Detienen a cinco empresarios de la construcción por una estafa multimillonaria con la venta de departamentos de pozo

Cuatro integrantes de la familia L’Abbate y su apoderado se entregaron después de que una jueza porteña dictara su procesamiento y se los intimara a presentarse para quedar detenidos, acusados de una estafa multimillonaria con la venta de departamentos “de pozo” que no fueron entregados o que fueron vendidos dos veces.

La investigación, además, corrió el manto que encubría un entramado de una veintena de sociedades creadas con el eventual objeto de continuar con el “plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas”, según lo definió la fiscalía, al punto que desde diciembre hasta la fecha ingresaron en la Justicia porteña más de cien causas nuevas contra los mismos imputados.

La resolución de la jueza Paula González, del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°40, abordó una serie de denuncias contra Induplack Fiduciaria, administradora de fideicomisos para la comercialización de unidades en edificios en construcción en distintos barrios de la Capital creada en 2008. Los imputados ya habían sido acusados e indagados por pedido de la fiscal Mónica Cuñarro.

Vito Antonio L’Abbate fue procesado como jefe de una asociación ilícita y por 16 hechos de estafa, a los que se suman a los 14 hechos por los cuales ya había sido procesado en 2023 y 2024, en el marco de otra causa iniciada hace cinco años.

En tanto, sus hijos Emanuel Andrés; Juan Ignacio y Santiago David, además del apoderado de Induplack, Patricio Gastón Flores, fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y por los 16 hechos de estafa; los dos primeros y Flores ya habían sido procesados al igual que el patriarca de la familia.

A Santiago David L’Abbate le trabaron un embargo por $905 millones. Y se decretó su inhibición general de bienes de los otros cuatro procesados, que ya habían sido embargados por más de 190 millones de pesos tras los procesamientos de mayo y agosto de 2023.

A todos se les imputó “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo” que “habría comenzado a operar, cuando menos, en 2012, y seguiría operativa en junio de 2024″.

La fiscal Cuñarro ya había pedido la ampliación de las indagatorias de Vito L’Abbate y sus tres hijos y de Patricio Gastón Flores, y solicitó el procesamiento y la ampliación de indagatoria de Gabriel y Pablo Brodsky, asociados en los emprendimientos de Induplack a través de la desarrolladora inmobiliaria Predial.

Cuñarro sostuvo que a través de una investigación en la que contó con la asistencia de la fiscal María Fernanda Bergalli, de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), y María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, “se ha logrado el desbaratamiento de una organización criminal, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada, destinada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario mediante la realización de operaciones fraudulentas”.

A través de Induplack Fiduciaria S.A. “ofrecían unidades en venta bajo la modalidad de venta en pozo, para lo cual recibían pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían ser destinados a la construcción de inmuebles” una vez firmado el boleto de compraventa.

Pero, según precisó la titular de la fiscalía N°16, “sin embargo, pese a haberse vencido los plazos convenidos, las obras no se terminaban ni se realizaban los trámites necesarios para escriturar las unidades, perjudicando gravemente a los adquirentes”.

En su dictamen Cuñarro detalló que “el análisis de los hechos reveló un patrón de conducta por parte de los imputados, quienes, tras captar fondos mediante promesas incumplidas de entrega de inmuebles, estiraban los plazos de manera deliberada”.

Hubo compradores que, incluso, habiendo enviado cartas documento que no eran respondidas, se presentaban con escribanos en los edificios y constataban que las unidades que habían comprado estaban ocupadas por familias que también afirmaban tener derechos posesorios de adquisición.

Según consta en la resolución judicial, los hechos por los cuales se dictaron los procesamientos abarcan a al menos 36 damnificados por distintos incumplimientos y fraudes en torno a 14 emprendimientos inmobiliarios en distintas zonas de la Capital.

“Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para desviaron el dinero recibido cubrir el costo de la construcción; los imputados en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, detalló la titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional N°40.

En algunos casos, cobraron todas las cuotas pactadas, pero la empresa constructora ni siquiera había comenzado a ejecutar las obras; a veces, porque ni siquiera tenían los planos de edificación autorizados por el gobierno de la Ciudad.

En ocasiones, ante los incumplimientos de plazos de entrega en un emprendimiento, ofrecían unidades en otro; podía ocurrir, entonces, que o bien se repitiera la falta de inicio de obra o que, por caso, se les otorgara una unidad que ya había sido vendida y que, incluso, estaba ocupada.

Nada de eso les impedía seguir captando clientes, “celebrando boletos de compraventa sobre unidades que conocían que no podrían ser finalizadas o escrituradas por sus nuevas víctimas, a la vez que siguieron percibiendo, en su beneficio, los montos dinerarios que aquellos abonaron en concepto de precio”

“Este proceder evidenciaba un plan de negocio destinado a generar ganancias ilícitas, utilizando los aportes de los compradores sin destinarlos a los fines acordados. Las maniobras incluyeron hipotecas sobre los terrenos y propuestas de acuerdos que nunca cumplían en tiempo y forma, perjudicando a las víctimas, quienes no solo sufrieron pérdidas económicas, sino también daños morales significativos”, dijeron fuentes de la investigación.

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