Murió bajo custodia hace 30 años y ahora indagarán a siete policías tras un fallo de la Corte Interamericana

Treinta años después de la muerte de José Delfín Acosta Martínez, la Justicia volverá a indagar a los policías que estuvieron involucrados en el procedimiento que derivó en la muerte del ciudadano uruguayo en una comisaría de Balvanera.

El juez Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, dispuso que siete agentes retirados de la Policía Federal Argentina sean interrogados por su presunta responsabilidad en el caso.

Las indagatorias se realizarán durante octubre próximo, a partir del pedido formulado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, responsable de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10.

Los imputados son el comisario inspector Horacio Raúl Bussetti, de 74 años; el comisario Claudio Oscar Cervera, de 62; el inspector Pedro Fabián Aguilar, de 59; el sargento primero Omar Justo Ojeda, de 64; el sargento Humberto Mario Echegaray, de 73; el cabo primero Marcelino Hugo Lezcano, de 67, y el subcomisario Alfredo Daniel González, de 63. Todos están retirados de la fuerza. Otro policía investigado, el sargento primero Domingo Alberto Oliva, murió en 2011.

Acosta Martínez, un ciudadano uruguayo, afrodescendiente y de 32 años, murió el 5 de abril de 1996 después de haber sido detenido y trasladado a la entonces Comisaría 5a. de la PFA, ubicada en el barrio de Balvanera. El procedimiento había comenzado horas antes, cuando personal policial fue enviado hasta las inmediaciones del local bailable Maluco Beleza, situado en Sarmiento al 1700, porque supuestamente había una persona armada.

Además de Acosta Martínez, en el lugar también fueron detenidos dos hermanos brasileños. Según la actual hipótesis fiscal, el procedimiento habría sido irregular y los tres hombres habrían sido privados ilegítimamente de su libertad en un contexto de discriminación racial.

Acosta fue llevado a la guardia interna de la dependencia, mientras que los dos hermanos fueron alojados en una celda. La versión policial de aquel momento sostuvo que el detenido estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, que había insultado a los efectivos y que luego se había desvestido y golpeado deliberadamente contra el piso mientras se encontraba esposado.

Un médico del SAME que llegó desde el Hospital Ramos Mejía constató que Acosta Martínez sufría convulsiones y ordenó su traslado. Sin embargo, el hombre murió durante el trayecto.

La primera investigación judicial concluyó que no había existido delito y fue archivada el 25 de abril de 1996. La familia apeló la decisión y, luego de una segunda autopsia realizada en Uruguay, consiguió que el expediente fuera reabierto en 1998. Sin embargo, dos años después la causa volvió a ser archivada bajo la hipótesis de que la muerte había sido consecuencia del consumo de alcohol y drogas y de lesiones que, según aquella reconstrucción, se habría provocado la propia víctima.

El expediente recorrió distintas instancias judiciales hasta llegar al sistema interamericano. En 2020, el Estado argentino reconoció su responsabilidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, por unanimidad, que el país había violado los derechos de Acosta Martínez. El tribunal internacional consideró arbitraria e ilegal su detención, enmarcada en un contexto de discriminación racial, y también responsabilizó al Estado por su muerte bajo custodia policial y por las deficiencias de la investigación posterior.

La nueva pesquisa incorporó elementos que ponen en duda la versión policial. La segunda autopsia detectó un traumatismo craneoencefálico y lesiones en distintas partes del cuerpo. A su vez, una Junta Médica concluyó que las lesiones en la región lumbar y temporoparietal bilateral no podían haber sido provocadas por la propia víctima ni ser consecuencia de las convulsiones.

Para la Procuvin, además, la reconstrucción realizada permite sostener que Acosta Martínez no estaba protagonizando una conducta que justificara su detención. La fiscalía especializada puso el foco en los testimonios que indicaban que el hombre había gritado: “Siempre se la agarran con los negros”, y consideró que su detención pudo haber estado determinada por su raza.

La hipótesis fiscal sostiene que las lesiones que terminaron siendo cocausales de la muerte fueron provocadas durante el arresto de Acosta. Según el dictamen, los golpes habrían sido aplicados durante la maniobra de sujeción y el resto de los policías presentes no habría intervenido para impedirlos.

Los investigadores también sospechan que, después de la muerte, los efectivos involucrados construyeron una misma versión para explicar las lesiones y sostener que habían sido autoinfligidas, algo que les quitaba responsabilidad en el trágico desenlace.

LA NACION

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