Piden condenas de hasta 20 años para seis acusados de secuestros extorsivos contra empresarios y familias
Seis personas de la provincia de Buenos Aires eran parte de una banda, que tendría vínculos con los servicios de inteligencia
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- El dilema que asomaba en Rosario en plena ola de violencia narco era el peligro que se sumara otro problema, que iba a generar pánico en el ambiente empresario, que no estaba ajeno a lo que sucedía en la ciudad. Los Monos habían intentado infructuosamente iniciar un emprendimiento criminal con secuestros extorsivos dentro del ambiente narco, pero la logística que debía ponerse en marcha para ese tipo de delitos era más sofisticada que la violencia extrema y cruda que solo el clan Cantero sabía aplicar contra sus víctimas.
Profesionales de esa rama delictiva, por fuera del mundo narco, observaron que Rosario reunía condiciones para llevar adelante este tipo de delitos, que generan conmoción, pero requieren una planificación extrema. El miedo, que es un combustible ideal, ya existía a causa de la violencia narco. Una organización del norte de Buenos Aires, con la sospecha de que tenía contactos con los servicios de inteligencia, sacó provecho de este contexto y empezó a tejer estrategias para raptar gente que tenía capacidad económica para pagar.
En el juicio que se lleva adelante contra seis personas acusadas de llevar adelante tres secuestros en Rosario, el fiscal general Federico Reynares Solari pidió penas de hasta 20 años de prisión para los imputados que llegaron a juicio acusados de integrar una banda que entre 2021 y 2023 cometió secuestros extorsivos contra empresarios y sus familiares como blancos. Los acusados que están en el banquillo son: Claudio Daniel Coto, jefe de la asociación ilícita; Néstor Adrián Santabaya, Emiliano Mario Andrés Acuña, Sebastián Ezequiel Pugliese, Silvia Beatriz López, Nicolás Adrián Santabaya. También enfrentarán el decomiso de bienes, vehículos, armas y dinero secuestrado durante la investigación, al considerar que provienen de la actividad criminal.
Estos secuestros se produjeron entre julio de 2021 y diciembre de 2023, cuando esta banda planificó y ejecutó secuestros extorsivos, amenazas y extorsiones en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás, con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”: selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio, vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.
“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, sostuvo en el alegato Reynares Solari.
Coto, de 63 años, era quien manejaba la estrategia general y utilizaba identidades falsas para camuflar la autoría de los delitos perpetrados. Según la fiscalía, su segundo en la cadena de mando era el mecánico Néstor Adrián Santabaya, de 61 años, definido por los investigadores como “jefe operativo”.
En un rol de “soldados” o mano armada, los fiscales mencionaron a Emiliano Mario Andrés Acuña (de 38 años, y quien se identificó en la causa como “animador de eventos infantiles”) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese, de 47 años. Mientras que Silvia Beatriz López, de 44 años, actuaba en las tareas de inteligencia y logística, y Nicolás Adrián Santabaya (de 32 años, hijo del mecánico) colaboraba en funciones de apoyo.
“Estos hechos no son aislados: son la expresión de una criminalidad organizada que puso en riesgo la vida y la libertad de ciudadanos comunes con el único objetivo de enriquecerse”, afirmaron Reynares Solari, Romero y Sosa ante el tribunal, al cerrar un alegato en el que sostuvieron que la Justicia no solo debe identificar y condenar a los responsables, sino también desarticular la estructura económica de estas organizaciones.
El primero de los hechos que llegó a este juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 en la ciudad bonaerense de Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario, quien fue secuestrado cuando circulaba en una camioneta por un camino de tierra y se montó un falso operativo policial que incluyó vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
El hombre fue trasladado hasta una casa en San Nicolás. Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con un familiar de la víctima y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían US$1.000.000 de rescate.
El familiar comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que, al día siguiente, cuando acordaron el pago de US$580.000. Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda, donde por la noche un motociclista pasó a retirar el dinero.
“Estos hechos no son improvisados, son la muestra de una criminalidad organizada que puso en riesgo la vida y la libertad de ciudadanos comunes con el único fin de enriquecerse”, afirmaron los fiscales en el alegato.
Los delincuentes se comunicaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero de 2023, para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N°9 de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario.
El segundo y tercero de los secuestros, uno en tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y el hijo adolescente de un empresario rosarino.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera del edificio de Rosario donde residen para subirse a su auto. En ese marco, los imputados intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se vio frustrada porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron.
El 10 de octubre siguiente a las 6.44, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.
Según la investigación, los captores trasladaron a las víctimas al Barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio en una habitación. El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y que, a cambio de su liberación, exigían US$3.000.000.
Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante un bolso con celulares. Sin que se pagara rescate, la mujer y su hijo fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido de San Nicolás. Lo llamativo de este caso es que la casa utilizada para alojar a los secuestrados fue un inmueble en San Nicolás que ocupaba con anterioridad el juez federal Carlos Villafuerte Ruso.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de $530.000.000 a una financiera del microcentro porteño, y que apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús.
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