Muerte en la Quinta de Olivos: pidieron que vaya a juicio la banda que extorsionó e indujo al suicidio a un soldado
La investigación comenzó tras el fallecimiento de Rodrigo Gómez, un sargento del Ejército, que se pegó un tiro en el puesto de guardia
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Rodrigo Gómez, un sargento del Ejército argentino que se mató de un balazo en la cabeza cuando estaba de guardia en la quinta presidencial de Olivos, fue víctima de una banda de extorsionadores. Acorralado por las exigencias de los delincuentes, que no paraban de exigirle dinero para, supuestamente, “cajonear” una denuncia de la presunta madre de una adolescente de 17 años a la que había conocido en una aplicación de citas, el soldado decidió quitarse la vida. Ahora, la organización criminal estaba a punto de ir a juicio por instigar el suicidio.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el fiscal federal Federico Iuspa ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
Antes de tomar la decisión de quitarse la vida, Gómez de 21 años, sacó préstamos y pidió dinero a sus camaradas. Pero sus extorsionadores le exigían más. “No pude conseguir nada... Ya estoy jodido”, escribió a las 23.17 del 15 de diciembre pasado. Entre cuatro y cinco horas después se arrodilló, apoyó su fusil sobre su frente y efectuó un disparo “a boca de jarro”.
Gómez murió en el acto, convencido de que su extorsionador era un integrante de una fuerza de seguridad, pero en realidad eran delincuentes que estaban presos. El soldado llegó a hacer varias transferencias por 1.413.000 pesos a distintas cuentas.
“Ante la imposibilidad de conseguir el dinero (siendo que para ello Gómez no sólo recurrió a solicitar préstamos a sus compañeros, sino también a intentar obtenerlos mediante aplicaciones o sitios de otorgamientos de préstamos) y ante el temor de que cumplieran con el objeto de la extorsión (la exposición pública de su vida privada y/o su detención), entre las 4 y las 5 del 16 de diciembre pasado tomó la drástica decisión de terminar con su vida en el interior del puesto 9 ubicado en la esquina de la avenida Maipú y Malaver, dentro de la quinta presidencial de Olivos, en oportunidad en la que −en su condición de Soldado Voluntario del Ejército Nacional− se encontraba cumpliendo funciones de vigilancia de la seguridad personal del Presidente de la Nación”, había sostenido la jueza Arroyo Salgado cuando procesó con prisión preventiva a siete integrantes de la organización criminal.
Cuando extorsionaron a Gómez, los dos sindicados jefes de la banda, Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, estaban presos en la cárcel de Magdalena, y su cómplice, identificado como Kevin Sandoval, estaba alojado en la Unidad 26, situada en Olmos, La Plata, ambas cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Todo el plan criminal lo ejecutaron desde sus celdas con la utilización de teléfonos celulares.
Entonces, además de procesar a los sospechosos, la jueza Arroyo Salgado le envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que arbitre las medidas necesarias para que los internos en cárceles de la provincia de Buenos Aires dejen de tener acceso a los dispositivos móviles.
Los delincuentes, finalmente, fueron trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Además, la causa tiene cuatro mujeres procesadas con prisión preventiva. El representante pidió que los siete imputados vayan a juicio oral. Gómez no fue la única víctima. En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Iuspa hizo referencia a tres casos.
El segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue obligado a transferir 15.000 pesos a una cuenta de una billetera virtual vinculada con otra de las imputadas. Finalmente, entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima depositó un total de 116.000 pesos en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas.
“La circunstancia de que parte de la operatoria se hubiera desplegado desde un establecimiento carcelario, sumado a la utilización de la identidad de un funcionario policial real [le robaron la identidad a un oficial de la Policía de la Ciudad] y al desenlace fatal de una de las víctimas, robustece el grado de estructuración y la peligrosidad de la organización”, sostuvo el fiscal Iuspa en el requerimiento de elevación a juicio.
“Mi vida ya no es normal”
La serie de chats de WhatsApp donde quedó en evidencia el estado de desesperación que tenía el soldado Gómez comenzaron a las 11.42 del 15 de diciembre pasado, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION. Primero le escribió la supuesta madre de la joven a la que había conocido en la app.
“Ya estoy llegando a la comisaría, tengo las fotos que le mandaste y las conversaciones”, fue el texto que apareció ante los ojos de Gómez. Después recibió un mensaje de voz de un supuesto subteniente del “Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas” donde le pedía que se comunicara lo antes posible.
Luego recibió una fotografía de un supuesto policía en su puesto de trabajo y hubo una serie de llamadas. “No quiero tener problemas... ¿Qué puedo hacer? Sé que esto es muy grave. Ya sé que estoy en muchos problemas. Quiero solucionarlo todo”, fue la serie de mensajes que envió Gómez al supuesto policía entre las 16.53 y las 17.11 del 15 de diciembre pasado.
Después hubo una nueva llamada donde, se supone, le exigieron dinero. A las 17.33 Gómez envió un comprobante de una primera transferencia por 213.000 pesos.
Unos minutos después, avisó que había conseguido más dinero, 400.000 pesos. A las 17.51 preguntó: “¿Con esto es suficiente?”. Pero hubo más exigencias y con el paso de las horas Gómez comenzó a desesperarse. A las 18.32 transfirió 291.000 pesos y a las 18.38 envió otros $500.000.
“He podido conseguir unos 300 mil más y de ahí ya no puedo pedir más préstamo... No puedo pedir más préstamo a nadie... No sé si con eso suma con lo que ya le he pasado... Si me puede servir o me puede ayudar con eso porque ya... ya... ya estoy en la quiebra ya... literalmente”, dijo por mensaje Gómez a las 18.44.
Después siguieron los mensajes. “Listo...eso es todo lo que tengo... Ya no tengo más nada... Ni un peso... Nada más... Ya no tengo más... Estoy en la pobreza máxima ahora... Ya ni tengo para comer con esto”. Y agregó: “Ya aprendí la lección”.
Quiso conseguir más dinero ante la exigencia de sus extorsionadores. Pero no pudo.
“No pude conseguir nada... Ya estoy jodido”, escribió a las 23.17.
Pocos minutos después fue más dramático: “Mi vida ya no es más normal. Estoy mal, ya no sé qué hacer, estoy cansado y desesperado... Y de dónde sacaré la plata a estas horas de la noche... Yo ya estoy perdido”.
La última vez que Gómez escribió un WhatsApp fue a las 23.59. Respondió: “Bueno, hoy lo tendrás”, cuando su extorsionador le pidió que le pasara el comprobante cuando hiciera la transferencia.
De la investigación que permitió descubrir la extorsión de la que fue víctima el soldado Gómez participaron detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).
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