Otras células de reclutamiento operan en nuestro país y ya llevaron a más de 50 argentinos a combatir en Ucrania

En los últimos años, la Argentina se convirtió en base de operaciones para organizaciones que reclutan mercenarios para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. Los dos imputados por integrar una banda que llevaba exintegrantes de fuerzas de seguridad, exmilitares, aventureros o necesitados para pelear en el conflicto armado que comenzó en 2022 constituyen el último eslabón de la cadena que tiene el otro extremo en Europa oriental.

Según fuentes policiales y judiciales, en nuestro país operan varios grupos que buscan mercenarios para formar parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Hasta el momento, esas células habrían llevado, al menos, a 50 argentinos para combatir en la guerra. Dichos mercenarios habrían viajado a Ucrania en tres tandas durante los últimos nueve meses. Actualmente se estima que habría uno o dos contingentes de combatientes reclutados por esta organización en territorio ucraniano. Otro de los grupos regresó después de pasar entre cinco y seis meses en la zona de guerra.

Durante la investigación encarada por el Ministerio Público de la Nación, se determinó que los acusados reclutaban a los mercenarios con la promesa de pagarles US$ 3000 para combatir en la guerra. El engaño se completaba con la mentira de que tenían contratado un seguro de US$ 400.000 que recibirían sus familiares en caso de que cayeran en combate. Todo falso, con un agravante, al llegar a Ucrania los reclutadores locales les retenían los pasaportes.

En los casi cuatro meses de pesquisa, los funcionarios judiciales y policiales no hallaron ningún caso en el que un combatiente recibiera los US$ 3000 prometidos. Al llegar a Ucrania, les pagaron US$ 600, nada más.

A partir de la investigación encarada por la División Antisecuestros de la Policía Federal que derivó en la detención de la expolicía bonaerense Griselda Inés Ortiz, acusada de reclutar a los combatientes argentinos mediante engaños, se determinó que también existen otros grupos que actúan en nuestro país y que mandan mercenarios a la guerra.

Tanto González, como su pareja, el expolicía federal Jorge Otero, más conocido por su nombre de guerra “sargento Trembo”, estuvieron en territorio ucraniano, en el campo de batalla contra el contra el ejército ruso. La pareja publicó fotos en redes sociales con uniforme militar en el teatro de operaciones europeo.

En las últimas horas, Ortiz, que en el campo de batalla se desempeñó como integrante del grupo que hacía primeros auxilios, se negó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. La expolicía bonaerense prefirió mantenerse en silencio. Cuando le preguntaron de qué vivía, la acusada respondió: “De lo que me pasan mis hijos”. Nada explicó sobre si cobraba un retiro de parte de la fuerza de seguridad provincial.

Tampoco dijo nada de su pareja, el expolicía Otero, que abandonó el país el 29 de junio pasado, con destino a Brasil. Ni se refirió a las cuentas en criptomonedas y billeteras virtuales que figurarían a nombre de la pareja. Si bien no cuentan con saldos importantes, la Justicia Federal dispuso la inmovilización de los fondos de esas cuentas.

Por ejemplo, Ortiz percibía casi US$ 400 dólares mensuales por reclutar a los combatientes. Según fuentes oficiales, ella viajó en una sola oportunidad a Ucrania, el año pasado. Mientras que Otero, estuvo en varias ocasiones en Ucrania. Del “sargento Trembo” se pudo saber que ingresó en la Policía Federal y llegó a cabo, pidió la baja de esa fuerza de seguridad en 2017. Pasó a la Policía de la Ciudad, donde solicitó la baja de servicio al año siguiente, sin que se le conociera ninguna investigación penal en su contra.

Actualmente está prófugo y con pedido de captura internacional. Tanto Ortiz como Otero fueron acusados del delito de reclutamiento que figura en el artículo 145 del Código Penal, que castiga con penas de 5 a 10 años a aquellos que “ofrecieren, capten, trasladen, reciban o alojen a personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como o desde o hacía otros países aunque mediare el consentimiento de la víctima”. Y se específica en uno de los puntos de ese artículo que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero”.

En el caso de la célula desbaratada en las últimas horas, se consideró la figura penal más grave debido a la pluralidad de víctimas.

La investigación estuvo a cargo del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola y de los fiscales Alejandra Mágano y Marcelo Colombo, responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Según se informó en el página oficial del Ministerio Público Fiscal, en abril de este año, los fiscales Colombo y Mángano habían puesto en conocimiento a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Redtram) de las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania para intervenir en el conflicto armado entre ese país y la Federación de Rusia. Además, habían puesto el foco en la necesidad de adoptar medidas tempranas orientadas a la adecuada detección, prevención y abordaje interinstitucional de este tipo de modalidad delictiva, con el fin de propiciar el intercambio de información relevante entre los organismos que la integran.

