Pedir justicia, el inicio de otro calvario para las víctimas de la violencia de género

"Fue de terror. Pocas veces escuché un testimonio tan descarnado de una mujer: el hermano la quiso matar a golpes y cuchillazos, le sumergía la cabeza en un tacho con agua... Ella es de San Fernando; le dieron mi teléfono y pudimos salvarla. Pero cuando iniciamos el proceso de denuncia para su protección comenzó otro calvario". Así lo afirma Marisa Ricordi, una de las tantas personas comprometidas con las mujeres que sufren violencia en la actualidad. Mientras relata el caso de Oriana P., una de las experiencias que enfrentó como acompañante de víctimas de este flagelo, se advierten su consternación y el sufrimiento que le provoca su propio relato.

En la Argentina una mujer es asesinada cada 23 horas, según las últimas estadísticas de "Ahora que sí nos ven", observatorio de violencia de género. Destacan que durante la cuarentena, desde el 20 de marzo hasta el 10 de este mes, fecha del último cómputo, hubo 49 femicidios; casi el 70%, a manos de parejas o exparejas de las víctimas.

Ricordi, que es jubilada, consultora psicológica y desarrolla ad honorem, como lo exige la ley, su rol de asistente protectora para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, detalla las trabas burocráticas que enfrenta cuando asiste a una víctima: "Después de que a Oriana su hermano intentó asesinarla, enseguida comenzó lo que llamamos la 'ruta crítica' de quien se atreve a denunciar. Fuimos al Juzgado de Familia Nº 1 de San Isidro, donde le correspondía tramitar la exclusión del hogar de su victimario. Estaba cerrado por ser el día del Santo Patrono, sin atención de guardia. La Fiscalía de San Fernando tampoco trabajaba. En la DDI de San Isidro nos atendieron bien, pero sin poder resguardarla por falta de orden judicial. Pedimos ayuda en la Comisaría de la Mujer de San Fernando, pero aún no estaba inaugurada. Ese fin de semana ella quedó desprotegida, durmiendo en la misma casa que su agresor".

Ambas pensaron que al otro día todo se encaminaría. Pero no fue así: "Estuvimos nueve horas dando vueltas -amplía Marisa-: Fiscalía de San Fernando, Juzgado de Familia, Área de Género y Diversidad Sexual, hospital y policía. Cada espacio, plagado de impedimentos, incongruencias, desestimaciones de relatos, falta de recursos, imposibilidad de entregarle un botón antipánico y de asistirla psicológicamente, sin que le pudieran dar un sitio para alojarse hasta que se excluyera al victimario del hogar. '¿No tenés otro lugar adonde ir a vivir?', llegamos a escuchar como propuesta de solución para una persona muy humilde, que con esfuerzo estudia para superarse".

"No nos maten"

Iris Gallardo, militante feminista, también forma parte de una red, de alcance nacional, de voluntarias que asisten a víctimas. Conmovida con el relato de su colega, cuenta: "Recuerdo un caso terrorífico, el de María Angélica Andrada, de José León Suárez. Tenía 19 años; la encontraron ahorcada. La hermana, embarazada de 7 meses, quiso hacer la denuncia en la comisaría de su barrio y no se la tomaron. ¿Qué recibió como respuesta? 'Es adicta', como si eso, incluso si hubiese sido verdad, resultara un impedimento. La gente muchas veces se asusta y desiste; ahí apoyamos nosotras para que el caso no quede impune".

Gallardo es empleada municipal, pertenece al gremio de ATE y por su tarea humanitaria tampoco percibe ingreso alguno: "El objetivo es salvar vidas, que no nos maten. Hace pocos días 12 mujeres nos movilizamos, respetando las condiciones que nos impone la cuarentena, para ayudar a una madre de tres hijos que había sido brutalmente golpeada por su pareja. Nuestro trabajo es invisible, somos muchas las que, tratando de superar trabas burocráticas en la Justicia y comisarías, acompañamos a quienes padecen violencia de género, el delito que más aumentó durante el aislamiento. Lo positivo es que ahora tenemos el Ministerio de la Mujer, que nos ayudó a resolver casos, y en la provincia resultó de gran ayuda, ya que se creó la figura de promotoras contra la violencia de género: eso es ver materializado un sueño".

Su hija, Lara Domínguez, también está comprometida con esta labor, que implica salvar vidas. Es promotora territorial en violencia de género y salud sexual en el partido de San Martín y asiste principalmente a jóvenes que consultan por golpes, lesiones y violaciones.

"El problema es la falta de información en nuestras capacitaciones, en especial cuando se trata de abusos de menores, sumado a que el presupuesto es inexistente para acompañar a las víctimas; tenemos que sacar de nuestro bolsillo para cargar la SUBE, no llegan los recursos, y además somos pocas, ocho para una población de medio millón de habitantes", explica.

Revictimizar a la víctima

Marisa suma otro caso testigo: "El año pasado una joven, madre de tres chicos, pidió ayuda porque el marido los golpeaba. Vivían en la Capital, escaparon hacia Pilar y el agresor los persiguió hasta encontrarlos y volvió a ejercer violencia. Fue indignante comprobar que la joven no era notificada, según la ley de víctimas, de las acciones que se tomaban con su victimario. Llegábamos a la Fiscalía de Género de Pilar o a los tribunales porteños, y nos informaban con liviandad que esa persona había sido citada el mismo día y a la misma hora. Varias veces debimos salir corriendo para resguardarnos. En la Dirección de Género, Niñez y Diversidad Sexual de Pilar, mis reclamos por ayuda social y psicológica eran continuos por falta de respuestas. Mi tarea me permite recorrer y ver irregularidades en distintos distritos: hace un par de años también presenté una denuncia porque en un refugio de la Capital donde daban un taller de danzaterapia me crucé con una persona con convulsiones, pedí que llamaran al SAME y me ignoraron".

Iris aporta detalles de un caso escalofriante que todavía padece otra persona a la que asistió: "A Marisa N. la pareja la golpeaba, a ella y a los hijos, uno de ellos, discapacitado; la amenazaba con un cuchillo para que le hiciera sexo oral, la violó el día posterior a que la operaran de la vesícula y otras aberraciones más. Él fue condenado, está preso, pero ella supo que lo están por liberar antes de cumplir la sentencia. La acompañé al juzgado de San Martín y a la fiscalía, pero en todos lados se la sacan de encima, nadie le da respuestas. Está a punto de conseguir un arma por si se le aparece, se cansó de que la ignoraran, con los peligros que ello implica".

Y cierra con dos ejemplos más: "A través de nuestro grupo de voluntarias recibí un mensaje de una chica de San Justo con un marido narco, violento, armado, que la amenazaba de muerte. Armamos una red de contención, la fuimos a buscar, la ubicamos en una vivienda, cambió de domicilio y se salvó. En la Justicia le decían que descargara en su teléfono la aplicación para víctimas. No saben que las mujeres en los barrios populares no tienen dinero para cargar datos en sus aparatos, tampoco para pagar abogados, y además sus parejas, cuando ejercen violencia, lo primero que hacen es arrebatarles el celular para que no se comuniquen para defenderse. Estas y otras realidades se desconocen en comisarías, juzgados y fiscalías, donde en muchos casos revictimizan a las víctimas".