De Nigeria a la Argentina: un clan internacional de estafadores usó parte de su botín para financiar actividades terroristas

Entre ellos hablaban en igbo, lengua que usan 60 millones de personas en Nigeria. Pero podían comunicarse perfectamente en el idioma de sus víctimas. Habían perfeccionado un método que les permitía encontrar en las redes sociales –sobre todo, en apps de citas– a personas vulnerables o influenciables. Creaban personajes y los investían de pasados e historias trágicas o heroicas. Podían ser médicos abnegados, científicos a punto de un descubrimiento crucial para la humanidad o veteranos de guerra. Generaban intimidad y confianza, enamoraban a sus incautas presas. Y lograban que les dieran dinero, mucho dinero. Esta organización transnacional hizo una fortuna con este truco. Incluso en la Argentina. Y buena parte la destinaron a financiar actividades terroristas y de narcotráfico.

Una vez que los investigadores lograron traducir del igbo la charla que dos sospechosos ya no tuvieron ninguna duda de que estaban tras la pista correcta: “Siempre le envío los recibos completos. No hay nada que no hayamos hecho y que él no tenga el recibo completo. ¿Tú entiendes? Todos los recibos de todas las transacciones de estafas. Lo que yo, lo que nosotros, lo que todos hacemos aquí”, afirmó a su interlocutor Higi, uno de los integrantes de una organización cibercriminal transnacional que, con aceitadas estafas con miles de damnificados, habrían conseguido alzarse con un botín de 8 millones de dólares.

Con ese método reiterado, pero en el que eran muy efectivos, valiéndose de lo que en el cibercrimen se conoce como “técnica de ingeniería social”, usada por los delincuentes para encontrar los puntos débiles de sus interlocutores y abrir brechas para ganar su confianza y timarlos, se alzaron con una fortuna. Ese dinero les permite, además de obtener réditos personales a los miembros de la organización, replicar la actividad criminal primaria.

Pero esos fondos malhabidos también han sido utilizados para financiar actividades de terrorismo y narcotráfico en todo el mundo, según informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales.

En los últimos días, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a 17 sospechosos de varias nacionalidades: nigeriana, haitiana, paraguaya y argentina. En los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras y 1.200.000 dólares apócrifos.

Según informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales, los imputados ya fueron indagados por el juez Manuel de Campos, que está a cargo de la vasta investigación. La denominada Operación Internacional Jackal es la tercera etapa de una pesquisa que comenzó en 2021 y tiene 75 imputados.

En las grietas de la web

La organización criminal captaba a sus víctimas en Facebook y Twitter o en Tinder. La farsa comenzaba con un primer contacto donde un delincuente creaba un personaje que, con el correr de los mensajes, le hacía creer a su “presa” que se había enamorado. Cuando había generado una intimidad y confianza suficientes, le pedía una transferencia de dinero para resolver un problema urgente. Aunque parezca mentira, muchas personas cayeron en la trampa.

La banda está liderada por Obinna Chukwuemeka Ejikeme, un nigeriano conocido como Bobby, que logró escapar de la Argentina antes de que lo ubicaran. Se cree que está en Lagos, la ciudad mas poblada de Nigeria, la segunda más populosa de África.

En esta tercera etapa de la investigación, los detectives de la PFA tuvieron la colaboración de agentes del FBI de los Estados Unidos y de personal de la Policía Nacional de España, quienes aportaron información y la localización de cuentas en el extranjero y datos de otras células de origen nigeriano que operan en distintas partes del mundo, conocidas como Black Axe.

“Esta organización criminal es liderada por delincuentes nigerianos que reclutaban a venezolanos y colombianos para cometer estafas y extorsiones a empresas y personas incautas que caían en sus trampas”, explicaron fuentes de la PFA.

“Esta investigación sirve para observar y comprobar las severas consecuencias causadas por el crimen organizado, sea porque, al contar con mayores recursos, pudo afectar a un mayor número de personas, o porque –a partir de aquellos y del producido del propio delito– consiguió expandirse a gran velocidad, generando serias dificultades para que, desde el propio estado de derecho se le imponga un límite y se lo reprima”, sostuvo el juez De Campos en un fallo del año pasado, cuando procesó a 32 sospechosos.

Fuentes judiciales destacaron el trabajo hecho por los detectives de la División Delitos Tecnológicos del Departamento Ciberdelito y de los especialistas de División Lavado de Activos, áreas que dependen de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a cargo del comisario general Alejandro Ñamandú.

Fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que la investigación no terminó y que en las siguientes etapas tendrán como finalidad “la desarticulación total de la organización”.

Uno de los próximos objetivos es detener a Higi, el sospechoso al que lograron intervenirle la línea telefónica, pero todavía no pudieron arrestarlo. Tiene pedido de captura nacional e internacional.

Las víctimas

La investigación comenzó a principios de 2019, tras la denuncia de un empresario estafado.

“Esta organización criminal tenía por finalidad y objeto, al menos en parte, la comisión de un número indeterminado de hechos delictivos de contenido patrimonial. Los estafadores [generaron] engaños por medios electrónicos o con el uso de estos, a personas que contactaron –previo haber ejercido tareas de inteligencia y/o de ingeniería social por redes sociales, correos electrónicos u otros sistemas de mensajería electrónica como WhatsApp–. Las víctimas, luego de creer esas historias y también que estos usuarios eran personas que existían y con las que se vinculaban de algún modo –sea por amistad, romance, por una posible relación comercial o solidaridad–, les efectuaban como producto del engaño transferencias o giros internacionales de dinero que no tenían el destino ni la situación marco que les habían comentado”, detalló el juez en su resolución.

“Para las estafas, los sospechosos buscaban, en su mayoría, mujeres de entre 45 y 55 años. Pero también cayeron hombres en la trampa”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial al tanto de la investigación.

Hubo estafadores que se hicieron pasar por periodistas y por médicos cirujanos. Pero las “profesiones” más elegidas para engañar a las víctimas fueron las historias de militares de los Estados Unidos en misiones en Kabul, Afganistán, que pensaban venir a vivir a la Argentina después de retirarse.

A una víctima, A., la contactaron por Tinder. Un integrante de la banda se hizo pasar por un ingeniero civil norteamericano. Su relato era que lo habían contratado para hacer un puente, trabajo por el que le iban a pagar 10 millones de dólares.

En pleno intercambio de mensajes románticos, el falso ingeniero le dijo a A. que habían bloqueado sus cuentas bancarias y le pidió ayuda. Se comprometió a devolverle el dinero cuando viajara a la Argentina. A. transfirió 1.188.000 pesos a los estafadores. Cuando advirtió el engaño, ya era tarde.

Las víctimas no lo sabían, pero su dinero era transferido a cuentas de otras personas, “mulas” contratadas por la organización que recibían una comisión por prestar su CBU. La red de cuentas y retransferencias para perder el rastro de los fondos es enorme, según los investigadores.