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Menores y extranjeros. Hacían entraderas, fueron detenidos y la Ciudad pidió que sean deportados a su país
Los apresados tienen 24 años, 17, 16, 15 y 13 años, todos de nacionalidad chilena
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LA NACION
Una banda que hacía entraderas, integrada por un mayor y cuatro menores, todos de nacionalidad chilena, fue detenida en las últimas horas por la Policía de la Ciudad cuando intentaban robar en un edificio en el barrio de San Nicolás.
Según se informó desde la administración porteña, fue Personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad los que llegaron anoche a un edificio situado en la calle Perón al 1400, donde un hombre dijo haberse encontrado con un grupo de desconocidos intentando ingresar a robar a su departamento.
Los oficiales llegaron rápidamente y lograron la detención de los cuatro delincuentes y de otro que hacía de campana. Los detenidos tienen 24 años, 17, 16, 15 y 13 años, todos de nacionalidad chilena.
Interviene en el caso el Juzgado Nacional de Menores a cargo de Gustavo Velázquez, que dispuso la detención del mayor y el traslado de los menores al Instituto Inchausti. En paralelo, la Ciudad ya solicitó el pedido de expulsión del país para los cinco delincuentes.
“La Policía de la Ciudad detiene delincuentes menores una y otra vez y no hay consecuencias por parte de la Justicia. Venimos reclamando la baja de la edad de imputabilidad y que se discuta un nuevo régimen penal juvenil. Un menor que comete un delito de adulto tiene que ser juzgado como adulto”, expresó a través de sus redes sociales el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, aseguró que “la Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo. Pero el pedido es el de siempre y es claro: necesitamos un nuevo Régimen Penal Juvenil, régimen de reinserción real y quita de patria potestad a las familias que usan a los menores para el delito. Hay que cambiar la historia y terminar con la puerta giratoria”.
Además, el ministro recordó que “1 de cada 5 detenidos en la Ciudad son extranjeros. El trabajo conjunto que llevamos adelante con la justicia y Migraciones hace que, en muchos casos, podamos acelerar los procesos para expulsar del país a quienes vienen a delinquir. Ya pedimos la extradición de estos cinco delincuentes también”.
Auge y caída de la banda que robó miles de vehículos
La publicación en su perfil de Instagram tenía varios errores de ortografía. Pero era un resumen perfecto del poder económico detrás de la organización criminal que, junto con otros delincuentes, lideraba. “Y pensar que en dos años compré una casa para mí y una para mi mamá. Puse tres locales. Ise [sic] departamentos y me compré lo que quise y enzima [sic] a la gorra y a la brigada [por la policía] los baile como quería. Ahora estoy pagando un poquito de lo que ise [sic]”.
Cuando Iván Gabriel Galán, apodado Memeco, hablaba de “pagar un poquito” lo que había hecho, se refería a que desde el 10 de julio pasado está preso en una cárcel de Entre Ríos, acusado de encubrimiento y resistencia a la autoridad.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó a LA NACION que la organización criminal desbaratada tenía una distribución de roles “muy sofisticada” y estimó que los delincuentes se alzaron con un botín estimado de entre 20 y 25 millones de dólares con el robo y posterior venta de unos 3000 autos y camionetas de alta gama.
Memeco Galán, Jonathan Díaz, alias Jony; Lidia Núñez, conocida como Aldana, y Gonzalo Rico, apodado El Misio, eran los líderes y organizadores de “una asociación ilícita, con sus roles y acciones definidas, con el fin de cometer diversos delitos, entre ellos la adquisición de automóviles de procedencia ilícita; la adulteración de documento público del rubro automotor y el encubrimiento automotor con fines de lucro en todas sus modalidades”, según se desprende de una resolución de la jueza federal de San Martín Alicia Vence que, al subrogar el Juzgado Federal N°3 de Morón, procesó a 15 sospechosos.
En un informe del Ministerio de Seguridad bonaerense al que tuvo acceso LA NACION se explicó que “la organización criminal operaba en el conurbano, sustrayendo vehículos mediante la modalidad de robos violentos con uso de armas de fuego, mayormente en La Matanza, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Morón, Merlo y Moreno. Robaban diez por día y en lo que va del año se habrían apoderado de 3000 unidades de distintas marcas y modelos para luego enfriarlos en cocheras y/o depósitos situados en La Matanza y General Rodríguez, pagando los vehículos robados dependiendo de sus características, entre $1.200.000 y $1.500.000 los autos y $3.000.000 las camionetas. Con documentación apócrifa los trasladaban a Misiones para su desguace y/o su venta en agencias de autos o para cruzarlos a Paraguay, Bolivia y Brasil, donde los comercializarían en la frontera entre 5000 y 8000 dólares, según la marcas y el modelo”.
LA NACION
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