Millonario embargo a financistas por operar una cueva que vendió dólares a narcos

ROSARIO. Cinco financistas de esta ciudad, acusados de tener una cueva donde un narco cambió dinero, deberán hacer frente al millonario embargo que dictó el juez federal Carlos Vera Barros. Los empresarios tendrán que pagar en total de 3500 millones de pesos. Es una cifra inédita para una causa en la que fueron procesados por el delito de “intermediación financiera no autorizada”.

Patricio Carey, Fernando Vercesi, Teodoro Fracassi, Sergio Zapata e Ignacio de Cesari tenían una cueva financiera en el centro de Rosario. Cambiaban dólares de manera ilegal. Esta operación está prohibida, pero en la Argentina estos lugares se transformaron en entidades paralelas ante la imposibilidad de acceder libremente a comprar dólares. Pero ese no fue el único problema de Cofyrco, la financiera trucha –no estaba inscripta para operar en los registros del Banco Central-, sino que le cambiaron pesos y le entregaron unos 17.000 dólares a Marcelo “Coto” Medrano, un narco y exintegrante de la barra de Newell’s que fue asesinado en Granadero Baigorria en septiembre de 2020.

Estos cinco financistas fueron procesados por Vera Barros, y los fiscales Reynares Solari, Ignacio Argibay Molina y Javier Arzubi Calvo pidieron que el magistrado imponga embargos significativos contra estos jóvenes, que habían instalado esa cueva muy cerca de la Bolsa de Comercio de Rosario. Carey y Vercesi deberán pagar, cada uno, 1000 millones de pesos, mientras que para Fracassi, Zapata y De Cesari se fijaron embargos de 500 millones de pesos para cada imputado.

Este capítulo en el fuero federal tuvo un extenso prólogo en el Ministerio Público de la Acusación, que terminó con el envío de la causa al fuero federal por parte del juez Guillermo Llaudet Maza, que fue recusado por el fiscal Sebastián Narvaja, un pedido que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, que planteó disidencias fuertes con el accionar del funcionario del MPA, que había pedido la detención de Carey después de regresar del mundial de Qatar.

Llaudet Maza resolvió que la detención de Carey fue ilegal y envió el caso a la Justicia Federal al entender que no es de competencia ordinaria lo que se investiga. Narvaja planteó que era sospechosa la actuación del magistrado, que tomó la causa el 2 de enero de 2023 –en plena feria- pese a que había una jueza designada y aceptada por las partes y adoptó una decisión de fondo. Pero la Cámara le dio un tirón de orejas al fiscal y le cargó hacer frente a las costas del trámite.

El caso pasó a la Justicia Federal, donde ahora el juez Vera Barros procesó a los imputados por “intermediación financiera no autorizada”. Irán a juicio en libertad, con una acusación que prevé una condena que oscila entre uno y cuatro años de prisión. Es probable que nunca pisen un penal.

Este caso se transformó en una especie de mojón. Y mostraba que el circuito ilegal de la compra y venta de dólares también servía para que los narcos se proveyeran de “verdes” que luego usaban para comprar droga. En este caso no se siguió ese hilo, a diferencia de lo que ocurrió con el extitular de Terminal Puerto de Rosario Gustavo Shanahan, preso actualmente en un destacamento de la PSA en el aeropuerto de Rosario. En el entorno de Carey no lograban entender cómo una maniobra frecuente en la city rosarina había terminado con ese financista preso y convertido en un estigma del lavado de dinero narco.

Este caso se originó a partir del crimen de Coto Medrano, que empezaron a investigar los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En la pesquisa detectaron que Medrano había comprado 17.500 dólares horas antes de ser asesinado. Había adquirido esas divisas en Cofyrco, una financiera ubicada en pleno centro de Rosario, que tuvo un crecimiento frenético durante los últimos años.

En los allanamientos los agentes secuestraron 174 DNI en la financiera que se usaban para la compra de dólares. La adquisición de los billetes lo hacía otra cueva de calle San Lorenzo y Entre Ríos, que también fue allanada.

Medrano cargaba con una condena a seis años de prisión por narcotráfico en 2010 y otra en 2018 por tenencia ilegal de armas. Desde que salió de la cárcel en 2020 sabía que su cabeza tenía precio, según los investigadores. El móvil del crimen podría estar vinculado a esa relación que existe desde hace más de 20 años en torno a la barra de Newell’s y el narcotráfico.

En 2016, en la cancha las banderas rendían homenaje a los caídos, como la que colgaron del alambrado en honor a Matías Hernán Franchetti, conocido como Cuatrero, uno de los líderes de la barra que fue asesinado por dos sicarios en moto el 7 de junio 2016 en las inmediaciones de la puerta 6 del Coloso del Parque. En la Policía Federal tenían certezas de que Medrano fue clave en la ejecución de este hombre.

Como Coto, Cuatrero era un narco de estirpe, al llegar a ser uno de los “cadetes” de Patricio Gorosito, ex presidente de Real Arroyo Seco –el club fantasma y sin hinchas que compró Rosario Central en 2008– que junto con Carlos Salvatore (ambos fallecidos) eran los capos de Carbón Blanco, la banda que protagonizó las operaciones de contrabando más grandes de la historia.

En 2016, cuando Medrano llegó a liderar la barra, se tuvo que apartar porque se venía una guerra con Los Monos que pretendían tener la manija de la hinchada, una caja nada despreciable, siempre ligada al tráfico de drogas y sobre todo a la presencia territorial en los barrios de Rosario.

Un día después del crimen de Coto la sangre volvió a correr en Granadero Baigorria. Ezequiel Arrúa y Osvaldo Ibarra fueron ejecutados junto al paredón del cementerio de esa localidad vecina a Rosario.

El crimen de Medrano condujo a los investigadores a la financiera Cofyrco, pero también a un policía, ex amigo del barra, con el que tenía una disputa por el negocio narco. Ese efectivo es Gabriel Godoy, quien se sospecha que conducía la camioneta en la que se concretó el asesinato de Medrano.

Godoy fue absuelto en la causa por la desaparición de Paula Perassi, acusado en su momento como uno de los efectivos que habría colaborado en el encubrimiento de un hecho que se produjo hace 9 años y aún no arrojó resultados sobre la aparición del cuerpo de la mujer.

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