Allí explicaron que el fenómeno presentaba “indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles (en muchos casos exmilitares o exfuerzas de seguridad), coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje bajo modalidad solo de ida hacia países limítrofes del conflicto bélico”.

Los fiscales advirtieron también que existían patrones consistentes en “la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso en los términos de la normativa nacional e internacional sobre trata de personas”.

“En este sentido, la dinámica observada -que incluiría la captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, promesas de retribuciones económicas, cobertura de gastos de traslado, incumplimiento de las condiciones prometidas por los reclutadores y la intervención activa de las presuntas víctimas en el conflicto armado - podría configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, especialmente bajo esquemas de endeudamiento o coerción en contexto de conflicto armado”, explicaron.

La investigación que derivó en el desbaratamiento de la banda integrada por los expolicías Ortíz y Otero, comenzó el 29 de marzo pasado, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con aplicación del protocolo Redtram, advirtieron que había cuatro pasajeros que intentaban abordar un vuelo desde Ezeiza con destino a Estambul, en Turquía, mostraron conductas compatibles con víctimas de trata de personas.

Esos patrones de conductas incluían la falta del pasaje de regreso, falta de dinero para solventar gastos en el destino, desconocimiento de quién les pagaba el viaje y del nombre de la persona que los recibiría en Europa.

En ese momento, los cuatro ciudadanos argentinos, considerados como víctimas de la organización, fueron derivados a dependencias de la PSA donde los interrogaron. Al mismo tiempo, los efectivos de la fuerza federal de seguridad solicitaron autorización judicial para prohibir que abordaran el avión.

Durante la conversación con los detectives de la PSA, las víctimas manifestaron que los habían contratado para realizar tareas de construcción en Zaporiyia, la ciudad de Ucrania severamente dañada por los ataques, donde funciona la mayor central nuclear de ese país.

Ante cada respuesta contradictoria de las víctimas/testigos, los efectivos de la PSA intensificaron el interrogatorio hasta que uno de ellos dijo que, en realidad, los habían reclutado como soldados de fortuna para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Debido a que el reclutamiento es un delito contemplado en el Código Penal, porque la potestad de convocar a integrar las Fuerzas Armadas es únicamente del Estado, la Justicia Federal de Lomas de Zamora inició un sumario.

Como el reclutamiento también constituye una forma de trata personas, también intervino la Protex. A medida que se profundizó la pesquisa se determinó que las víctimas eran captadas en el interior del país. Preferentemente, la organización pedía que tuvieran alguna instrucción militar o que se hubieran desempeñado en alguna fuerza de seguridad. Aunque ese requisito no era excluyente.

Cuando las víctimas preguntaban sobre las condiciones de la oferta, la pareja acusada sugería abandonar las redes en redes sociales y continuar la charla para aportar más detalles a través de plataformas de mensajería digital encriptadas.

Según se determinó en la investigación, cuando las víctimas aceptaban la propuesta laboral viajaban a Buenos Aires, se alojaban en un hotel del microcentro, donde los acusados le daban la última charla y les hacían firmar un contrato.

Las víctimas ignoraban las condiciones del documento que rubricaron debido a que estaba en idioma ucraniano. Después de pasar una noche en ese hotel, eran trasladados a Ezeiza para abordar el vuelo rumbo a Estambul, primero; desde allí seguían por avión a Chisinau, en Moldavia y luego por tierra, hasta Ucrania.

A partir de la reconstrucción realizada por los investigadores judiciales y policiales se determinó que, cuando las víctimas llegaban a territorio ucraniano los otros integrantes de la organización les sacaban los pasaportes y los celulares y los llevaban a un campo de instrucción donde recibían entrenamiento militar.

El contrato que las víctimas firmaron era por tres años aunque se podía rescindir a los cinco meses. Con respecto a las funciones que debían realizar, variaban desde custodiar un arsenal, trabajar en la cadena de abastecimiento o servir como especialista en primeros auxilios en el frente.

Una de las sospechas que abonó la existencia de una red de reclutamiento y trata de personas fue que, la noche de hotel en el microcentro porteño y los pasajes aéreos, fueron pagados a través de una aplicación que permite el anonimato del que abona esos gastos.

Esa situación se repite con las billeteras virtuales desde la que se hicieron transferencias de dinero para Ortiz y Otero. Aunque una pista apunta a que la ruta del dinero tiene un origen: Ucrania.

Por Gustavo Carabajal

• Guerra en Ucrania

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