos previos.
Cuñarro advirtió que “los imputados, desde el año 2008, se encuentran vinculados en 23 sociedades. Y es a partir de 2019 que se constituyen 14 de esas 23 sociedades”. El parteaguas trazado no es azaroso: para 2019 ya habían comenzado a recibir demandas; el cambio de CUIT y de nombre les permitió sortear el primer filtro de duda de los eventuales nuevos compradores, opina la fiscal.
La representante del Ministerio Público, en su más reciente dictamen, reparó en que en 2023 (año en que se produjeron los hechos que fundamentan los primeros procesamientos del clan L’Abbate) se constituyeron siete de esas sociedades que compartían o alternaban integrantes; cuatro de ellas aparecían destinadas a un fin aparentemente diverso al de las operaciones inmobiliarias o de venta de materiales para la construcción: estaban destinadas a la comercialización de artículos de bazar y cotillón. En ellas aparecía como presidente Carolina Carnevale y su esposo, Emanuel L’Abbate.
“Se observa entonces en esta organización el empleo para los fines delictivos de estructuras societarias con permanencia temporal y una especificidad en una forma de comisión delictiva determinada”, sostuvo Cuñarro en el dictamen en el que solicitó la ampliación de indagatoria de los acusados.
“A tal punto llegó esta asociación ilícita que tenían montado todo un escenario societario que permitía cubrir las diferentes aristas de un proyecto de construcción inmobiliaria. No puede pasar desapercibido que los imputados, con el correr de los años, al generar más estafas y cada vez mayores, al empezar a ser denunciados fueron incorporando nuevas empresas en la que los integrantes de esas sociedades son los mismos, pero intercambiando roles; me refiero a Integral Home, Icons Tech, Iwin S.A, Iwin Aberturas S.A, con el fin de engañar a los nuevos compradores y por otra parte a la Justicia, lo que hace palmaria su burla al sistema, para continuar con sus maniobras", señaló la fiscal.
“En efecto, la estructura empleada por la asociación de la que formaron parte los incusos se encuentra constituida por distintas sociedades interconectadas, lideradas en los hechos por Vito L’Abbate, y en las que él y sus consortes rotaban en los roles societarios”, reseñó en su dictamen relativo a más de medio centenar de casos relacionados con los emprendimientos de Acuña de Figueroa 333, Terrada 72/76/78, Caaguazú 6148, Juan Bautista Alberdi 5784, Av. San Juan 1451, Nicolás Repetto 1281, Jujuy 431, Av. Rivadavia 7159, Juan Bautista Alberdi 6683, Manuela Pedraza 6158, Arregui 6225, Carlos Antonio López 2247 y Fragata Sarmiento 2070/72, todos en la ciudad de Buenos Aires.
La fiscal Cuñarro se valió de los dichos en declaración indagatoria de uno de los acusados para fundar su tesis de que se buscó desviar las inversiones de los damnificados a través de la maraña de empresas.
“Ahora bien, en el descargo efectuado el pasado 15 de abril, Emanuel L’Abbate intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar, y que no quisieron concursar. Y afirmó categóricamente: ‘El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden […] por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios".
Al respecto, la fiscal respondió: “Es sabido que la presentación en concurso preventivo importa una verdadera demanda a través de la cual se procura poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional con el fin de superar la insolvencia patrimonial del interesado y los conflictos de distinta índole que aquella provoca. Así, puede protegerse en cierta forma el patrimonio de los acreedores, pues permite que la empresa siga operando y reestructure su deuda. […] Ellos, en lugar de presentarse a concurso siguieron construyendo nuevas empresas cada vez que quedaban inhibidos y continuaban vendiendo y revendiendo las unidades funcionales, para lograr sortear obstáculos legales y, de esta manera continuar recibiendo dinero de los compradores/ víctimas sabiendo que jamás iban a poder cumplir con sus obligaciones".
LA NACION
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